Otra derrota judicial para el juez laboral de Viedma acusado de demorar sentencias
El camarista Gustavo Guerra Labayén presentó un recurso en queja ante el Superior Tribunal de Justicia que fue rechazado. Semanas atrás se le dio intervención al Procurador para determinar si avanza con el juicio político en su contra.
Gustavo Guerra Labayén, juez laboral de Viedma
El juez laboral acusado de demorar sentencias en Viedma recibió un nuevo revés de la justicia, aunque esperable. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso en queja que presentó el magistrado y abrió camino para el último recurso que le queda : ir la Corte Suprema de Justicia.
Gustavo Guerra Labayen, quien tiene un legajo abierto con grandes posibilidades de llegar a juicio político, recusó al Colegio de Abogados cuando se trató su posible inicio de sumario en abril pasado. Es que fue el propio organismo de letrados quien impulsó la denuncia.
Desde allí sólo cosechó derrotas: primero el Consejo de la Magistratura y luego el STJ por duplicado. Es que el pedido del Labayen lesiona la propia integración y autonomía de la Magistratura. Prescindir de todo el Colegio dejaría al organismo sin una «pata» fundamental.
Con ese argumento, entre otros, su pedido fue rechazado sistemáticamente. Ahora le queda un recurso ante la Corte. Semanas atrás, en una sesión del Consejo en Viedma, se elevó el informe al Procurador Jorge Crespo que deberá definir si se avanza con un jury.
La presentación ante el STJ
Gustavo Guerra Labayen, juez de la Cámara del Trabajo de la Iª Circunscripción Judicial, presentó un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia para cuestionar la imparcialidad del proceso disciplinario en su contra.
El magistrado se opuso a la participación de los representantes del Colegio de Abogados de Viedma en el Consejo de la Magistratura, quienes instruyen el sumario donde se lo investiga por presuntos retrasos en el dictado de sentencias definitivas.
Guerra argumentó que el proceso disciplinario vulnera el principio de imparcialidad, ya que algunos consejeros mantienen una relación profesional con la institución que impulsó la denuncia en su contra.
Según el juez, la participación de los abogados elegidos por el Colegio compromete la objetividad del Consejo en la evaluación de su desempeño judicial. Por ello, solicitó la recusación de dichos consejeros para garantizar un juicio justo.
El Consejo de la Magistratura rechazó inicialmente el pedido, porque colisionaba contra la propia conformación del organismo extrapoder.
Guerra replicó que los consejeros deben demostrar su imparcialidad desde el inicio del proceso, ya que su intervención podría influir en la valoración de los hechos y en la decisión de continuar o no con el juicio.
El juez también fundamentó su pedido en antecedentes jurisprudenciales. Citó el caso «Meynet» de la Corte Suprema de Justicia, que admite la posibilidad de presentar recursos ante decisiones que cuestionan la legitimidad del órgano juzgador. Además, cuestionó la aplicación del artículo 45 de la Ley K 2434, que limita la recurribilidad de las resoluciones del Consejo.
Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia desestimó la queja del juez y señaló quel a recusación no resulta procedente en esta etapa del proceso.
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