Lago Escondido: cerca de la sentencia y el final de la trama judicial

Con el dictamen del Procurador, que recomendó revocar el fallo de la Cámara de Apelaciones Civil de Bariloche, solo falta que el STJ dicte sentencia. Odarda dijo que denunciará a Crespo.

La demanda para garantizar el acceso público al lago Escondido se convirtió en trama judicial que acumula demasiados años. El caso tiene condimentos especiales. El lago quedó en el medio de una propiedad que pertenece al magnate inglés Joe Lewis desde 1996. El lugar contiene una extensa estancia, donde se encuentra el lago, generó controversias debido a su adquisición en una zona de frontera. Una familia de la zona se la vendió.

Todos esos condimentos contribuyeron a que la causa por el acceso al lago Escondido se convirtiera en un caso emblemático. Todo empezó en 2005, a partir de un amparo que la entonces legisladora provincial del Ari, Magdalena Odarda presentó ante un juez de Bariloche, que se declaró incompetente y remitió el caso al Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Odarda interpuso el amparo con el objeto de que se garantice el libre acceso al lago Escondido, se proceda a la reparación de caminos vecinales que a él conducen, eventualmente se proceda a la construcción de una nueva vía de acceso. Incluyó en su petición la fijación de un plan de manejo y un estudio de impacto ambiental respecto al área correspondiente a dicho lago, evitándose la concentración de la propiedad de la tierra y fomentándose el turismo, con conservación de la fauna y el patrimonio paisajístico.

La entonces Procuradora Liliana Piccinini dictaminó que la acción intentada por Odarda configuraba un mandamus y se pronunció por desestimarlo.

El 21 de septiembre de 2005, los jueces del STJ de Río Negro, Víctor Sodero Nievas, Luis Lutz y Alberto Balladini, rechazaron la acción de mandamus. En el segundo punto de esa sentencia advirtieron que había “cuestiones pendientes a resolver por parte de los requeridos, quienes en un plazo razonable deberán finalizar los trámites administrativos registrables pendientes en orden al cumplimiento del Decreto Nº 578/02; y lo propuesto por el señor Fiscal de Estado, para permitir y asegurar el acceso al Lago Escondido por el camino objeto de servidumbre, de acuerdo a las normas vigentes aplicables al caso”. Ese camino de servidumbre, al que los tres jueces del STJ se refirieron, era la traza larga por el sendero de montaña, que cruza por la estancia de la empresa Hidden Lake de Lewis.

Pero el Gobierno de Río Negro, que encabezaba por esos años el gobernador Miguel Saiz, no cumplió la sentencia que ordenaba a Viarse y el Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (Codema) ejecutar los trabajos para garantizar la accesibilidad por esa traza.

El Procurador Jorge Crespo advirtió en su dictamen del 1 de junio último que la opción del camino de Tacuifí (traza corta) Odarda la introdujo en 2009. Pero afirmó que la sentencia del STJ de septiembre de 2005 ya estaba firme y solo había que ejecutarla.

Sodero Nievas, Lutz y Balladini indicaron en un fallo del 29 de julio de 2009 que Odarda peticionó que “se contemple la posibilidad de evaluar otras alternativas de acceso al Lago Escondido, como por ejemplo el viejo camino utilizado previo a la adquisición de la estancia Hidden Lake SA. que nace en el Paraje conocido como Tacuifí, el cual pasa por un camping y es transitable por vecinos del lugar”.

Pero los jueces del STJ señalaron en esa resolución que “del informe presentado por la Fiscalía de Estado, surge que se llevará a cabo la ejecución de obras de señalización y mejoramiento del sendero de montaña que une la Ruta Provincial 40 con el camino existente en la servidumbre de paso constituida; en cumplimiento con lo establecido en el artículo 73 de la Carta Magna Provincial”.

Dato

18 años
lleva la causa en la justicia rionegrina. El expediente se originó a principios de 2005 como una acción de amparo.

Fijaron un plazo de 120 días para que se cumpla con la señalización y medidas de seguridad y notificaron a Viarse y al Codema, bajo apercibimiento de aplicarles una multa en caso de incumplir.

El 29 de marzo de 2012, Sodero Nievas, junto con el juez subrogante Roberto Maturana, ordenó remitir la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche para que asigne la competencia al juzgado civil que corresponda para el seguimiento y cumplimiento de dicha sentencia de 2009 “en cuanto a la señalización y medidas de seguridad del sendero de montaña y demás bienes ambientales involucrados, que permita el acceso al Lago Escondido a cargo del Estado Provincial”.

La Cámara asignó la causa al entonces juez civil Carlos Cuéllar. Crespo afirmó que Cuéllar trastocó y malinterpretó la sentencia.

Advirtió que el juez de primera instancia en una resolución del 22 de febrero del 2013 estableció un nuevo plazo a Viarse y al Codema para que finalicen las obligaciones impuestas con relación a la traza larga de acceso al lago Escondido “y seguidamente -soslayando la clara manda a ejecutar- refiere a la traza corta (camino Tacuifí) y advirtiendo que ha sido omitido por el STJ fijar un plazo también respecto de las obligaciones a llevar adelante en este segundo camino”.

Los apoderados legales de Hidden Lake pegaron el grito en el cielo. Por eso, impugnaron.

Crespo sostuvo en su dictamen que todo devino en “un proceso que se extendió durante más de 17 años y tal como se ha detallado, resultó confuso, engorroso, con un dispendio innecesario de actos procesales llevados adelantes tanto por las partes como por la jurisdicción, con la continua insistencia de la amparista de peticionar el cumplimiento de un obrar por parte de la requerida que nunca formó parte del litigio principal”.

Dato

33 km.
Es la distancia aproximada que tiene el sendero de montaña para acceder al lago, mientras que Tacuifí es más corto.

Y criticó tanto el fallo de Cuéllar como el de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche, que con los votos de la jueza Marcela Pájaro y Alfredo Serra, confirmaron en septiembre del año pasado lo dispuesto por Cuéllar y avalaron el acceso por el camino de Tacuifí.

Crespo sostuvo que lo resuelto por Pájaro y Serra quebrantó “el principio de congruencia, resolviendo sobre pretensiones que fueron rechazadas, efectuando un análisis ilógico de las decisiones del STJ…”.
“Aun cuando, en el más remoto e ilógico de los casos, se pudiera interpretar que se ha ordenado la apertura concreta del camino privado de Tacuifí para acceder al Lago Escondido, la arbitrariedad de la sentencia en este caso emanada del STJ, incurriría en la arbitrariedad e ilegitimidad de sortear todo procedimiento legal-administrativo que conlleva la constitución de servidumbre a fin de poder afectar al uso público un camino privado, es decir la habilitación a través de la ley formal y su correspondiente indemnización a los particulares afectados”, planteó Crespo, en referencia a los propietarios de los lotes por donde cruza el camino de Tacuifí.

Por eso, dictaminó por revocar el fallo de la Cámara de Bariloche y anular lo dispuesto por Cuéllar. En las próximas semanas, los jueces del STJ dictarán sentencia que tal vez ponga fin a un litigio que pronto cumplirá 18 años. Será un STJ con una integración especial, porque Liliana Piccinini y Sergio Ceci se excusaron.


Acceso a lago Escondido: “Voy a denunciar a Crespo por traición a la Patria”


La diputada provincial electa Magdalena Odarda anunció que denunciará “por traición a la patria” al Procurador Jorge Crespo, quien dictaminó el 1 de junio último por admitir los recursos de casación presentados por Hidden Lake SA y el Gobierno rionegrino y, en consecuencia, revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche.

La Cámara confirmó lo resuelto en febrero de 2013 por el exjuez civil de Bariloche Carlos Cuéllar de garantizar el acceso al lago Escondido por la traza larga (sendero de montaña) y por el camino de Tacuifí (traza corta). Crespo recomendó al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que tiene que dictar sentencia, declarar la nulidad de lo resuelto por Cuéllar.

Odarda aseguró ayer que denunciará a Crespo porque “incurre en delito de traición a la patria por entregar parte del patrimonio natural para el uso de un ciudadano ingles y al pretender desechar el camino de Tacuifí”.

Advirtió que el Procurador “incurre en un dictamen discriminatorio contrario al principio de igualdad que emana de nuestra Constitución”. “Los niños, ancianos y personas con discapacidad jamás van a poder acceder al derecho al agua y al cuidado del ambiente (la biodiversidad que rodea al lago Escondido)”, afirmó, en referencia a las dificultades que Odarda señala que presenta la traza por el sendero de montaña.

Dijo que habrá “movilización en toda la provincia” por la causa de lago Escondido. Sostuvo que el derecho a la justicia ambiental del Tratado de Escazú “es flagrantemente violentado, no solo porque no se cumplen las sentencias ambientales desde el 2009 a la fecha, sino porque no protegen a los activistas ambientales como defensores de los derechos humanos tal como lo indica el Tratado”.

Odarda denunció que “se permite que una “fuerza parapolicial” vinculada a Joseph Lewis cometa el delito de intento de homicidio contra las personas que intenten circular por un camino afectado al uso público desde 2013”.

Mencionó que Crespo “en forma maliciosa y violando las reglas de Bangalore, que por acordada lo obliga a no ser sospechado de imparcialidad y falta de independencia del poder político, desconoce la sentencia firme y con autoridad de cosa Juzgada que llegó a la Corte Suprema, donde los recursos de queja de Hidden Lake fueron rechazados”.

Afirmó que el camino de Tacuifí “fue incorporado por el ex juez del STJ Luis Lutz en la audiencia en la escuela de El Foyel de Oficio”.

“El ese día (por el 26 de enero de 2007 Lutz) caminaba con bastón y debía iniciar una inspección ocular por el sendero de montaña. Manifestó que ello era de cumplimiento posible solo para “personas adiestradas”. De ahí, se incorporan los mapas del camino de Tacuifí de oficio”, reiteró Odarda.


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