Municipales de Bariloche a un paso del juicio por la venta de licencias de conducir truchas
El fiscal del caso presentó la acusación el jueves. Sostiene que los imputados vendieron 714 licencias de conducir de manera ilegal a personas que no acreditaron los requisitos. También habrían emitido certificados sin depositar los pagos.
Doce empleados municipales de Bariloche fueron sobreseídos esta mañana. Foto: gentileza
El fiscal Guillermo Lista presentó la acusación para llevar a juicio a un grupo de empleados de la Municipalidad de Bariloche que están imputados de formar parte de una supuesta asociación ilícita que vendió cientos de licencias de conducir de manera ilegal a personas que no acreditaron los requisitos. La acusación alcanza además a una mujer que no trabaja en el municipio.
La presentación de la acusación la presentó sobre el filo del vencimiento de la prórroga que se le había otorgado el año pasado para completar la investigación, que comenzó en 2017. Al tratarse de un caso complejo se le concedió al fiscal más plazo del habitual. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron ayer que Lista cumplió el jueves con ese paso fundamental. Junto con la acusación, consignó el detalle de las pruebas que pretende reproducir en un juicio oral y público.
Lista sostiene que en fecha “no determinada con precisión pero ubicable en 2014, con anterioridad al 11 de diciembre, Marcos Nicanor Aguirre, Sonia Ávila, Juan Carlos Barrientos, Eugenia María Carballo, Malén Celeste Castro, Romina Ceballos, Walter Fabián Gallardo, Juan Carlos López, Daniel Alberto Martínez, Juan Millalef, María Romina Paz, Nicolás Jaime Torres, José María Salazar y Mariana Noemí Villalobo acordaron conformar una asociación destinada a cometer delitos mediante el aprovechamiento de la condición de empleados públicos dependiente de la Municipalidad de Bariloche”. Lista incluyó en la acusación a Alicia Vega, que no cumple funciones en el municipio.
“Concretamente, los imputados se organizaron con cierta estabilidad y permanencia para desplegar una pluralidad de maniobras delictivas relacionadas con la emisión de licencias de conducir, las cuales ofrecían, confeccionaban y entregaban a personas a cambio de dinero”, sostuvo el fiscal del caso en la acusación.
Dijo que eludieron “deliberadamente los procedimientos legales establecidos a tales fines y procurando un beneficio patrimonial para sí, afectando de ese modo el orden público al perturbar la seguridad y confianza social”.
Planteó que para lograr su cometido “los imputados distribuyeron sus tareas: Aguirre, Ávila, Barrientos, Carballo, Castro, Ceballos, Gallardo, López, Martínez, Millalef, Paz, Torres y Zalazar se valieron de sus respectivas funciones en el área de licencias de la dirección de Tránsito municipal en razón de las cuales tenían acceso a recursos que les permitían llevar a cabo dichas acciones delictivas de manera idónea y solapada”.
Según el fiscal, “Vega tenía a su cargo la entrega y cobranza de las mentadas licencias, así como la captación de algunos destinatarios”.
Sostuvo que “Villalobo oficiaba de enlace entre Vega y los restantes miembros de la asociación”. Fuentes judiciales, explicaron que el fiscal tiene que incluir a otro empleado municipal que no compareció a la audiencia de reformulación de cargos que se hizo el martes pasado.
Los imputados estuvieron asistidos en la audiencia con sus defensores particulares y el defensor oficial Marcos Miguel.
El fiscal indicó que entre el 11 de diciembre de 2014 y el 24 de agosto de 2016, los imputados “emitieron” en las oficinas de la dirección de Tránsito “al menos 714 licencias de conducir eludiendo deliberadamente las previsiones establecidas en la ley nacional de Tránsito 24.449 y su reglamentación es lo que respecta a los requisitos y formalidades necesarias para su otorgamiento”.
Advirtió que los imputados insertaron “en cada uno de los casos declaraciones falsas en dichos instrumentos públicos, toda vez que sus destinatarios no habían acreditado las aptitudes necesarias…”
Destacó que, para la confección de cada una de dichas licencias, así como para otras de trámite regular, los imputados “emitieron 973 certificados nacionales de antecedentes e infracciones de tránsito sin efectivizar liquidación alguna defraudando” al municipio.
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