Los Ministerios Públicos Fiscales de Río Negro y Neuquén en el podio de un ranking de eficacia político criminal

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) elaboró un nuevo informe sobre la eficiencia político criminal de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de la Argentina, donde Río Negro y Neuquén quedaron en el podio.

Según el informe al que Diario RÍO NEGRO tuvo acceso, ubica en el primer lugar al MPF de Jujuy con una tasa básica de eficiencia político-criminal del 18,11. En el segundo lugar, se ubica el MPF de Río Negro con el 13,34% y el podio lo completa el MPF de Neuquén con el 12,07%.

El Inecip aclara que el informe se elaboró con los datos correspondientes al 2022, que aportó la mayoría de los MPF de las provincias. Aunque hubo algunas provincias que no brindaron esa información.

Se trata de una “microinvestigación”, explica el informe, que permite construir una tasa básica de eficacia político-criminal que “busca responder a una pregunta tan sencilla como relevante para cada uno de los MPF que actúan en Argentina: ¿en cuántos casos penales que le ingresan, el Ministerio Público Fiscal logran obtener una salida con incidencia político-criminal, aunque sea mínima o potencial?”

“En otras palabras, en cuántos casos las fiscalías logran el objetivo (ya que eso es la eficacia) político-criminal más básico. Se trata de una instancia mínima y elemental de evaluación”, indica.

Con esa finalidad, dice el informe, el Inecip “solicita anualmente a los Ministerios Públicos Fiscales una serie de datos básicos sobre su estructura y funcionamiento, con el objetivo de generar un repertorio de datos básicos sobre todos los MPF del país en forma periódica”.

Destaca que el objetivo central de la investigación “es fomentar que los MPF planifiquen estratégicamente sus políticas de persecución penal en base a información”.

El Inecip sostiene que la tasa básica de eficacia político-criminal “es un indicador elemental, que busca echar luz sobre “por dónde empezar” a medir el desempeño de un Ministerio Público”.

El informe explica que la tasa básica de eficacia político-criminal “busca identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad (uno de los objetivos principales de los Ministerios Públicos)”.

Por eso toman en cuenta la cantidad total de casos penales ingresados al MPF durante el 2022 “(de acuerdo con el criterio de definición de “caso penal” tomado por los propios MPF)”.

También, valoran las “salidas con incidencia político-criminal” que son las “respuestas obtenidas durante el 2022 que tengan alguna capacidad -aunque sea mínima- de impactar sobre el control de la criminalidad”.

El informe aclara que “una condición necesaria, aunque no suficiente, para que las salidas tengan esa capacidad, es que impongan a una persona la realización de algún tipo de acción como consecuencia de su participación en el conflicto primario”.

“Estas salidas implican reconocimiento de responsabilidad (formal o informal) y consecuencias de las acciones. Esto significa que los sectores victimizados han recibido alguna compensación -en sentido amplio- por los daños sufridos, lo cual no necesariamente implica una condena. Estas salidas son: condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios.

El Inecip asegura que esta microinvestigación, iniciada hace dos años, “busca concientizar a las autoridades de los Ministerios Públicos sobre la necesidad de evaluar el desempeño de sus políticas de persecución penal, como insumo básico para mejorar su impacto sobre la criminalidad y en la tutela judicial de las víctimas”.

Recuerda que en los últimos años, a partir del paso a sistemas acusatorios, los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) adquirieron amplias facultades, poderes y responsabilidades.

“Esas funciones ya no pueden resumirse en la vieja fórmula de “dirigir la investigación penal”, sino que abarcan tareas tan sensibles como la identificación y priorización de mercados criminales, el diseño de estrategias de intervención con respuestas diversificadas y la participación en la implementación de la política criminal del Estado, a través de un de sus sub-políticas, como lo es la política pública de persecución penal”, explica el Inecip.

Y aclara que el ránking “sí ofrece a sus autoridades un primer paso orientativo desde el cual iniciar un camino de construcción de sistemas de información”. “Esto debería colaborar con desencadenar un proceso cuyo fin último es mejorar el impacto de la actuación fiscal sobre problemas tan sensibles como la respuesta estatal a la criminalidad y la representación de los intereses victimizados”, asegura.

Desde el Minsiterio Público Fiscal de Río Negro comunicaron este viernes que «es el segundo año que Río Negro está en ese lugar del ranking y en los últimos años estuvo siempre entre los 5 primeros».

Mientras que desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén recordaron en un comunicado que en los informes anteriores del Inecip de 2019 y 2021, el MPF neuquino «estuvo en el podio de los más eficaces del país: ocupó el segundo lugar y el primero, respectivamente».

En el informe de este año, el Inecip destaca que “el problema que se busca visibilizar es el de la eficacia político-criminal de los MPF, y las dimensiones centrales que se buscan problematizar son la sobrecarga endémica y la necesidad de orientar la actuación de los MPF a resultados”.