La justicia penal de Neuquén al borde del colapso: ¿faltan jueces o falla la organización?
Ingresó al Tribunal Superior de Justicia un pedido para designar tres jueces de Garantías en Neuquén capital. El argumento es que se necesita distribuir la carga de trabajo de manera más equitativa. Pero hay además problemas evidentes de organización y planificación que conspiran contra la salud del sistema.
La Ciudad Judicial de Neuquén, el ministerio público de la Defensa alerta sobre el cupo en las comisarías (foto archivo Matías Subat)
La exigencia de resolver casi todo en audiencias orales y públicas, dentro de plazos estrictos y ajustados, es lo mejor del sistema procesal acusatorio que rige en la justicia penal de Neuquén, pero se ha convertido en su talón de Aquiles. Hoy el panorama es preocupante: en la capital provincial no alcanzan los días para agendar juicios (ya está saturado el calendario hasta noviembre) pero hay un notable desaprovechamiento del tiempo. Y la carga de trabajo está mal repartida: hay jueces que no han escrito una sentencia en años mientras otras han estado muy activas, y fiscales que han asistido a uno o dos juicios mientras otras no paran de tener audiencias.
El colapso se avecina a menos que se cambien de manera urgente prácticas y hábitos que han llevado a esta situación, coinciden en señalar magistrados, funcionarios y responsables de oficinas judiciales consultados para este informe.
El colapso trae consecuencias para la población: detrás de cada legajo hay «judiciables» o «justiciables», según la jerga que deshumaniza: son vecinos con nombre y apellido que esperan una respuesta ante situaciones en las que se vieron involucrados contra su voluntad.
Y una respuesta no es sinónimo de una condena a prisión o un sobreseimiento. La filosofía del Código Procesal está expresada en su artículo 17: «Los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social. La imposición de la pena es el último recurso».
El otro despilfarro: en dos meses suspendieron la mitad de los juicios en Neuquén
Un mecanismo sofisticado
Neuquén exhibe su sistema procesal penal vigente desde 2014 como modelo a seguir en todo el país y en Latinoamérica. Asimilable a un sofisticado mecanismo compuesto por múltiples engranajes que dependen unos de otros, y manejado por un recurso humano calificado, comenzó a evidenciar fallas que lo convierten en poco eficiente. Y cada vez más costoso.
Las razones son múltiples, complejas y profundas. Algunas tratarán de ser abordadas en esta nota.
El atraso en el flujo del sistema comenzó durante la pandemia, cuando se suspendieron las audiencias presenciales y se demoró en instrumentar la modalidad de virtuales. Pero se acentuó debido a un conjunto de factores en los que variados actores tienen su cuota de responsabilidad, y hay diferentes criterios respecto de la solución más adecuada.
¿Más jueces?
En diciembre del 2022 ingresó al Tribunal Superior de Justicia un pedido del jefe de la Oficina Judicial Penal de Neuquén, Juan Guaita, para que se designen tres jueces de Garantías más en la Primera Circunscripción. Pasó a estudio de los vocales, quienes aún no emitieron una respuesta.
Guaita dijo a Río Negro que basó su pedido en el trabajo atrasado y pensando en el futuro: el volumen de causas crece 10% cada año, y la designación de un juez puede demorar hasta un año y medio, si se computa el tiempo que demandan el concurso en el Consejo de la Magistratura y la aprobación del pliego en la Legislatura.
Según los gráficos con los que acompañó su solicitud, en la Primera Circunscripción se realizan el 60% del total de las audiencias de la provincia. Sin embargo hay 8 jueces y juezas de Garantías (sin contar la de Ejecución y la y el de Delitos Juveniles), mientras que en el resto de las circunscripciones hay distribuidos 10. Según sus cuentas, en la capital debería haber entre 13 y 15.
Programadas y realizadas
Pero un análisis más minucioso revela que en Neuquén capital se realizan el 72% de las audiencias programadas, y el 28% fracasan; mientras que en el interior se frustran en promedio apenas el 14%.
Los motivos por los cuales una audiencia fracasa son muy variados, y ahí radican las claves que provocan el atascamiento del sistema, las pérdidas de horas de trabajo y la suba de costos del proceso.
Audiencias programadas
- 60%
- se realizan en la circunscripción de Neuquén capital
Audiencias fracasadas
- 28%
- se frustran por diferentes motivos. En el interior provincial sucede sólo con el 14% en promedio.
Cada audiencia que no se realiza es tiempo y recurso humano desaprovechado: el juez o jueza designado para ese caso específico pasa el día sin trabajar -lo cobra igual, por supuesto, no es su responsabilidad quedarse sin tarea-. Esa audiencia se reprograma para otro momento, lo cual genera un reacomodamiento de la agenda de ese juez, del fiscal, el o los defensores, los querellantes… con tiempos tan ajustados, plazos que se vencen, calendario recargado, las variantes que se abren son múltiples y el recorrido pierde fluidez.
¿Por qué fracasan las audiencias?
Entre las causas más frecuentes por las cuales una audiencia de juicio no se realiza (más allá de enfermedades y motivos de fuerza mayor), están las siguientes:
• La fiscalía y la defensa llegan a un acuerdo a último momento y desisten de realizar un juicio ya programado. Pero el o los jueces ya fueron designados, su agenda está «bloqueada» y no pueden ser reasignados a otra tarea. Conclusión: el o los días del juicio que no se realiza son horas caídas, y se traduce en magistrados cruzados de brazos en sus despachos mientras serían necesarios en otras audiencias.
• Acortamiento de los juicios. Una variante del anterior: se agenda determinada cantidad de días de audiencias, estimada en base a la prueba que se producirá. Pero una vez iniciado el debate la fiscalía y/o la defensa desisten de testigos, y así los juicios duran menos horas de las previstas o menos días de los reservados. Otra vez, el recurso humano es desaprovechado.
La instancia clave del sistema
Una instancia clave del proceso penal es la audiencia de control de acusación. En ella se definen qué pruebas se utilizarán en el juicio oral (testigos, peritos, documentos) y en base a la cantidad de prueba, se determina la duración estimada del debate.
La queja recurrente que pudo recoger Río Negro en su recorrida por diferentes despachos es que en esa audiencia las partes proponen prueba sobreabundante, y en consecuencia se «infla» la cantidad de días estimados para el juicio. Una vez iniciado el debate comienza el desestimiento de testigos y las audiencias se «desinflan». Así, un juicio que tenía reservados por ejemplo cinco días se resuelve en dos; o peor: se mantienen los cinco días, pero cada jornada de trabajo dura una hora o menos. El resto es tiempo ocioso.
Más fallas
Magistrados y funcionarios de larga trayectoria se quejan porque a la audiencia de control de acusación no siempre asisten el fiscal o el defensor que luego participará del juicio, sino un asistente letrado de menor jerarquía. Se habla de problemas de organización interna en los Ministerios Públicos, casos mal preparados, ausencia de entrevistas previas con los testigos para conocer su pertinencia, entre otros detalles.
También esa audiencia es la oportunidad para la fiscalía y la defensa de presentar un acuerdo (así lo establece el Código Procesal), pero en la práctica los acuerdos se alcanzan días, y hasta horas antes del juicio, con el consiguiente efecto de los días caídos ya mencionado.
¿Por qué el acuerdo se alcanza a último momento? Estrategias, especulaciones, desidia… hay de todo.
El tema merece un profundo análisis y una autocrítica de los operadores del sistema. Es posible que hagan falta más jueces, pero también es cierto que se deben ajustar mecanismos a lo que dice el Código para aprovechar el tiempo y el recurso humano de manera más eficiente.
El presupuesto del Poder Judicial, que este año será de 40 mil millones de pesos, no es un barril sin fondo.
Despareja carga laboral
Es un tema de debate frecuente cómo medir la «productividad» de un juez o jueza. Sin que resulte un parámetro definitivo o excluyente, la Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación General elaboró un interesante informe sobre «primeros votos» redactados en 2021 y 2022.
En juicios realizados por tribunales colegiados (tres integrantes), se supone que la mayor carga de trabajo la soporta quien realiza el primer voto de la sentencia. Si bien es producto de una deliberación, y suele ser por unanimidad, insume tiempo y esfuerzo intelectual redactar un fallo debidamente fundado.
Contra esa pieza procesal se podrán presentar luego recursos de revisión o impugnación, garantías de las que gozan víctimas e imputados. Si bien las y los jueces no pueden ser sometidos a jurado de enjuiciamiento por el contenido de las sentencias, sí pueden ser evaluados por mala aplicación del derecho. De allí la importancia del voto.
El informe revela que sobre un total de 21 jueces y juezas, sólo 8 concentraron la redacción del primer voto en el 52% de las sentencias de juicios de responsabilidad en 2021 y 2022 (Leticia Lorenzo; Carina Álvarez; Raúl Aufranc; Diego Chavarría Ruiz; Carolina González; Patricia Lúpica Cristo, Bibiana Ojeda y Mauricio Zabala). En el otro extremo, el juez Mario Tommasi no escribió ni uno solo en esos dos años.
Rendición de cuentas
En el caso de la jueza Lorenzo, el año pasado publicó en sus redes sociales un informe de su gestión durante 2022. Una especie de rendición de cuentas, algo inédito en el Poder Judicial.
Entre los muchos datos interesantes que incluyó, se destaca que participó de 326 audiencias (de diferente tipo). Parece un número importante, pero la misma Lorenzo derriba el mito del magistrado tapado de trabajo: el 71% duraron entre 5 y 30 minutos.
«Considero que el trabajo que realicé durante 2022 fue completamente manejable y no me implicó un esfuerzo descomunal. Tuve el tiempo suficiente para pensar las decisiones, intentar ser clara en las resoluciones (tanto orales como escritas) y, sobre todas las cosas, procurar entregar a las partes primarias en el conflicto explicaciones comprensibles sobre las razones para decidir de una u otra manera», dice en sus conclusiones Lorenzo, una referenta ineludible en el Poder Judicial.
Fiscalías desbordadas
En el Ministerio Público Fiscal hay un panorama similar. La Primera Circunscripción Judicial es la única que tiene fiscalías especializadas por delitos, y la carga de trabajo presenta un notorio desbalanceo.
Silvia Moreira y Manuel Islas, de Delitos Sexuales, y Eugenia Titanti de Homicidios, son fiscales del caso con mayor cantidad de legajos, y de mayor complejidad. Tienen la agenda del año completa, sin contar las nuevas causas que se sumarán a medida que aparezcan nuevas denuncias.
En el otro extremo, hay una poco conocida fiscalía de Actuación Genérica integrada por Paula González y Valeria Panozzo, quienes rara vez llevan una causa a juicio oral. Y la fiscalía de Robos y Hurtos tampoco se destaca por su sobrecarga de trabajo, que además se reparte entre tres fiscales del caso: Horacio Maitini, Mariana Córdoba y Soledad Rangone.
Un intento de redistribuir legajos de Delitos Sexuales entre otros fiscales, para descomprimir, se encontró con la cerrada negativa de algunos y algunas a hacerse cargo de ese tipo de causas.
La defensa pública en tanto, tiene establecida una regla de trabajo: no acepta que le fijen audiencias con menos de 72 horas de anticipación (salvo urgencias), porque considera que es el tiempo mínimo que necesita para preparar un caso.
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