Buscan conocer qué tienen las piletas contaminantes en la meseta de Neuquén

Conminaron al subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio, a pagar astreintes (multas) por la falta de medidas de señalamiento y control sobre las piletas en la meseta.

La justicia inspeccionó este viernes, nuevamente, las piletas que desbordan contaminantes a pocos metros del ingreso al Complejo Ambiental Neuquén (CAN). El viernes se hizo una extracción de muestras ordenanda por la justicia.

La jueza le ordenó a la comuna que informe sobre la situación cloacal de la ciudad. La solicitud es nueva, e integra el amparo que inició la Defensoría del Pueblo en octubre de 2022. El año pasado. la jueza aceptó la incorporación de la Asamblea Por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) como tercera interesada, y el 10 de marzo la APDH integró la inspección que se decidió en el lugar.

En la inspección ocular de la también estuvo representado el municipio, que fue intimado por la jueza a proteger el lugar y controlar el vertido que se estaba produciendo en las viejas piletas de oxidación, donde se vierten todo tipo de desechos, no solo los cloacales, según los olores que se perciben en el lugar. Esto se había solicitado en el inicio de las actuaciones y la falta de medidas en de cuidado provocaron malestar en la magistrada.

El viernes, la justicia ordenó peritar qué tipo de líquidos tienen esas piletas contaminantes.

La ciudad de Neuquén recibió la notificación destinada al subsecretario Francisco Baggio donde se indicó que si la comuna no toma medidas de control como se solicitó hace 6 meses, le cobrará multas diarias al funcionario más alto de la cartera interviniente, en este caso, el subsecretario de Medio Ambiente, aunque esté de licencia por su candidatura.

La medida se aplicó antes con un ex intendente de la ciudad y un funcionario del EPAS. En todos los casos, los funcionarios apelaron.

Ni Baggio ni la municipalidad respondieron las consultas de «Río Negro». Sin embargo, tanto desde la Defensoría como desde la APDH confirmaron que los técnicos de la comuna y un abogado estuvieron en ambas inspecciones judiciales a las fosas contaminadas, por lo que se conoce la actuación judicial en el lugar y los planteos que terminaron en las medidas de la jueza.

Según especificó el defensor Ricardo Riva, en el relevamiento que llevó a cabo la jueza Claudia Zapata se constató la falta de cartelería adecuada y de un control permanente, adecuado para vigilar y ver los camiones que estaban habilitados a depositar los residuos cloacales y baños quimicos.

La jueza constató en el lugar situaciones que en el expediente aparentemente estaban descriptas de otra manera. Según se precisó, vio cómo en el lugar cualquier camión llegaba, tiraba desechos y se iba, sin mediar ninguna intervención municipal.

Según precisó Bruno Vadalá, por la APDH, «había una orden judicial de que hasta que se trate la cuestión de fondo, del daño ambiental y la remediación, se cuide el vertido allí o lo que se controle lo que se sigue tirando en esas piletas», sostuvo.

Recordó que las piletas de oxidación, es la respuesta económica para el tratamiento del vertido cloacal y que en el caso de las viejas piletas frente al CAN, se trata de grandes dimensiones de piletones abandonados hace mucho tiempo y como no hay control, se tiran otros vertidos. el proceso natural de oxidación no se cumple.

«Sabiendo la existencia del estado de estas piletas, la municipalidad con una falta de planificación notoria, mudó a la población a menos de 350 metros de ese lugar«, dijo Vadalá.

Recordó que el conflicto se hizo público, cuando se buscó remediar esos viejos piletones, con nuevas excavaciones para oxidación que se licitaron en 70 millones de pesos, que estaban pegadas a la zona en vías de urbanización y luego se abandonaron por el reclamo de la comunidad mapuche, que está lindera a las excavaciones que quedaron como pozones de cantera en la meseta.

Al menos de un kilómetro de los piletones de oxidación, crece la urbanización del lote 34, que es la reubicación de familias de escasos recursos que protagonizaron tomas: Son 12 hectáreas de extensión total donde la comuna que delimitó lotes con luz y agua, donde se instalaron las familias que dejaron la toma Casimiro, por ejemplo.

En la primera reubicación se diagramaron 420 lotes, en la segunda más de 500 y otras 250 fueron proyectadas con algunas organizaciones intermedias. Al norte de ese diagrama, están proyectados los 2.000 lotes con servicio de la ampliación del ejido, de los cuales hubo en estos días compromiso municipal con el loteo joven.

«Como el viento viene mayoritariamente del Oeste, el medio ambiente que tiene los reubicados es ése, el del basural» cuestionó Vadalá. Aseguró la reubicación del CAN (que tiene un plazo de 3 años), se anunció con posterioridad al traslado de familias a la meseta como zona de crecimiento poblacional.

La jueza decidió, bajo apercibimiento de cobrarle astreintes a Baggio, que la estructura de Medio Ambiente de la comuna cumpla la medida que dispuso hace seis meses: se controle qué se vierte en el lugar.

Solicitó además que el Ejecutivo Municipal le informe quién autorizó la instalación de las viejas piletas y cuál fue el organismo de control, el informe de impacto ambiental de esa zonza, qué tipo de vertido hay en el lugar y a quiénes se autoriza el vertido allí.

La funcionaria judicial solicitó conocer también qué porcentaje de la población de la ciudad no tiene conexión cloacal, cuáles son los camiones atmosféricos habilitados en la ciudad para verter allí y también si las empresas de baños químicos tiran desechos en el lugar; en tanto requirió saber si el EPAS tiene camiones vector (de desosbrucción cloacal) que tiren residuos en esos piletones que siguen recibiendo contaminantes.


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