Moderan la acusación contra un empleado de la justicia federal de Zapala
La Cámara Federal de Roca confirmó el procesamiento pero ahora le atribuye "tenencia para consumo". El hombre admitió que es adicto.
El juzgado federal de Zapala interviene en la investigación. (Archivo/Matías Subat)
El empleado del juzgado federal de Zapala en cuyo poder encontraron una ínfima cantidad de marihuana y cocaína continuará procesado pero por un delito más leve, según resolvió la Cámara Federal de Roca. De «tenencia simple de estupefacientes» pasó a «tenencia para consumo personal», que generalmente no recibe una pena.
Otro escándalo por la actuación del juez Greca, ahora en un caso de droga en Zapala
Sin embargo, en este caso la Cámara consideró apropiado mantenerlo sometido a proceso por «cuestiones éticas relacionadas con el comportamiento que debe asumir un padre de familia y un empleado judicial».
El imputado es Martín Martínez Stagnaro. Su hermana, la fiscal federal interina Karina Martínez Stagnaro, dijo que «lo pusieron en la mira como un presunto narcotraficante y termina procesado por consumo personal, una conducta muy menor. Mi hermano está enfermo, esto es estigmatizante y persecutorio».
Agregó que «lo discriminan por ser empleado judicial y por tener una enfermedad. Él no tenía capacidad para pedir el traslado, pero todos conocían su situación, lo podrían haber cambiado de lugar y nadie hizo nada».
Falta de pruebas
Sobre las «cuestiones éticas», la fiscal dijo que «hablan de ética porque no hay ninguna prueba de que mi hermano haya consumido delante de nadie, él lo hacía en su intimidad». Respecto de sus hijos, «él está separado, no convivían» en esa casa.
En la vivienda allanada encontraron 7 gramos de marihuana y 0,8 gramos de cocaína.
El procesamiento lo dispuso el juez Hugo Greca, quien sostiene un enfrentamiento con la fiscal Martínez Stagnaro en otro expediente: la causa por el homicidio del soldado Pablo Córdoba.
Greca también había acusado a Martín Martínez Stagnaro por tenencia de armas de fuego halladas durante el allanamiento. La Cámara declaró que ese presunto delito debía investigarlo la justicia de la provincia de Neuquén.
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