Neuquén, entre las diez provincias con más presos en comisarías del país
El dato publicado por Inecip es anterior a que el Poder Judicial cerrara las cárceles por sobrepoblación, con lo cual el número actual podría ser superior.
La comisaría 18 es una de las que tiene alcaidías. Foto Florencia Salto.
De las 733 personas encerradas por el sistema de justicia neuquino, un total de 168 estaban alojadas en comisarías hasta el 31 de diciembre de 2022. La tasa provincial es del 22,92%. Este número es anterior a la crisis carcelaria que estalló ese mismo año, cuando las juezas de Ejecución Penal decidieron que no ingresen más presos a las unidades ante la superpoblación.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) publicó un ranking provincial de personas encerradas en comisarías. Neuquén ocupa el décimo puesto.
En el documento la organización manifiesta que más de 13.000 personas en todo el país estaban en estas condiciones hace dos años, con el último relevamiento disponible que es el del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
«Estos establecimientos no están autorizados para ese fin y, por lo tanto, carecen de la estructura necesaria para cubrir las necesidades básicas de estas personas, como salud, alimento e, incluso en muchos casos, un baño. Por no mencionar el objetivo de resocialización que deberían cumplir las cárceles, el cual resulta completamente inalcanzable para las personas detenidas en comisarías», plantea Inecip.
Remarca que la tasa refleja «la proporción entre personas detenidas en comisarías en cada provincia, y la cantidad de personas cuya detención fue ordenada por cada sistema de judicial provincial».
«Este ranking de ninguna forma representa fielmente el flujo de personas que ingresan y egresan de las comisarías y alcaidías policiales, ya que se basa en la información obtenida sobre la situación de alojamiento registrada en un único día del año. Más bien, se trata de una “foto” que, aun con sus límites, permite alertar sobre la urgente situación de encierro de miles de personas», aclara el equipo.
¿Por qué el encierro en comisarías preocupa? El Instituto subraya que estos establecimientos «están diseñados para alojamientos transitorios, limitados a los primeros momentos del proceso penal». No fueron concebidos para la permanencia de detenidos, y «carecen de los recursos, la preparación, el personal, y la infraestructura necesarios», agrega el informe.
El personal de comisarías está entrenado en tareas de seguridad y no de custodia, como el plantel penitenciario, por ejemplo.
Inecip hace especial hincapié en la responsabilidad de jueces y juezas que habilitan este tipo de encierros. Sostiene que «la información pública escasea» en esta materia y que la «rendición de cuentas es casi nula».
Justamente el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura inició un monitoreo propio (ver aparte) para obtener datos sobre las condiciones actuales de detención de quienes están en las comisarías de la región Confluencia.
No es descabellado pensar que el número actual de personas alojadas allí probablemente sea superior al de 2022, ya que ante el cierre de las unidades de detención se han derivado a comisarías.
Silvia Couyoupetrou, integrante del comité provincial, aseguró que no todos cumplen prisión preventiva, sino que hay condenados. Especialmente en las comisarías que tienen alcaidías, como la 18° o la 3° (donde hubo una fuga masiva en febrero pasado). Explicó que hay lugares que «tienen un personal penitenciario por turno y el resto los hace el personal de seguridad, en otros no».
Enfatizó en que cuando se decidió que no ingresaran más detenidos a las cárceles no se optó por prisiones domiciliarias con tobilleras. «Los que van presos, van a las comisarías. No hay una política que no sea meter preso gente: tenemos juicio directo y ahora narcomenudeo. ¿Cuál es la otra opción?», se preguntó.
Sin recursos para recorrer la provincia
El comité finalizó esta semana un primer monitoreo integral en comisarías de la región Confluencia. Fueron inspeccionadas, en el último mes, la 1°, 2°, 3°, 12°, 17°, 18°, 19°, 41° y 44° de Neuquén capital, la 7° y 46° de Plottier, la 5° de Centenario y la 11° de Senillosa.
Con estos datos se realizará un informe que será presentado a las autoridades provinciales. El último documento fue el que reveló las «condiciones de inhumanidad» de la Unidad 11.
Las comisarías del interior todavía no fueron alcanzadas, ya que el organismo no cuenta con fondos para trasladarse. En julio informaron que el comité está desfinanciado.
Este organismo fue creado por ley en 2019 y se reglamentó en 2021. Se trata de una histórica demanda de los organismos de Derechos Humanos. El propio exgobernador Omar Gutiérrez se comprometió con Noemí Labrune a ponerla en marcha.
Tiene ocho integrantes. Entre sus funciones está la de realizar visitas periódicas a los lugares de detención de toda la provincia, y preparar un informe público anual a los tres poderes del Estado sobre la evolución de la realidad carcelaria.
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