Pablo Barreno denunció al ministro Jorge Stopiello por el delito de calumnias e injurias

Pablo Barreno y Jorge Stopiello acordaron una mediación privada tras una audiencia de conciliación de delitos, encabezada por el juez Juan Pedro Puntel y que se realizó esta semana en los tribunales de la capital provincial.

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El acuerdo llegó luego de la denuncia del legislador contra el actual ministro de Trabajo por los delitos de calumnias e injurias «en los términos y alcances de los artículos 109 y 110 del Código Penal».

El año pasado Barreno presentó un proyecto en la Legislatura provincial (68/2022) para reformar la ley 5255 con la intención de incorporar a las Asociaciones Sindicales como colaboradores obligatorios del control de las condiciones de trabajo en las inspecciones que debe realizar el Ministerio de Trabajo de la provincia y consignó como antecedentes la tarea de la cartera laboral durante la pandemia.

Como parte del tratamiento del proyecto la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura requirió la opinión del titular de Trabajo quien, mediante una nota del 22 de diciembre del pasado año, consideró que la modificación propuesta no era necesaria, que no hubo inacción del Ministerio de Trabajo y expresó que hubo «una mera violación, por parte del dirigente de Sitrajur, autor del proyecto, del art. 205 del Código Penal dentro de un contexto de extrema crisis sanitaria que se estaba viviendo en ese momento en plena pandemia».

Así, el ministro recordaba la causa judicial contra el legislador y dirigente gremial por el supuesto delito de violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que había dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional, y que mereció una denuncia de Liliana Piccinini, por entonces presidenta del Superior Tribunal de Justicia, ante el Procurador General, Jorge Crespo.

Aquella parte de la respuesta fue clave para que Barreno denunciara a Stopiello por el delito de calumnias e injurias porque al momento de la respuesta del funcionario provincial (en diciembre de 2022) la causa judicial contra el legislador había sido rechazada por dos jueces, el Tribunal de Impugnación se había «declarado incompetente» y el Ministerio Público Fiscal había decidido su archivo hacía ya un año y medio (abril de 2021).

En la presentación judicial Barreno, patrocinado por los abogados Diego Sacchetti y Franco Paniz; dejó en claro que «hay una ostensible falsedad de la imputación, toda vez que el hecho imputado no existió».

El legislador siempre se mantuvo inflexible desde el inicio de aquella acción penal de 2020. No aceptó un criterio de oportunidad, que sí aceptaron otros dirigentes; definió la formulación de cargos como «una persecución política y gremial» y luego celebró cada uno de los rechazos judiciales que tuvo la causa hasta el envío final al archivo. Ahora, a través de la mediación privada, espera que Stopiello reconozca su delito y realice la reparación correspondiente.