Panamá Papers: sigue el juicio del polémico caso que involucró a Macri

En 2016 la firma de abogados Mossack Fonseca fue el centro del escándalo de los Panamá Papers, una amplia red de evasión fiscal y lavado de dinero que involucró a políticos, famosos, empresarios, entre ellos a Mauricio Macri. Ayer se dio inicio al juicio que se extenderá hasta el 26 de abril y uno de los principales socios del bufete panameño y otros exdirectores dieron su testimonio por el presunto delito que tuvo alcance mundial.

«No soy responsable de tales actos», respondió el abogado panameño Juergen Mossack a una pregunta de la jueza del caso y los mismo hicieron otros acusados en el proceso. Ramón Fonseca, el otro socio de la firma Mossack-Fonseca, no se presentó y tampoco seguió la audiencia en línea debido a que, según su defensa, estaba recluido en un hospital.

Los «Panama Papers» golpearon duramente la imagen del país centroamericano que ya lidiaba con cuestionamientos internacionales al considerárselo un paraíso fiscal.

A pesar de que el juicio se postergó en varias ocasiones, la justicia panameña finalmente programó la audiencia que tiene 27 imputados, entre ellos a abogados y exrepresentantes de la firma dentro y fuera de Panamá.

Inicialmente, el Ministerio Público había pedido el llamamiento a juicio de 44 personas, pero ese número se redujo luego de darse sobreseimiento y decretarse la extinción de la acción penal a varias de ellas en un caso en el que también se aprehendieron inmuebles valuados en alrededor de cuatro millones de dólares.

¿Qué reveló la investigación?

Las investigaciones comenzaron inmediatamente después de la publicación de 11 millones de documentos financieros secretos de la firma Mossack-Fonseca que ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros oscuros.

La investigación fue llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación  (ICIJ) y los resultados tuvieron gran repercusión a lo largo del mundo.

Fue una investigación voluminosa y de varios años que tuvo que ver con el papel que jugaron los socios, abogados y exdirectivos de la firma en la creación de sociedades en ultramar que se utilizaron presuntamente para ocultar, transferir y o mover dinero ilícito utilizando el sistema financiero panameño por parte de empresas en países como Alemania, Brasil y Argentina, adonde los fiscales panameños viajaron en busca de colaboración.

En la lectura del auto de llamamiento a juicio, que ocupó las primeras horas del proceso, se mencionó el caso Siemens, la empresa alemana de electro ingeniería que supuestamente montó un sistema de cajas negras para repartir sobornos a cambio de contratos. Además, se hizo referencia a uno de sus exdirectivos, Hans-Joachim Kohlsdorf, a quien se lo relaciona con la posible malversación de dos millones transferidos a Suiza y del uso de sociedades creadas por Mossack-Fonseca para las transferencias.

Mossack-Fonseca también fue señalada de haber facilitado la creación de sociedades anónimas para mover fondos para el pago de sobornos relacionados con el caso Lava Jato (considerado la mayor trama de corrupción de Brasil), y otras que se usaron supuestamente para el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El estudio de abogados tenía oficinas en una decena de países y cerró sus puertas en marzo de 2018 por falta de liquidez y de clientes. También rechazó que se lo investigara en Panamá al argumentar que la firma fue víctima de un ataque cibernético de escala mundial y que la información «robada» y divulgada tergiversó la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales.

Al llegar al tribunal donde se celebró el juicio, el abogado Mossack, de 76 años, aseguró que era muy optimista. «Si hay justicia de verdad, salimos bien librados», expresó.

Las repercusiones de las filtraciones fueron de gran alcance. Provocaron la dimisión del primer ministro de Islandia y pusieron en tela de juicio a los dirigentes de Argentina y Ucrania, a varios políticos chinos y al presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.

Fiscales estadounidenses también han acusado que el despacho jurídico Mossack-Fonseca conspiró para evadir las leyes de Estados Unidos a fin de mantener la riqueza de sus clientes y ocultar dinero adeudado al Servicio Interno de Impuestos. También aseguran que el amaño data del año 2000 e involucra fundaciones falsas y empresas fantasma en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.

Fonseca por su parte dijo que el despacho no tenía control sobre la forma en que sus millares de clientes pudieran utilizar las herramientas offshore —empresas registradas en una jurisdicción extraterritorial— que fueron creadas para ellos.

Con información de AP