Muerte de una funcionaria en la Ruta 23: el secretario de la Gobernación aceptó una probation y no irá a juicio
Mariano Ferrari aceptó su responsabilidad para no continuar el juicio, aunque su defensa apuntó la culpa al conductor de un segundo vehículo involucrado, quien fue imputado. En el siniestro murió Florencia Martín, directora de Protocolo de Río Negro.
El secretario general de la Gobernación, Mariano Ferrari, aceptó su responsabilidad para acceder a una suspensión de juicio a prueba. Imagen captura de pantalla
El secretario general de la Gobernación de Río Negro, Mariano Ferrari, quedó liberado de enfrentar un juicio oral por homicidio culposo y lesiones graves provocados por el vuelco de la camioneta que conducía en octubre pasado, cerca de Jacobacci, y en el que murió la entonces secretaria de Protocolo, Florencia Martín.
Ferrari aceptó los hechos que se le imputaron y las pautas que le fijó el juez Sergio Pichetto, a propuesta de las partes, en una “suspensión del juicio a prueba” por el término de un año. El funcionario indemnizará a la familia de la víctima en 500 mil pesos, además se “autoinhabilitó” para conducir por 12 meses y se comprometió también en ese lapso a realizar un curso de manejo.
Su coimputado, Horacio Huenchanao -que conducía un segundo vehículo involucrado-, no se acogió al mismo beneficio por incapacidad económica, según declaró, y continuará sometido al juicio, para el cual el juez concedió un plazo de investigación de dos meses.
El fiscal Gerardo Miranda dijo que el accidente ocurrió el pasado 21 de octubre alrededor de las 18, en el cruce de la Ruta 23 con la 76, a cinco kilómetros de Jacobacci. Ferrari iba al mando de una camioneta Nissan, en comisión oficial, acompañado por Martín, y también por Hugo Arrieta y Tomás Carlovich, quienes resultaron con heridas graves.
Durante la audiencia virtual realizada en la mañana de hoy, el abogado de Ferrari, Damián Torres, dijo que tenía “otra teoría del caso” y que su defendido no tiene responsabilidad alguna en el hecho que le imputan. Pero aun así aceptó la suspensión del juicio a prueba.
“El responsable es Huenchenao y en un juicio se probaría la inocencia de mi cliente, pero no está en condiciones emocionales de enfrentar esto”, afirmó el abogado. Dijo que en la decisión de Ferrari influyó también su relación con la familia de la víctima fatal, que tenía 28 años y a la que definió como “su compañera de trabajo y su amiga”.
Según la descripción que hizo el fiscal, Ferrari se comportó “en forma imprudente y antirreglamentaria” ya que conducía con exceso de velocidad. Una pericia accidentológica agregada al expediente demostró que la camioneta circulaba a “no menos de 123 kilómetros por hora”, donde el límite es de 110.
Delante suyo iba Huenchanao al mando de un Fiat Idea, quien (según la fiscalía) redujo la velocidad en forma abrupta al llegar a la intersección de rutas con la intención de doblar a la izquierda, sin poner la luz de giro, a pesar de que “funcionaba correctamente”, según se comprobó.
Ferrari iba detrás e intentó un sobrepaso, que no pudo completar por el obrar “negligente” de Huenchenao. El vehículo de los funcionarios volcó al intentar una maniobra de emergencia para evitar el choque, lo cual provocó heridas gravísimas a Martín, quien falleció en forma “casi inmediata”. Según las pericias, ambos conductores dieron negativo en el control de alcoholemia.
Acuerdo de partes, con aval de la familia
En la audiencia de formulación de cargos el fiscal Miranda destacó que desde un principio hubo voluntad de la familia de la víctima principal de llegar a un acuerdo que evite el juicio. Los padres, los hermanos y la pareja de Martín estuvieron conectados durante el trámite judicial y la madre tomó la palabra para decir que “más allá del dolor” preferían evitar la continuidad del juicio. También aprovechó para exhortar en general a manejar con responsabilidad. “Pido a todos que tengan la precaución necesaria al salir a la ruta”, dijo la mujer.
El fiscal destacó “la voluntad de pacificación” expresada por la familia de la joven fallecida. Señaló que había trabajado sobre una propuesta similar con Huenchenao, quien no aceptó la suspensión del juicio a prueba.
Cuando se le dio la palabra el conductor del otro vehículo involucrado en el accidente -y también acusado del homicidio- dijo que estaba dispuesto a hacerlo pero no cuenta con los 500 mil pesos para cumplir con la compensación requerida. “Acá en Jacobacci casi no hay trabajo, yo gano 14.000 pesos por semana. Si yo tuviera plata se la daba, pero no llego a esa cantidad”, se excusó Huenchenao.
El juez Pichetto propuso a las partes “arribar a algún tipo de solución” si existe disposición de las partes, en las que la imposibilidad económica no sea un obstáculo. Pero al menos hasta hoy, el coimputado de Ferrari sigue bajo investigación y deberá enfrentar un juicio oral.
Los 500 mil pesos que pagará el actual colaborador directo de la gobernadora Arabela Carreras para acceder a la suspensión del juicio a prueba serán desembolsados en un pago, y los recibirá en su totalidad la familia de Martín. En un principio, la propuesta fue entregar el 30% a los dos heridos (Arrieta y Carlovich), quienes no objetaron la “probation” pero renunciaron a recibir dinero. Uno de ellos aclaró que hacía reservas para una acción civil.
Pichetto avaló la solución alternativa, aclaró que la condición de funcionario público de Ferrari lo hubiera impedido en el caso de un delito doloso, pero puede acogerse porque se le imputa un delito culposo.
Le advirtió que además de las pautas específicas, deberá atenerse a otras generales como no consumir estupefacientes, no cometer otros delitos ni cambiar de domicilio sin avisar, ya que en esos casos el beneficio en su favor quedaría cancelado.
Ferrari siguió la audiencia por “zoom” en compañía de su abogado, se negó a declarar cuando tuvo la oportunidad, mostró un gesto compungido y limitó todo lo posible sus apariciones en cámara, al punto de que el juez en varias oportunidades pidió que lo enfoquen directamente.
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