Los jueces que fueron partícipes de la dictadura, a juicio en Neuquén
Víctor Ortiz y Pedro Laurentino Duarte fueron procesados por omisión de persecusión penal y prevaricato durante el terrorismo de Estado. Ya finalizó la etapa de investigación.
Inés Ragni y Lolín Rigoni, madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, acompañaron siempre las audiencias. Foto Yamil Regules.
Un juez y un fiscal que trabajaron durante la dictadura para evitar el esclarecimiento de las desapariciones y torturas, desde su rol en el fuero federal, fueron procesados y acusados de delitos de lesa humanidad en Neuquén. La causa está a la espera de un juicio oral y público.
Pocas familias lograban acceder a la justicia en 1976 en el Alto Valle, tras los secuestros y desapariciones en la región. Los abogados no se prestaban a presentar habeas corpus, salvo excepciones, y las madres eran obligadas a abonar costosas tasas de justicia para conocer el destino de su hijo o hija arrebatado de la casa, la escuela o el trabajo.
El entonces fiscal Víctor Ortiz y el ex juez federal Pedro Laurentino Duarte fueron procesados por omisión de persecución penal y prevaricato. Además de la fiscalía en la acusación se presentaron como querellantes la APDH Neuquén, Oscar e Inés Ragni.
La realización de siete juicios por los secuestros, torturas y desapariciones forzadas en la región y Bahía Blanca lograron un cúmulo de pruebas sobre el accionar de jueces y fiscales mientras ocurrían los secuestros, las acciones judiciales que se interponían en resguardo y exigencia de búsqueda de los desaparecidos, e inclusive cuando los sobrevivientes eran liberados de los lugares de tortura.
El juez federal Gustavo Villanueva, que llevó adelante la instrucción, consideró probada la colaboración manifiesta de los magistrados en los casos de Orlando Cancio, el matrimonio de María Teresa Oliva y Enrique Esteban, José Méndez, Darío Altomaro y Susana Mujica, Josefa Lépori de Mujica, Alicia Pifarré y Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario Ramos, el matrimonio de Raúl Metz y de Graciela Romero, Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, César Giliberto, Mirta Tronelli y Carlos Cháves.
El procesamiento fue confirmado luego de un largo periplo de presentaciones defensistas, que incluyó la recusación, tres veces, de Villanueva. Buscaron apartarlo de la investigación. Pasaron cuatro años desde las indagatorias hasta los últimos recursos que fueron desestimados por tribunales de alzada.
«Las investigaciones del Juzgado Federal de Neuquén estuvieron rodeadas de una serie de obstáculos», fue uno de los argumentos esgrimidos por los imputados. Plantearon que los militares le obstaculizaron las actuaciones y que el temor de las familias y la falta de colaboración de la policía como auxiliar de la justicia tampoco favoreció la labor.
Sin embargo, el instructor de la causa, afirmó que Duarte y Ortiz «participaron del plan sistemático, brindando un remedo de la actuación judicial a las víctimas y garantizando la impunidad de quienes así actuaron sobre seguro», escribió en la elevación a juicio Villanueva.
«No hay modo de concebir el contexto de grave impunidad que imperó durante la dictadura militar si no se admite el papel condescendiente del Poder Judicial» en la época de las desapariciones y torturas, dijo el juez. Les recordó que juraron «lealtad al proceso», que reemplazaron a jueces y juezas de la jurisdicción desplazadas por los militares y que en el caso de Duarte, antes de asumir como juez federal, se desempeñó como auditor del Ejército.
Villanueva destacó que antes de ser magistrado, Duarte en su calidad de auditor también produjo actuaciones en favor de la impunidad cuando dos de los militantes del barrio Sapere habían sido desaparecidos tras operativos en el barrio, que reclamaba viviendas.
«Duarte prevaricó en algunos casos. En otros, no hizo lo que debía en los expedientes en los que se denunciaron secuestros, amenazas, desapariciones o privaciones ilegales de la libertad», señaló el juez en su imputación.
Agregó que los casos que llegaban a las manos de los magistrados «no eran aislados, ni eran pocos» y que revelaban la gravedad y un modus operandi. «Toda esa información brotaba en los expedientes y nada se hacía: importaban secuestros, desapariciones, detenciones ilegales, traslados en los que, en la mayoría, intervenían agentes de diversas fuerzas de seguridad», remarcó en la elevación a juicio.
El dato
- 7
- juicios por delitos de lesa humanidad se realizaron en Neuquén. El primero fue en 2008.
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