Los magistrados de Neuquén que actuaron con la dictadura responsabilizaron a los familiares y las víctimas por su inacción
Los acusados hablaron en indagatoria hoy en el juicio "La Escuelita" por las responsabilidades civiles durante la dictadura. No respondieron preguntas
Las Madres de Plaza de Mayo Alto Valle estuvieron en la primera parte de la audiencia (Florencia Salto)
Hubo indignación y suspiros de impotencia en la sala durante la declaración indagatoria del exjuez Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz, acusados de dar cobertura judicial a los grupos de tarea de la dictadura para el desarrollo de los secuestros y desapariciones forzadas.
Acusaron a la fiscalía y a las querellas de llevarlos a juicio «con el diario del lunes» y negaron conocer los operativos ilegales. No respondieron preguntas.
«No he sido un juez que haya garantizado la impunidad», dijo Duarte. «Presentaron habeas corpus, cuatro años después, un recurso formal» cuando estaban muertos o desaparecidos, dijo Ortiz.
Aseguraron que los sobrevivientes de los centros clandestinos, cuando eran liberados, no les hablaron de tormentos y plantearon, entre otros, que los padres de los desaparecidos no les dieron elementos para investigar o presentaron habeas corpus «para la formalidad con los organismos internacionales» porque sus hijos ya estaban desaparecidos o muertos.
Específicamente cuestionaron que el papá de Arlene Seguel hiciera presentaciones por la desaparición de su hija Arlene y no por sus otras dos hijas (Argentina y Dora) que sobrevivieron al secuestro y traslado a Bahía Blanca, mientras que Duarte habló del matrimonio Ragni, también.
«No hizo lo que tenía que hacer, Lugones estuvo con Ragni y le hizo saber, sabía donde estaba y donde lo tenían. El caso Ragni no tuvo solución posible», sostuvo el ex juez, frente al estupor de la sala de audiencias, en ese momento, de un pesado silencio. Antes, hubo un llamado de atención de la jueza María Laura Murisi, cuando una persona del público murmuró en contra del cinismo de Duarte, por lo que las personas se contuvieron con miradas y movimientos nerviosos ante cada frase que resultaba lesiva.
Silvia Barco, que en agosto de 1976 estuvo en las puertas del juzgado federal para denunciar que su esposo Norberto Blanco había sido secuestrado -por segunda vez- en Neuquén, a la salida del trabajo en una empresa constructora, no salía de su indignación. «Me resulta imposible de escuchar, lo que dijo de Ragni, estoy dolorida…cuando a mi esposo (Norberto Blanco) lo detuvieron por segunda vez agosto, a la salida de la empresa de Fatorello, fui al juzgado porque estaba segura de que lo habían secuestrado: después de muchas idas y vueltas, me mandaron a hacer la denuncia a Roca», recordó para contrarrestar el descargo de Duarte quien aseguró que no actuó porque los familiares no le daban datos que sirvieran para cumplir con su función.
«Ese poder judicial, dictatorial, cuyas remezones y núcleos opresivos y de no estar a favor de la vida y de la constitución, es una muestra. Muchas cosas perviven, hay esa desidia de lo que la Justicia debería ser, es moralmente insoportable. Este pueblo debe decir basta, Nunca Más», dijo
Con Inés Ragni comienzan las testimoniales
La audiencia de hoy puso fin a la acusación del Ceprodh, que imputó por genocidio a Duarte y Ortiz y la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Las testimoniales comenzarán el 17 de noviembre, con la declaración de Inés Rigo de Ragni y familiares de desaparecidos que solicitaron actuación de la justicia en 1976.
Las madres Lolín Rigoni e Inés estuvieron en la sala de audiencias a primera hora, mientras Natalia Hormazábal y Mariana Derni plantearon la acusación contra Duarte y Ortiz por prevaricato -en el caso de Duarte- como constitutivo de Genocidio y privación ilegal de la libertad y omisión de persecución penal, constitutivo de Genocidio en su rol de cobertura judicial para la dictadura durante.
Inés Ragni se retiró antes de las indagatorias. Aseguró que no quería escuchar mentiras. En la sala estuvieron los alumnos del CPEM 34 de Neuquén capital, quienes presenciaron la jornada hasta pasado el mediodía acompañados por sus docentes.
Tanto la secretaria de Derechos Humanos como el Ceprodh detallaron que Duarte tenía rango de mayor y era auditor del Ejército cuando fue nombrado juez federal de Neuquén, sin antecedentes de carrera judicial.
Como en la primera audiencia, con los argumentos acusatorios, salió a luz una causa que inició la defensora federal María Beatriz Cozzi de Cerazo, cuando en 1985 pidió que se investigara su cesantía, tras plantear que su desplazamiento (como el del ex juez Carlos Arias) fue por pedir informes y hacer actuaciones ante las denuncias de secuestros y apremios ilegales. Está previsto que la ex defensora multifueros de Neuquén en 1976, declare en la próxima audiencia.
«Querían un juez y un fiscal fiables para sus fines», aseguró el querellante Federico Efrón, de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Criticaron las actuaciones de los familiares
Tanto Duarte como Ortiz cuestionaron, en su indagatoria, que parte de la acusación en su contra fuese la actuación en la desaparición de Javier Seminario Ramos, Orlando Cancio, José Octavio Méndez y Miguel Pincheira, quienes el 3 de noviembre de 1976 fueron retirados de la cárcel de Rawson por Luis Farías Barrera y otros tres integrantes del grupo de Inteligencia del Ejército.
Nunca se los volvió a ver. A los familiares, en el Comando se les informó que los habían liberado en Bahía Blanca y si no habían llegado, se debía a que «los habían secuestrado» los propios subversivos, o se habían ido «con otra mujer», en el caso de la consulta de las parejas. «Presentaron un hábeas corpus cuatro meses después», cuestionó Duarte .
«Presentaron habeas corpus, cuatro años después, un recurso formal» cuando estaban muertos o desaparecidos, dijo Ortiz en referencia los pedidos de justicia de los familiares. «Siempre tuve una actitud proactiva», sostuvo Ortiz, que no hizo referencia al testimonio de Noemí Labrune, quien con un grupo de personas, le fue a solicitar a su casa que interviniera en los fondos del Ejército, donde estaban torturando a perseguidos políticos.
En las acusaciones, recordaron ese episodio y el testimonio de un sobreviviente de la tortura que aseguró haberlo visto cuando era interrogado a los golpes en la delegación de la policía Federal.
La declaración fue de modalidad virtual por una decisión dividida del tribunal: la presidenta María Paula Marisi hizo lugar al planteo de la fiscalía de que debían estar en la sala, mientras que los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia votaron por escucharlos por las pantallas.
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