La persecución a abogados, ex jueces y diputados durante los primeros meses del golpe cívico militar en Neuquén

«Cada vez que declara un testigo, la ausencia de justicia y de poder acceder a una respuesta en la época, queda clara», dijo el querellante de la secretaría de Derechos Humanos, Marcelo Medrano, tras las testimoniales del juicio de lesa humanidad en Neuquén por las responsabilidades civiles durante la dictadura.

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En la jornada de ayer hubo una reprogramación de testigos y declararon Carlos Arias, nieto del juez que recibió un atentado en la sede del juzgado federal en 1975 e hijo de «Chango» Arias, el legislador del Frejuli que permaneció desaparecido tras el golpe militar hasta que lo blanquearon en la cárcel de Floresta, Bahía Blanca.

Eduardo Buamscha, diputado de la misma bancada y también víctima de tormentos en «La Escuelita» de Bahía, también fue citado y agregó desde San Martín de los Andes, y por videoconferencia, detalles de la detención de Carlos Arias, el padre del testigo. Carlos Arias padre, fue diputado provincial a partir de 1973 y hasta que los militares cerraron la Legislatura el 24 de marzo de 1976.

El diputado no estaba el día del golpe en Neuquén sino que regresaba de viaje desde Buenos Aires cuando fue interceptado en un control militar. «Él estuvo desaparecido hasta que un contador de Cipolletti, detenido en Bahía Blanca, de apellido Tropeano, le dijo a sus familiares que le avisaran a mi madre que estaba en allá», dijo su hijo.

«Eran como las 2 de la mañana y a la casa de Ángela, la esposa del Chango Arias, cayó Farías Barrera (uno de los jefes de los grupos de tareas) y Raúl Guglielminetti (civil que lideraba grupos de tareas), dieron vuelta la casa y preguntaban por el chango Arias, por René Chavez y por mi, que me escapé por los techos», dijo Buamscha.

Agregó que durante su detención (luego se presentó en el Comando) en el centro clandestino de Bahía y en los penales de la dictadura «nunca estuve en contacto con ningún abogado, ni con un juez, ni con un fiscal. Farías Barrera nos sacaba del penal y nos hacía dar vueltas«, detalló.

Buamscha describió que, antes de golpe, su condición de diputado le permitía ir a visitar presos políticos, como los dirigentes vecinales del barrio Sapere. Destacó a Orlando Cancio y Javier Seminario, con los que luego del golpe estuvo en la cárcel. Ocurrió lo mismo con José Méndez y Miguel Pincheira, todos desaparecidos tras los traslados organizados por el grupo de tareas. «Si hubo alguna gestión legal, la desconozco, no había mucha posibilidad, los jueces dependían del Ejército», dijo Buamscha.

Llamó la atención durante la declaración del testigo Arias que le hicieran ver un expediente en el que reconoció la firma de su padre, que era uno de los abogados defensores de Seminario en una indagatoria fechada en 1974. «Carlos reconoció la firma de su papá cuando asumió la defensa de Seminario, cuatro años del golpe. En ese tiempo, Víctor Marcelo Ortiz (el ex fiscal acusado en este juicio) era el secretario del juzgado federal», explicó luego el querellante Medrano.

El otro imputado es Pedro Duarte, ex juez federal desde junio de 1976. Antes de asumir la titularidad del juzgado, no tenía carrera judicial sino que era el era asesor/auditor legal del Comando de la Sexta Brigada.

Agregó que con una modalidad diferente de plantear los testimonios en este juicio, «lo que se busca es ir hilvanando. Ellos (los imputados) no cumplieron el rol para el que fueron designados y tuvo que ver con un plan, por eso asumieron esa jefatura en el ministerio público fiscal (durante la dictadura) para no hacer nada», sostuvo Medrano.

El foco en los procedimientos judiciales o su ausencia

«Ahora el contexto judicial importa», afirmó el fiscal Miguel Angel Palazzani al explicar que, si bien se citó en esta etapa a testigos que ya bridaron los detalles de su encarcelamiento o de su paso por las cárceles de la dictadura, se avanzará en «un aspecto que en otros juicios no se profundizó demasiado, porque no estaban imputados los funcionarios judiciales».

También se le consultó al testigo Carlos Arias sobre el Colegio de Abogados, la matrícula y la dinámica judicial de Neuquén en 1976. Aunque Arias tenía unos 7 años para esa época, aportó elementos, ya que cuando se recibió como abogado (como su padre y su abuelo) fue titular del Colegio en Neuquén. Explicó que vio documentos de su padre y su abuelo que indicaban que en ese período no eran en la zona más de 200 abogados. «Mi papá era el numero 33, sé que Tomás Kohon era la primera matrícula, Marcelo Otharán la segunda, también estaban Lapilover y Massei, ellos deben acordarse», sostuvo.

Oscar Massei integra la lista de testigos de este juicio. «Es una persona que vivió los acontecimientos del 76 desde un lugar privilegiado, en momentos previos y posteriores al golpe, conoce a los protagonistas, tanto los imputados como a las víctimas. Tiene mucho que aportar respecto del contexto de Neuquén en los 70″, ponderó Palazzani.

El fiscal agregó que buscarán abordar con los diferentes testimonios «cuál era la dinámica de los abogados en ese Neuquén que no era tan grande, por qué ponían la bomba en el juzgado federal (por el atentado contra el juez Carlos Arias, padre del Chango y abuelo del primer testigo) y luego venía otro juez que era militar», dijo en referncia a Duarte. Agregó que «había un secretario del juzgado (por el imputado Ortiz) que cuando era secretario conocía el sistema federal y luego cuando fue fiscal dice que la policía federal no podía allanar», cuestionó.

Palazzani volvió sobre el testimonio de Buamscha y de Arias como diputados provinciales, personas que eran conocidos públicamente y que era notorio que habían desaparecido, uno de ellos, hijo de un juez federal de la jurisdicción. «Y nunca fueron asesorados por abogados, desaparece un personaje público y las autoridades judiciales (como Duarte y Ortiz) no se enteraron», se preguntó Palazzani en clara oposición a la indagatoria de los imputados que aseguraron que supieron de los desaparecidos y las detenciones ilegales con el regreso de la democracia, después del 83 y con las causas iniciadas después del 85 y hasta el 87.

Aunque la mayoría de las audiencias las preside la jueza María Paula Marisi, ayer la jornada fue coordinada en la sala por el juez Alejandro Silva, debido a que tanto Marisi como el juez Sebastián Foglia siguieron el debate por videoconferencia. Para presidir, Silva, dejó el escenario de AMUC y pidió un escritorio en la parte baja, para estar al mismo nivel que los testigos y las partes

El tribunal citó a las partes el 12 de diciembre a las 8,30 de la mañana «con el máximo de testigos posibles», solicitó a fin de avanzar con el cronograma antes de la feria judicial.

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