Lo condenaron a un año y seis meses de prisión por amenazar y perseguir a una jueza de Bariloche
Sebastián Escalada responsabilizaba a Marcela Pájaro de ser la responsable por no poder ver a sus hijas. Su madre viajó con ellas a Estados Unidos y no regresó.
La camarista Marcela Pájaro fue durante muchos años titular de un juzgado de Familia en Bariloche y denunció las amenazas. Foto: archivo
El juez Marcos Burgos condenó a Sebastián Escalada a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por el delito de amenazas reiteradas a la exjueza de Familia y actual camarista Civil de Bariloche, Marcela Pájaro, y desobediencia judicial.
Además, le prohibió cualquier contacto o acercamiento a Pájaro, entre otras pautas de conducta.
A fines de octubre del año pasado, Burgos declaró a Escalada como autor penalmente responsable del delito de amenazas reiteradas en dos ocasiones a Pájaro. La pena se conoció nueve meses después.
Los inconvenientes surgieron cuatro años atrás cuando la madre de las dos hijas de Escalada viajó a Estados Unidos con un permiso de viaje por 90 días para visitar a su padre que atravesaba una enfermedad terminal. Nunca regresaron y el hombre no pudo viajar porque estaba deportado.
En ese momento, Escalada inició cuestionamientos públicos a la exjueza, amenazas y hasta circuló con un vehículo ploteado con el nombre de Pájaro a quien la acusaba de ser responsable de no poder ver a sus hijas.
En la última audiencia, Escalada dijo que jamás fue su intención amenazar a la jueza y que solo quería evitar que le quiten a sus hijas. “Las amenazas son una cortina de humo para tapar el error de la jueza y su moral. Hace 5 años y medio que reclamo por ver a mis hijas“, señaló. Insistió en que su intención no fue amedrentar a Pájaro: “Confunden a víctima y victimario. Continuaré luchando porque aún no he encontrado justicia“.
Pájaro, por su parte, explicó que Escalada concurría asiduamente al Juzgado a pesar de que ella le había aclarado que no tenía más nada que hacer. Manifestó haber recibido varios llamados de colegas mientras se encontraban en la sede del gremio Unter, donde ella participaría de un encuentro de Derechos Humanos. Allí Escalada manifestó que “si no le podían dar una solución, entonces tenía que matar a la jueza“. Dijo que comenzó a tener miedo porque el nivel de intimidación era cada vez mayor.
En una de las oportunidades, relató Pájaro, Escalada, junto a otras personas, se organizaron en pandemia para manifestar y debió permaneció cuatro horas encerrada. Reconoció haberse sentido aterrorizada y estuvo dos meses con custodia policial en su casa.
Agregó que tuvo que pedir licencia psiquiátrica e incluso, padeció episodios de presión alta.
En su fallo, el juez consideró que “los sucesos reprochados se dieron en el marco de un contexto de género. Ello por cuanto la circunstancia de haberse organizado junto a otros padres (todas personas de género masculino) para protagonizar un reclamo en contra de quien toma decisiones que resultan adversas a sus intereses o pretensiones y puntualmente se trata de una jueza, en su calidad también de mujer“. Además, recalcó que se dio en un momento donde regían las restricciones por la pandemia.
Burgos entendió que estas situaciones “la colocan (a Pájaro) en una situación de desprotección, vulnerabilidad y desigualdad frente a quienes llevaban adelante la protesta. En el mismo modo puede interpretarse la calificación de misoandria, utilizada por Escalada en plena audiencia de juicio para describir un aspecto o sindicar de esa forma a María Marcela Pájaro, lo que pone en evidencia su clara intención de desprecio y desacreditación hacia la nombrada“.
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