Neuquén era una «zona judicial liberada», dijo la fiscalía en el juicio por los crímenes de la dictadura
El fiscal federal, Miguel Palazzani, manifestó en su alegato que Pedro Duarte y Víctor Ortiz omitieron intervenir en las investigaciones. Señaló que esto les permitió a los represores actuar “con tranquilidad”.
El fiscal Miguel Palazzani aseguró que Duarte y Ortiz trabajaban "en tandem" para la impunidad de los grupos de tarea (foto Florencia Salto)
El fiscal Miguel Ángel Palazzani podría finalizar el 17 de septiembre con el alegato y pedido de penas para el exjuez Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz, acusados de no intervenir durante la comisión de crímenes en 1976. «Había una zona judicial liberada para que los perpetradores actuaran con tranquilidad», dijo ayer en la segunda jornada de acusación.
Hubo una demora por un corte no programado de electricidad en la zona centro este que afectó la zona alta de la ciudad de Neuquén, la sala del juicio en AMUC y la programación de los tiempos que tenía la fiscalía.
La sala se llenó de militancia de organismos de Derechos Humanos y la fiscalía abrió su alegato con la imagen de Inés Rigo de Ragni, Madre de Plaza de Mayo en Neuquén que murió el domingo pasado, querellante contra Duarte y Ortiz.
Palazzani aseguró que ambos funcionarios operaban «en tándem» y explicó que «no podían funcionar en forma independiente porque cualquier accionar de la fiscalía conforme a la ley, el juez no podría haber actuado en consecuencia y viceversa», sostuvo. Agregó que el mensaje para los perpetradores es que estaban cubiertos por que contarían con la tranquilidad de que «no habría consecuencia judicial» ante los secuestros, torturas, robos o violaciones.
«Para las víctimas y familiares el mensaje fue claro, de que desistieran de hacer presentaciones, porque no avanzarían con las investigaciones», remarcó. En respuesta al planteo defensista de Duarte durante las 7 jornadas de indagatorias, el fiscal general sostuvo que «los mensajes son claros cuando los vemos en conjunto»
La fiscalía retomó los detalles de contexto de cuando Ortiz dejó el cargo de secretario de juzgado federal y asumió como fiscal después en 1976 y de cuando Pedro Duarte abandonó el Comando y sin tener carrrera judicial, asumió la titularidad del juzgado.
Describió en el expediente de la desaparición de Mirta Tronelli cómo el juez se negó a recibir los datos que aportaba el padre de la joven que fue secuestrada de una dependencia pública en el centro de Neuquén, ni investigó el auto de los secuestradores que había estado estacionado en la confitería «El Ciervo», a dos cuadras de la casa de Duarte, como se le denunció. «Por años no hubo ninguna actuación, pero luego en tres meses sin siquiera citar al denunciante, sobreseyó» la causa del hábeas corpus.
Manifestó que «el nivel de desprecio hacia los familiares» incluyó no permitir nuevas presentaciones si no estaban firmadas por padre y madre de la víctima y que le cobró costas cuando fueron a pedir una copia del expediente. Reforzó que Duarte, en 1980, le pidió a la policía federal que identificara a un joven «rubio y alto» con «pinta de universitario» que junto con un morocho y bajo se llevaron (cuatro años antes) a Tronelli de la oficina de Trabajo Social, frente a sus compañeros, en la galería del teatro Español.
Destacó que pese a los desplantes a los que sometió a los familiares que buscaban a las y los desaparecidos, las madres insistían ante el juzgado con más presentaciones y aportes de testimonios sobre el lugar donde podrían estar sus hijos o hijas.
«La madre y el padre de Arlene Seguel (desaparecida en junio de 1976) aportaron la patente y el auto en el que se llevaron a su hija», describió Palazzani y destacó que tanto el fiscal como el juez, pidieron informes al ministerio del Interior de la Nación sobre ese secuestro en Cutral Co, del que podrían haber recabado informes locales con más éxito. En las actuaciones del expediente del auto de los secuestradores, se perdió la patente
Señaló que nunca convocó a sus hermanas, Argentina y Dora Seguel, sobrevivientes a los secuestros, que habían visto por última vez a Arlene y a otras víctimas de esta causa.
«En el caso del secuestro de Carlos Cháves no se citó ni a la esposa, ni a los que estaban presentes cuando se lo llevaron, ni a la policía de Cutral Co: se pidió informes a la Brigada y al V Cuerpo, donde no sabían nada», insistió. Agregó que en el cúmulo de expedientes y de las actuaciones que no se hicieron y las que se priorizaban, queda en claro que «el círculo de conducta fue para obtener cero resultado y absoluta impunidad para los perpetradores. Podían continuar actuando, no iban a tener consecuencias», agregó.
Describió que el expediente de César Giliberto, sobreviviente, lo cerró sin citarlo para preguntarle qué le había ocurrido.
Palazzani responsabilizó a Duarte y a Ortiz de omisión de persecución penal y prevaricato, en caso del ex juez. Los señaló como partícipes secundarios de la actuación criminal de los grupos de tarea.
Sigue la querella de Inés y Oscar Ragni
Al cierre de la fiscalía federal, será el turno de alegatos del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) patrocinantes de la querella de Inés y Oscar Ragni. Estimativamente, sería el 1 de octubre.
«El mandato de Inés y de Oscar Ragni fue desde la primera constitución como querellante (2012), llegar hasta el final y con una sentencia. Hay un interés legítimo que fue ratificado en la sala de audiencias hace poco en sus testimoniales, podríamos ya haber alegado si Duarte no hubiera aplicado tantas chicanas» para dilatar la instrucción y el juicio, dijo su abogada querellante Natalia Hormazabal.
Agregó que hay antecedentes en juicios de lesa humanidad en Argentina donde se alegó tras la muerte de los denunciantes, como en este caso. «El mandato persiste pese al fallecimiento», planteó Hormazábal, en tanto que al término de la acusación y pedido de penas, solicitarán una pronta sentencia.
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