Quién es el argentino exmiembro de las FARC que Colombia pide extraditar
Hoy el juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró "parcialmente procedente" la solicitud de extradición.
Morales Schoenfeld, con el uniforme de la guerrilla colombiana.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró hoy «parcialmente procedente» la solicitud de extradición realizada por el gobierno colombiano contra el argentino Facundo Molares Schoenfeld, en una causa en la que se lo acusa por supuestos delitos cometidos como integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) de ese país.
La defensa del acusado anunció que apelará la resolución, a la que calificó de «pésima».
Molares Schoenfeld, alias “Camilo el argentino”, tiene 44 años y llevaba años en paradero desconocido. Nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y pasó por Ecuador, Cuba, Paraguay, Brasil, Perú, Chile y Bolivia hasta que llegó a Colombia, donde se convirtió en el tercer extranjero en formar parte de las FARC, por detrás de la holandesa Tanja Nijmeijer y el chileno Manuel Olate Céspedes.
El hombre integró una tropa de elite de ese grupo, la temida columna móvil Teófilo Forero, especializada en infiltración de universidades. En Colombia fue buscado por la Fiscalía, acusado de los delitos de rebelión y asociación ilícita, y de administrar recursos relacionados con actividades terroristas, entre otros cargos.
Morales fue noticia más tarde cuando la policía boliviana, en noviembre de 2019, informó que resultó herido en un enfrentamiento en la localidad de Montero.
El lunes 11 de noviembre ingresó en el hospital y se activó el protocolo de seguridad. Las autoridades pudieron descubrir su identidad después de que su padre, el juez de Chubut Néstor Hugo Morales, y su esposa, Silvana Irene Reyes, lo reconocieron en el centro médico.
Molares regresó más tarde al país para asentarse de vuelta en Trevelin. En los últimos meses, varios medios bolivianos aseguraban que el argentino seguía en Bolivia, aunque había vuelto a la Argentina de manera legal. En noviembre de 2021, la división Interpol de la Policía Federal lo arrestó en la localidad chubutense: Colombia había puesto una circular roja sobre su cabeza.
El caso que más compromete a Morales Schoenfeld
El delito por el que se lo busca está relacionado, precisamente, a las FARC y a uno de los secuestros más agónicos de su historia: el del concejal Armando Acuña, cometido el 25 de marzo de 2009 en el municipio de Garzón.
En una audiencia virtual de hoy, donde participaron Molares Schoenfeld (detenido en el penal de Ezeiza) y las partes, el juez declaró «parcialmente procedente» la extradición, centrándola en los delitos de «secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y hurto calificado», y anunció que el jueves se conocerán los fundamentos completos de la sentencia.
El magistrado se refirió al secuestro del concejal colombiano Acuña Molina, donde Molares habría tenido la tarea de custodiarlo durante parte de su cautiverio, según consignó Otranto, y a la emboscada a una patrulla policial para robar sus armas por parte de las FARC.
Sin embargo, el juez consideró «improcedente» extraditarlo «por lo delitos de terrorismo» así como otros reclamados por la Justicia colombiana, al tiempo que solicitó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que, por medio de la Cancillería, «requiera a Colombia se garanticen las condiciones de detención» de Molares Schoenfeld para que se «preserve su vida», puesto que su defensa había asegurado que podría ser asesinado si era enviado a ese país.
Los argumentos de la defensa de Morales Schoenfeld
La defensa del argentino la ejercen los abogados Gustavo Franquet y Eduardo Soares, que integran La Gremial de Abogados, y el caso concitó el apoyo de organismos de derechos humanos que consideraron «inadmisible» la extradición ya que «las acusaciones formuladas, inciertas e infundadas, corresponden al período comprendido en los Acuerdos de Paz», según advirtieron en una declaración Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras entidades.
«La sentencia es malísima. El juez le hizo caso a la fiscalía, que pedía sacarse el problema de encima y tirárselo a la Corte Suprema», se quejó Franquet en diálogo con Télam.
Para el letrado, «el juez plantea que el fuero común colombiano tiene competencia y está demostrado que no tiene competencia en casos como este, por lo tanto no puede» pedir la extradición.
«Creemos que es un fallo pésimo y el juez federal lo que hace es lavarse las manos, mientras tanto Facundo Molares sigue preso», añadió el abogado
Antes del veredicto, Molares Schoenfeld tuvo la palabra y pidió «un fallo favorable (rechazando la extradición) que haga Justicia», además de contar que desde niño siente «la necesidad de luchar por la justicia, un imperativo ético y moral que tienen muchos jóvenes».
«Opté por tomar partido por la lucha por la justicia social y la igualdad de los seres humanos, esa lucha me llevó a tomar decisiones de mucho compromiso. Entre ellas la más importante fue vincularme a una lucha en un país hermano, en la que invertí casi la mitad de mi vida y aprendí mucho», sostuvo sobre su militancia de más de una década en Colombia.
El argentino convocó a «comprometernos por la lucha por una sociedad más justa donde no haya explotadores y explotados», y ratificó: «Mi incorporación a la lucha en Colombia fue una incorporación política, y la reivindico todavía. Era justa«.
«Mi incorporación a la lucha en Colombia fue una incorporación política, y la reivindico todavía. Era justa».
Facundo Molares Schoenfeld
Sus abogados detallaron a Télam que apelarán la decisión de Otranto, mientras militantes que respaldan a Molares se manifestaban -apenas se conoció el fallo adverso- en la puerta del penal de Ezeiza, donde el argentino está detenido desde noviembre del año pasado, cuando fue apresado por la división Interpol de la Policía Federal en la casa de su padre en la localidad chubutense de Trevelin.
El requerimiento de extradición del Gobierno de Iván Duque fue rechazado por la defensa y por organismos de derechos humanos que sostienen que el fuero penal ordinario de Colombia no tiene competencia para solicitar la extradición porque los delitos que se le imputan son anteriores al Acuerdo de Paz del año 2016, por lo que deben ser tratados por la Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal encargado de administrar justicia a los actores del conflicto armado.
«Extraditar a Facundo Molares equivale a extraditarlo para que lo maten, porque está bastante claro que (en Colombia) lo están esperando para matarlo», había señalado además su defensa durante el juicio, que comenzó el 20 de abril último y concluirá el jueves con la lectura de la sentencia final, cuyos argumentos Otranto adelantó hoy.
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