Medicamentos: es una «experiencia traumática» tener que recurrir a la Justicia para obtenerlos
Una paciente de Río Negro logró por vía del amparo que el PAMI le entregue medicación oncológica. Su vida está en riesgo. Uno de los abogados que la patrocina habló sobre el costo emocional que representa tener que atravesar un proceso judicial para acceder a la salud.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP-PAMI) deberá proveer a una paciente del Alto Valle de Río Negro de un medicamento «mientras perdure la prescripción médica y en la dosis, formas y cantidades prescriptas por el profesional actuante». Se trata de una mujer de 59 años que tiene cáncer desde los 32 años, y depende de un medicamento que cuesta más de un millón de pesos.
La paciente presentó una acción de amparo ante el juzgado federal de Roca porque el PAMI, al cual está afiliada, le negó la medicación con el argumento que «se encuentra fuera de protocolos» de la obra social.
En su escrito, recordó que en un fallo anterior el Poder Judicial dejó establecido que «el hecho de que la prestación solicitada no se encuentre dentro del PMO (Programa Médico Obligatorio), no resulta por sí causa suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar un adecuado servicio de salud. El PMO constituye un piso prestacional mínimo y no un elenco cerrado -no un techo».
La presentación fue realizada con el patrocinio letrado de Milton Hernán Kees, Analía Andrea Dabus y Vanesa Ruiz, que tienen su estudio en Neuquén. A lo largo de 20 páginas detalla todos los tratamientos médicos a los que se sometió la paciente, y la prescripción de dos médicos tratantes.
Riesgo de vida
Uno de los profesionales «me prescribe la ingesta de la medicación Abemaciclib 150 mg», dispone «que el tratamiento indicado reviste carácter de urgente» y que «si no recibo la medicación mi enfermedad puede progresar poniendo en riesgo mi vida».
En la demanda añade: «advierto que los trámites ante PAMI ya no se tratan de una simple burocracia, sino de una burla en atención a los absurdos requerimientos que les hacen a sus afiliados que transitamos la adultez, echando por tierra los mentados principios, derechos y garantías que reconoce la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la ley N°27.360 y normativa concordante».
Orden y multa
El juez federal de Roca, Hugo Greca, hizo lugar a la cautelar y ordenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que «en el término de cinco días provea la autorización e inmediata entrega del fármaco Abemaciclib 150 mg Venzeno comprimidos».
Deberá hacerlo «mientras perdure la prescripción médica y en la dosis, formas y cantidades prescriptas por el profesional actuante».
En caso de que no lo haga, el juez dispuso la aplicación de astreintes (una especie de multa) de 30.000 pesos por cada día de retardo.
Consultas y amparos
El abogado Hernán Kees, uno de los patrocinantes, dijo a diario RÍO NEGRO que en los últimos tiempos «se han disparado las consultas e hicimos varios amparos». Muchas «tienen que ver con gente que tenía prepagas y no las puede pagar más» mientras que «las obras sociales y prepagas, a raíz del déficit de afiliados, acusan déficit de caja y están más reticentes con las coberturas».
Consultado respecto del impacto de estos trámites en la salud de las y los pacientes, señaló que «la situación sobreexpone a los pacientes y al Estado, desde distintos órdenes. Acudir a la justicia no es gratis, por ello muchas veces la imposibilidad de contratar a una o un abogado para que judicialice el problema termina siendo una barrera de acceso a la salud».
Experiencia traumática
Kees también resaltó que «acudir a la justicia, además del costo económico, tiene un costo emocional para el paciente. No es gratis transitar un juicio desde el plano afectivo. Aún ganando el proceso y que el mismo termine en una condena contra la obra social o la prepaga sigue siendo en buena medida una experiencia negativa, e incluso traumática que revictimiza al paciente».
«Es una decisión que condensa y corona el hartazgo de los pacientes, que luego de deambular por meses por distintas oficinas en busca de cobertura de su salud terminan chocando con una inexplicable burocracia, con la desidia de las obras sociales y, claramente, con una situación especulativa: muchos pacientes presos de ese hartazgo o por falta de recursos terminan desistiendo de sus pretensiones o acudiendo al sistema público de salud», añadió.
Eso «no sólo genera una dinámica perversa que beneficia a las obras sociales y prepagas, sino que termina sobrecargando los ya abarrotados hospitales públicos».
El abogado resumió: «la situación impacta negativamente en distintos órdenes también, no sólo por la proliferación de juicios sino que esa crisis del sistema privado de salud ha derivado en una renuncia masiva a la prepagas y esa cobertura primaria termina siendo reasorbida por el Estado a través de su sistema de salud».
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