La Justicia puso fecha y hora para el desalojo de una toma en tierras en Bariloche
El viernes 2 de febrero a las 9.30 la policía debe proceder al desalojo del terreno, de unos 5.000 metros cuadrados. El lote es municipal pero fue cedido al Consejo de Educación.
La audiencia de formulación de cargos se realizó hoy. Los jóvenes que ocuparon serán desalojados. Gentileza
Aplicar la máxima severidad con una ocupación de tierras municipales para evitar que se consolide y disuadir otros intentos similares fue el criterio seguido al parecer por la justicia penal de Bariloche, que hoy validó la imputación contra cuatro de los responsables y le puso fecha al desalojo de la toma.
El juez de Garantías Ricardo Calcagno decidió que el viernes 2 de febrero a las 9.30 la policía lleve a cabo el desalojo del terreno, de unos 5.000 metros cuadrados, que una decena de familias ocupan desde la semana pasada. El predio de alrededor de media hectárea está ubicado en Mange entre Rolando y Palacios, pertenece al municipio y tiene una “cesión de titularidad” al Consejo de Educación.
Esta mañana se realizó en los tribunales locales la audiencia de formulación de cargos contra cuatro de los imputados por el delito de usurpación. El parte difundido por la Procuración señala que existen otras personas que participan de la toma y fueron notificadas, pero “no comparecieron”.
Según la fiscal de feria Silvia Paolini, los acusados actuaron “de común acuerdo” entre el 16 y el 17 de enero, para ingresar al predio, se aprovecharon de la ausencia de cuidadores del terreno y sabían que se trataba de un lote municipal.
Según la denuncia, delimitaron parcelas “con cables y palos del lugar”, montaron algunas carpas y dejaron bolsos “y elementos personales” con el propósito de establecer reservas de espacio, “todo ello con la evidente finalidad de introducirse y despojar a los legítimos poseedores de sus derechos”.
La policía se presentó en el lugar el miércoles 17 para disuadir la toma, pero no lo logró y se encontró con una resistencia mediante un “acto violento” del que participaron una decena de personas y que la fiscalía no detalló.
Actuaciones posteriores de la policía comprobaron el “corte de árboles” en el lugar, según consta en la Justicia, que inició actuaciones formales a partir de la denuncia del municipio. La fiscalía intentó buscar con los responsables de la toma una resolución pacífica del conflicto, pero “los imputados se han negado”, según indicó Paolini.
La defensa de los cuatro jóvenes estuvo a cargo del defensor Marcos Cicciarello, quien alegó que no estaban demostradas en el caso las características del delito de usurpación, en el que deben mediar acciones de “despojo”.
Sostuvo que el municipio “no ha ejercido actos posesorios sobre el inmueble”, de modo que las personas pudieron ingresar sin recurrir “a ningún tipo de clandestinidad”, y tampoco usaron violencia ni amenazas, ya que el predio no estaba cercado y no tenía sereno.
El juez Calcagno desestimó los argumentos del defensor. Admitió como formulados los cargos por usurpación contra los cuatro imputados y dispuso avanzar con el desalojo.
Dijo que no iba a ordenar es acción en el plazo inmediato de 72 horas “por cuanto la defensa puede impugnar esta resolución dentro de los próximos cinco días”. Pero sí puso fecha para ejecutar el desalojo de las cuatro personas imputadas “al sexto día a partir de la fecha”, es decir durante la mañana del viernes 2.
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