La responsabilidad civil en los crímenes de la dictadura sigue en debate en el juicio Escuelita VIII
Dos mujeres fueron citadas para dar testimonio de contexto hoy en el juicio contra el ex fiscal federal Víctor Ortiz y el ex juez federal en 1976 Pedro Duarte
Se reanuda el juicio por la responsabilidad de los civiles durante la dictadura en el Alto Valle (foto Cecilia Maletti)
Los testimonios de una antropóloga del Conicet y de una integrante de una lof mapuche en Aluminé buscarán plantear el contexto y el perfil de los acusados en el juicio que se reanudará por la mañana por los crímenes cometidos durante la dictadura en el Alto Valle.
Pedro Duarte y Víctor Ortiz están acusados por la fiscalía y las querellas de haber formado parte del plan de desapariciones y tormentos en la zona. Tras las presentaciones de las testigos hoy, la expectativa estará en las próximas jornadas en la inspección ocular que se proyectó en el lugar donde funcionó el centro clandestino en Neuquén: Chaco y Lanín, en los fondos del batallón neuquino.
También está prevista la visita del Tribunal a la ex U9 y a la sede del juzgado federal de Neuquén en 1976, que es el mismo edificio que está ubicado actualmente en Ministro González y Santa Fe para el juzgado 1 del fuero federal.
Al término de las inspecciones oculares, se prevé que inicien las audiencias con los testimonios planteados por la defensa pública, que tiene a su cargo los planteos de Ortiz y de Duarte.
El juicio se lleva a cabo en la sede de Avenida Argentina 1.680 de Neuquén, con horario de inicio a las 8,30. La jueza María Paula Marisi preside el tribunal.
En las indagatorias de inicio, los acusados negaron haber conocido la existencia de centreos clandestinos, torturas de desaparecidos o de operativos de secuestros en la región, en tanto responsabilizaron a las madres y padres que presentaron denuncias, de haber encarado mal los expedientes.
Durante las audiencias, el equipo de la defensa pública destacó los esfuerzos del ex juez y el ex fiscal en solicitar informes por las personas a las que se le pedía paradero. La fiscalía sostuvo que las actuaciones fueron parte de la maniobra de participación de los magistrados en el plan criminal y en los operativos.
Como los padres y madres tenían entre 30 y 40 años cuando radicaron las denuncias y habeas corpus por la desaparición de sus hijos adolescentes o jóvenes, a 47 años de los secuestros, muchos no estaban en condiciones de declarar ante los jueces o fallecieron. En estas audiencias 2024 fueron los testimonios de hijos de detenidos – desaparecidos o hermanos y hermanas de las víctimas los que dieron cuenta de las actuaciones judiciales que llevaron a cabo sus familiares, en su mayoría, por referencias directas o de terceros en la familia.
Comentarios