Los farmacéuticos condenados por la estafa al Ipross no irán presos: los controlarán con tobilleras electrónicas

Después de definir penas de hasta 9 años y medio de prisión, el tribunal de juicio resolvió sobre los pedidos para que les impongan prisión preventiva.

Los cuatro farmacéuticos declarados culpables por la millonaria estafa al Ipross deberán cumplir penas de hasta 9 años y medio de prisión, según el fallo de primera instancia que se conoció hoy por la tarde en Roca.

Esas condenas serán de ejecución efectiva cuando la sentencia quede firme y aunque fiscales y querellantes pidieron la prisión preventiva, Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano pudieron irse anoche desde los tribunales hacia sus domicilios.

Eso fue así porque el tribunal que llevó adelante el juicio entendió que aumentó el riesgo de fuga, pero consideró que como medida cautelar suficiente podía implementarse la colocación de una tobillera electrónica para cada uno de ellos, fijando como restricción la imposibilidad de salir de los ejidos de Roca y de Allen, que es donde tienen declaradas sus residencias permanentes.

El monto máximo de 9 años y seis meses de prisión fue impuesto a Fasano, en tanto que para Caffaratti se definió una pena de 8 años y medio de prisión; para Mastandrea 8 años de prisión; y para Mascaró 6 años y seis meses de prisión.

Todos fueron inhabilitados por seis años para el ejercicio de la profesión farmacéutica y también deberán responder con multas individuales de 90.000 pesos.

El fallo fue comunicado por los jueces Oscar Gatti, Laura Pérez y Luciano Garrido, quienes a lo largo de un año escucharon y analizaron la prueba y los testimonios que cruzaron las partes sobre la defraudación cometida contra la obra social estatal entre los años 2013 y 2019.

La indiferencia ante los pacientes y familiares que declararon es reveladora de personalidades indolentes a la hora de lucrar”, sostuvo el tribunal en su sentencia, que detalló una larga lista de agravantes y una cantidad menor de atenuantes sobre los imputados.

Dentro de esa nómina, destacaron los motivos para delinquir que tuvieron los farmacéuticos, dando relevancia y validez a los montos pagados por el Ipross. “Se revela el interés del lucro desmedido y beneficio económico”, afirma el fallo, advirtiendo también que no es un dato menor que se hayan escogido los medicamentos de diabetes y epilepsia para simular ventas a afiliados de la obra social, ya que se trata de productos de alto costo.

“Los montos, el tiempo, el valor actual, los medicamentos de alto costo, la abultada cantidad muestran la gravedad del hecho y las diferencias en las maniobras de cada imputado”, agrega la sentencia, que también destacó: “Montos que no estuvieron disponibles en la obra social, algo que ellos no podían desconocer, igual que las consecuencias de sus actos para el Colegio de Farmacéuticos”.

Además de esas valoraciones generales, los jueces también analizaron la situación particular de cada condenado.

Allí aparecieron los atenuantes, resaltando el ofrecimiento de Caffaratti para hacer una reparación integral del daño, la decisión de Mascaró de interrumpir la acción delictiva durante los años 2016 y 2017, y la delicada situación de salud de Fasano.

Esos elementos fueron retomados luego de la lectura de la sentencia, cuando se debatió la medida cautelar pedida por la fiscalía y la querella, para que se dicte la prisión preventiva para los cuatro farmacéuticos.

Los fiscales afirmaron que, con las penas fijadas, se incrementó notablemente el peligro de fuga, resaltando la capacidad económica de los condenados para intentar salir del país.

En ese momento se recordaron también los antecedentes de los casos Gigli y Chechile, ocurridos también en Roca.

“No le puede pasar eso a este tribunal”, dijo el representante de Fiscalía de Estado, Federico Rosbaco.

Las defensas rechazaron los pedidos, asegurando que esos medios económicos aludidos no existen, porque tienen la mayoría de sus bienes embargados o inhibidos, además de recordar que en todo el proceso, a lo largo de cinco años, tuvieron una conducta ejemplar, ajustada a derecho.

Finalmente, los jueces resolvieron dando la razón sobre el incremento del riesgo de fuga, pero sin restringir totalmente la libertad de los condenados.


Millonaria estafa al Ipross: más de cinco años de proceso



Se cerró así una etapa de casi 63 meses desde que se presentó la denuncia, por parte de las entonces autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

A principios del 2019, el hallazgo de recetas, guardadas en una caja de zapatos, dentro de una farmacia que había cambiado de dueños por ese tiempo, marcó el insólito punto de partida para el escándalo.

Los nuevos propietarios de ese local trasladaron la situación al Colegio, que definió el armado de una comisión investigadora. Poco después, la dimensión de las irregularidades condujo todo hacia la Justicia, que abrió un legajo con siete imputados.

Tres mujeres de esa lista no llegaron al juicio oral y público que comenzó el 27 de junio del 2023.

Inicialmente, Marcela Gil y Marianela Guidi, expropietarias de esa farmacia donde empezó la historia, aceptaron sus responsabilidades y en el marco de un juicio abreviado acordaron una pena de tres años de prisión en suspenso.

Luego, en septiembre del 2022, Cecilia Balladini –entonces esposa de Caffaratti- fue sobreseída, ya que los acusadores consideraron que no había elementos firmes para continuar con la acción penal en su contra.

Cerradas esas instancias, en la Justicia se avanzó para determinar las responsabilidades de los dueños de las farmacias Tucumán, Araucana y Santa Teresita de Roca, además de la exauditora del Colegio. Hay que recordar también que Hugo Fasano, expresidente del Colegio y expropietario de una farmacia en Allen, también aparecía entre los responsables del perjuicio al Ipross, pero su fallecimiento interrumpió la acción penal en su contra.

Los antecedentes de otros tribunales no pueden ser utilizados con tal rigurosidad para fundamentar peticiones. Hay fallos para todos los gustos. Los hechos son concretos y las personas son concretas.

Laura Pérez, jueza que redactó el voto rector, sobre la comparación con los casos Gigli y Chechile.


El camino para recuperar el dinero de la estafa al Ipross


Después del proceso penal de primera instancia, la Fiscalía de Estado buscará avanzar en el fuero contencioso administrativo, donde presentó años atrás la demanda para que el Ipross recupere el dinero pagado en forma irregular por las estafas que sufrió. 

Esa causa tiene fijada una instancia importante para dentro de pocos días, ya que la Cámara Civil de Viedma fijó para el 23 de julio una audiencia en la que deberán presentarse todas las partes. 

La demanda original por el daño patrimonial fue iniciada en agosto del 2021 y en ese caso no sólo se incluyó a todos los entonces imputados, sino también al Colegio de Farmacéuticos de la provincia. 

Esa decisión se basó en tres ejes: En primer lugar, la responsabilidad contractual en el convenio con el Ipross, luego por la responsabilidad por los dependientes y finalmente por la responsabilidad sobre la red de prestadores.   

Con respecto a las sumas erogadas por la obra social a partir de las estafas, hay que mencionar también que en sus alegatos de la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se le restituya a Ipross el dinero embargado de la última partida que la obra social depositó a los farmacéuticos en el marco de la estafa pero que éstos no alcanzaron a cobrar por el bloqueo que impuso la investigación judicial. 

Ese pedido fue avalado por el tribunal en la sentencia leída hoy.


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