La querella en la causa Comarsa pedirá la aplicación de la ley Yolanda en la justicia de Neuquén
Impugnaron el cese del embargo de 7 millones de dólares para los empresarios acusados de contaminar el Parque Industrial y lucrar con la maniobra. Buscarán que los funcionarios y operadores judiciales se capaciten en derecho ambiental.
Rafael Colombo, de la asociación de Abogados Ambientalistas frente al TSJ de Neuquén (foto Matías Subat)
«Lo que venimos a hacer, en realidad, es una manifestación de preocupación», dijo el abogado de la asociación de Abogados Ambientalistas, Rafael Colombo, en las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, tras impugnar el cese de la cautelar que le había impuesto embargos por 7 millones de dólares a los empresarios acusados de contaminación y defraudación en el Parque Industrial Neuquén.
Colombo recordó que los embargos fueron dispuestos por 4 jueces antes de que el tribunal de impugnación los dejara sin efecto y consideró que la justicia debe estar «a la altura de las circunstancias», reinstalar los embargos a los acusados y dar señales de avanzar en contra de la «criminalidad ambiental de los poderosos». Bregó también porque la fiscalía de Delitos Ambientales avance hacia el juicio oral por la contaminación generada de los desechos de la explotación de Vaca Muerta.
La organización que integra Colombo, la APDH Neuquén y la Confederación Mapuche de Neuquén son parte de la querella en la causa en contra de Comarsa, cuyos directivos están acusados por la fiscalía de delitos ambientales de recibir contratos millonarios para remediar barros empetrolados sin hacer el trabajo y a sabiendas de que estaban excedidos en la capacidad de ejecutar las tareas.
Los querellantes informaron que la semana que viene se llevará a cabo la audiencia de revisión ante un juez de garantías, ordenada por el tribunal de impugnación.
En paralelo a la apelación, la querella sostuvo la necesidad de que se aplique la «ley Yolanda» o la obligación de capacitación de los operadores judiciales en la temática ambiental. «Neuquén tiene su propia ley Yolanda provincial, pero se aplica solo a la administración pública», dijo Colombo.
Los lodos con hidrocarburos quedaron acopiados en el Parque Industrial Neuquén, a unas cinco cuadras de la urbanización creciente y espasmódica de las tomas y a igual distancia que los nuevos lotes planificados y en desarrollo del municipio de Neuquén.
El abogado recordó que casi 10.000 camiones de contaminantes cancerígenos se acumularon hasta desbordar en el predio a la vista de los funcionarios provinciales y municipales.
Desde la APDH se informó además que la visita de Colombo buscará avanzar en reuniones con la administración municipal y provincial.
«La justicia dijo en su momento que no era facultad del poder judicial comunicar a la administración municipal o provincial sobre los eventuales daños a la población (en las inmediaciones) porque estimaba que los estudios impacto estaban hechos en caso de que los loteos que se impulsaban alrededor de Comarsa: nosotros estamos seguros de que no hay» esos estudios dijo el abogado de la APDH, Bruno Vadalá.
La empresa desde el año pasado se retiró del tratamiento y sigue acumulando barros en Añelo.
«Lo que queremos es que los imputados, con sus maniobras delictivas, no afecten a las generaciones futuras con su daño», dijo Vadalá quien recordó que la fiscalización está en cabeza de la provincia y que el Instituto Municipal de Urbanismo de Neuquén (IMUH) prevé loteos junto a los barros abandonados por la empresa.
«El costo estimado de una remediación triplica la cantidad embargada, pero sería un principio de búsqueda de solución, hay que sanear el daño ambiental porque lo que intentamos acá es que las generaciones futuras no sufran el daño que inescrupulosos como los imputados realizan con sus maniobras», dijo.
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