La provincia de Neuquén perdió un millonario juicio por el acueducto Los Barreales

La obra fue definida en su momento como "la más importante de la Argentina". El plazo original de construcción era de dos años, pero se inauguró casi una década después.

La provincia de Neuquén perdió un millonario juicio por los mayores costos que demandó la construcción del acueducto que abastece a Cutral Co y Plaza Huincul desde el lago Los Barreales. La sentencia ya está firme y en etapa de ejecución.

De acuerdo con un fallo del 23 de noviembre del 2022 que no había trascendido hasta ahora, el Estado provincial fue condenado a pagar 70.498.442,96 pesos en concepto de capital, y 866.882.499 pesos de intereses. La sentencia lleva la firma del juez procesal administrativo José Carlos Pusterla.

Un litigio paralelo se estableció por las costas del proceso. La provincia había sido condenada a pagar los honorarios de los abogados de las empresas que iniciaron la demanda, pero una sentencia posterior dispuso que cada parte se haga cargo de los gastos ocasionados. Lo que en la jerga se denomina «costas en el orden causado.»

No fue posible averiguar a cuánto ascienden los honorarios.

La historia empezó en 2005


La obra del acueducto Los Barreales se llama oficialmente «San Isidro Labrador – Provisión de agua para riego micro región Cutral Co, Plaza Huincul, Challacó» y se tramitó por licitación pública 5 del año 2005, bajo el gobierno de Jorge Sobisch. El presupuesto oficial, a noviembre de ese año, fue de 147.671.694 pesos, con un plazo de ejecución de dos años.

Se adjudicó a las empresas Riva, Codam y Enrique Sanandrés Rivas (ENSA). El objetivo original mutó: de riego, pasó a provisión de agua potable para las ciudades que hasta hoy padecen problemas de abastecimiento.

Pasaron cosas, y la inauguración recién se produjo 9 años después, el 22 de octubre del 2014 durante el 81 aniversario de Cutral Co. Para entonces gobernaba Jorge Sapag quien cortó las cintas con su vice Ana Pechen. En la foto también salieron su ministro de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, y el intendente de la ciudad, Ramón Rioseco.

Ese mismo año, las empresas iniciaron un reclamo administrativo por mayores costos.

¿Cuánto costó?


El gobierno provincial venía informando que el acueducto había demandado una inversión de 215 millones de pesos o 232 millones de pesos (según la gacetilla oficial que se consulte), y el día de la inauguración Sapag afirmó en su discurso: «Ustedes vieron un monto de obra de unos 300 millones de pesos entre la obra básica y la obra de electrificación, pero si lo actualizamos a ese importe, a lo largo de estos 5 o 6 años que se estuvo construyendo, creo que es una obra que superaría los 800, 900 millones de pesos a valores actualizados».

Los puntos de reclamo


El reclamo de las empresas Riva, Codam y ENSA se basó en varios puntos:

• «La obra tuvo numerosas alteraciones y modificaciones, entre ellas, cambió el destino originariamente previsto, de una obra de riego a una de provisión de agua potable, lo que produjo sensibles variaciones en las tareas».

• Mayor permanencia de obra;

• Reconocimiento de suelo duro;

• Diferencia de índice del material de composición de la cañería instalada (PRFV);

• Atraso en el pago de los certificados de re determinaciones de precios e intereses;

• Diferencia en la aplicación de la metodología de cálculo de las redeterminaciones de precios.

Reconocimiento parcial


El 6 de julio del 2015, mediante el decreto 1437/15, la provincia asumió un acuerdo transaccional por el cual reconoció parcialmente los reclamos, y ofreció «como único pago» que «la contratista acepta de plena conformidad», la suma de 70.498.442,96 pesos.

Pero frente a la falta de pago, señala el fallo del juez Pusterla, el 28 de abril del 2016 las empresas emplazaron a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, «sin obtener respuesta». Posteriormente iniciaron una acción de amparo por mora.

«Transcurridos más de dos años desde la sanción del decreto 1437/15 y de celebrado el acuerdo transaccional, la provincia no arbitró los procedimientos internos para realizar el pago», continúa el fallo.

Fallo y confirmación


El 2 de julio del 2021, el juez Pusterla hizo lugar a la demanda de las empresas y condenó a la provincia a pagar los 70 millones de pesos. «A dicha suma deberán adicionarse intereses», remarcó.

A través de la fiscalía de Estado, Neuquén apeló al Tribunal Superior de Justicia. El 4 de febrero del 2022, la sala Procesal Administrativa integrada por María Soledad Gennari y Alfredo Elosu Larumbe rechazó el recurso y dejó firme la sentencia de Pusterla.

La provincia intentó entonces llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal, que fue rechazado por la misma sala del Tribunal Superior de Justicia el 8 de junio del 2022.

El fallo quedó firme (aunque la fiscalía de Estado fue en queja a la Corte, y está a la espera de una respuesta). Se practicó entonces el cálculo de intereses que arrojó la suma de 866.882.499 pesos sobre el capital.

Otra impugnación


Una vez más la fiscalía de Estado impugnó, en desacuerdo con el método de cálculo, pero en el fallo del 23 de noviembre del año pasado el juez Pusterla rechazó el recurso.

El último movimiento en la causa se produjo por un reclamo de las empresas, que se quejaron porque Pusterla fijó el pago de las costas «por su orden» (cada parte se hace cargo de los honorarios de sus abogados).

La provincia también protestó, en su caso porque consideró que se había vulnerado su derecho de defensa, entre otros argumentos.

La sala procesal administrativa del Tribunal, esta vez integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Germán Busamia, rechazó todos los planteos y ratificó el fallo de Pusterla con el pago de costas por su orden.


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