La Justicia ordenó que el Gobierno de Milei reparta los 5 millones de kilos de alimentos guardados

El juez federal Sebastián Casanello dictó una orden que obliga al Ministerio de Capital Humano a distribuir «de manera inmediata» los 5 millones de kilos alimentos almacenados en sus depósitos, a los sectores que padecen inseguridad alimentaria. La medida respondió a una denuncia penal que apunta a la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios por parte del gobierno de Javier Milei.

En su fallo, Casanello exigió que el ministerio informe en un plazo de tres días la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos acumulados, que se estima superan los 5 millones de kilos. Estos alimentos fueron adquiridos durante la gestión anterior y, según se denuncia, podrían estar próximos a vencer, lo que agravó la situación de las comunidades vulnerables.

La denuncia fue presentada en febrero por Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), acusando a la ministra Sandra Pettovello de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no disponer la entrega de alimentos a comedores barriales y comunitarios en todo el país. La denuncia fue impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, quien afirmó que la ministra estaba violando normas que garantizan el alimento a personas en extrema pobreza.

La situación se tornó más crítica cuando Grabois amplió la denuncia días atrás, basándose en un pedido de información pública realizado por El Destape, que reveló el detalle de los alimentos próximos a vencer acumulados en depósitos. Esta información desencadenó la intervención del juez Casanello, quien ahora exigió una respuesta inmediata y concreta por parte del Ministerio de Capital Humano.

En paralelo a esta orden judicial, Casanello libró una orden de presentación para que se informe detalladamente sobre el stock actual de alimentos en varios depósitos específicos. La falta de acción en la distribución de estos alimentos generó un fuerte malestar entre las organizaciones sociales y beneficiarios, quienes dependen de estos recursos para su subsistencia.

Por otro lado, en el fuero Contencioso Administrativo se están tramitando otros planteos para que el Gobierno Nacional, y específicamente el Ministerio de Capital Humano, no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y merenderos. Estos planteos buscan asegurar que se mantenga la asistencia alimentaria durante la transición a una nueva modalidad de entrega de alimentos.

Las organizaciones involucradas, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales, solicitaron medidas cautelares para garantizar el derecho a la alimentación. Estas medidas incluyen la exigencia de que el Gobierno informe si las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria recibieron subsidios durante 2024 y si el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre sigue vigente.

La situación de inseguridad alimentaria en el país se exacerbó por la falta de distribución de estos alimentos. La Ley 25.724, que crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, establece el deber del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía. Las recientes demoras y faltantes en la entrega de alimentos pusieron de manifiesto la necesidad de una gestión más eficiente y transparente de los recursos destinados a combatir el hambre.

El fallo de Casanello subrayó la urgencia de atender las necesidades básicas de la población más vulnerable. Al mismo tiempo que estableció la exigencia de un plan de distribución inmediata por la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta rápida por parte del Gobierno.

Con información de Ámbito