La vidente acusada de estafa en Rincón de los Sauces eludió el juicio
La fiscalía se opuso al cierre de la causa, pero el juez le hizo lugar al pedido de la víctima que atraviesa una situación de vulnerabilidad.
La vidente Valeria y su pareja eludieron el juicio oral por una estafa cometida en Rincón de los Sauces, gracias a un acuerdo al que arribaron su abogado defensor con el representante de la víctima. La fiscalía se opuso pero no encontró eco en el juez.
De esta manera, tanto Valeria (no es su nombre real, así se promociona en las redes sociales) como su marido quedaron sin antecedentes penales y recuperaron sus documentos de identidad, por lo que podrán circular por el país o volver a Brasil, de donde son oriundos.
El acuerdo entre el defensor Alfredo Cury y el querellante Marcelo Hertzriken Velasco consistió en que la víctima recibirá de los imputados una suma de dinero como «indemnización» (así lo definió Cury) a cambio de que la causa penal se cierre de inmediato.
En caso de que la causa siga abierta, Cury ofreció la mitad de la suma original a pagar de inmediato también para lograr un sobreseimiento.
Una salida difícil de entender para el juez
Al juez que intervino, Raúl Aufranc, le costó entender este enmarañado acuerdo con dos opciones que le presentaron la defensa y la querella. Tuvo que rebuscar entre artículos del Código Procesal Penal alguno que le permitiera una forma prolija de homologarlo.
La fiscal del caso de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero, se opuso y pidió ir a juicio. Dijo que se seguían aprovechando de la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien cayó en manos de la vidente Valeria en un momento muy difícil de su vida.
«Confié mucho en Valeria, se hizo muy amiga mía», ratificó la víctima, presente en la audiencia. Dijo que la decepcionó, pero expresó convencida que no quería seguir con el proceso por razones de salud.
Interés público vs. interés privado
Hertzriken Velasco y Cury (el cuarto defensor que interviene) pusieron mucho empeño para que se tuviera en cuenta su palabra. La fiscalía en cambio aseguró que el interés público era prevalente.
El juez Aufranc no estuvo de acuerdo con la fiscal, señaló que debía priorizar el interés privado, y dispuso que los imputados le paguen el monto de dinero acordado a la víctima.
Una vez que se materialice, quedarán limpios de antecedentes.
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