Los contrapuntos de la suspensión del magistrado de Viedma: «Buscan disciplinar a los jueces»
El legislador Juan Martín volvió a cuestionar la sanción que impuso el Consejo de la Magistratura. El conflicto en la Cámara Laboral escaló con un nuevo pedido de investigación.
Gustavo Guerra Labayén, juez laboral de Viedma (Foto Marcelo Ochoa archivo)
La suspensión del juez laboral de Viedma Gustavo Guerra Labayén generó un intenso debate en el cuarto intermedio que dispuso el Consejo de la Magistratura para tratar la moción: el legislador Juan Martin y la jueza Luján Ignazi no comulgaron con el pedido que hizo Lucas Pica, pero no alcanzó para evitar la separación provisoria del cargo del magistrado. Para el diputado y titular del PRO en Río Negro la medida busca disciplinar a todos los jueces y juezas de la provincia para “que tengan miedo”.
En la sesión Martin dijo que era una sanción excesiva e imprudente: “Creo que hasta puede configurar un prejuzgamiento, y tampoco creo que sea atendible el criterio según el cual la suspensión lo beneficie al juez denunciado para poder disponer de tiempo para elaborar una estrategia defensiva, como se dijo en la sesión”, agregó en declaraciones a DIARIO RÍO NEGRO.
La decisión del Consejo tiene varias aristas; entre ellas que el pedido de Pica no es nuevo: en marzo ya había solicitado la suspensión porque la denuncia la impulsó el Colegio de Abogados de Viedma. Justamente los letrados que litigan en el fuero laboral. Con el argumento de evitar nuevas rispideces y “sostener la buena salud” del sistema de justicia el legislador promovió la moción.
En ese momento no tuvo acompañamiento y si bien el razonamiento del Pica fue el mismo, el pedido se resignificó con los recientes fallos de la Cámara Laboral, todos con voto rector de Guerra Labayén, en los cuales se denuncian irregularidades entre abogados y el Estado provincial. Esto derivó en un nuevo pedido de auditoría que complica más al juez pero que también arrastra a sus colegas del tribunal: Rolando Gaitán y Carlos Marcelo Valverde.
La suspensión provisoria es una herramienta constitucional que tiene el Consejo y que ya se ha utilizado en varios casos y muchas investigaciones internas a funcionarios. Incluso en varios no hubo destituciones, ni sanciones graves. Sin ir más lejos la jueza de Familia de Roca Moira Revsin, no tuvo sanciones provisorias y fue destituida la semana pasada. Es decir que como argumentó el legislador no es un indicador de culpabilidad.
Sin embargo, para Martin, que ejerció una férrea defensa en contra de la suspensión, se trata de un adoctrinamiento y un prejuzgamiento contra el magistrado. Reconoció que los fallos que acusan a un grupo de abogados que trabajan en el Estado y también llevan causas en contra del Poder Ejecutivo fue un error, pero que la sanción es desmedida.
“Sí creo que hubo una irregularidad en las sentencias al introducir cuestiones que no tenían que ver con los hechos de las causas laborales que tramitaron ante la Cámara Laboral de Viedma, se termina involucrando a los justiciables en una disputa entre un juez, o ahora un tribunal y un grupo de abogados, el mismo colegio de Abogados de Viedma si se quiere, pero se termina desvirtuando el proceso, se desvía el foco de atención, se terminan ventilando y debatiendo cuestiones que exceden notoriamente lo que motivó la denuncia inicial”, declaró el legislador.
El sumariante que debe investigar las actuaciones de Guerra Labayén acusado de retrasar sentencias es Santiago Guenimul. Por otro lado, el Auditor del Poder Judicial Juan Manuel Montoto Guerra debe analizar si las resoluciones de la Cámara son causales de iniciar un nuevo sumario contra Labayén, Gaitán y Valverde.
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