La Justicia ordenó a Walter Cortés capacitarse en violencia laboral y de género
El intendente de Bariloche dijo que apelará y rechazó la acusación. La Cámara Laboral ordenó además medidas para la "no repetición" de nuevos hechos.
Walter Cortés, rodeado por su gabinete, este lunes al responder a los reclamos de Soyem. Foto: Chino Leiva
La Cámara Primera del Trabajo de Bariloche intimó al intendente Walter Cortés a capacitarse en “prevención y erradicación de la violencia laboral y de género”, ante una denuncia de dirigentes del Soyem, y le ordenó que exista un “conciliador laboral” en cada reunión con los denunciantes. El jefe comunal, anticipó a diario RÍO NEGRO que apelará y reprochó que uno de los jueces no se excusó de intervenir.
El fallo, que tiene el voto rector de la jueza Alejandra Autelitano y que acompañan los jueces Juan Lagomarsino y Alejandra Paolino, hizo lugar a la demanda que en marzo presentó la secretaria general del Soyem, Brenda Morales, junto a otros integrantes de la conducción gremial: Olga Stefanía Pacheco Rosas; Juan Ignacio Ivanissevich; Gladys Del Carmen Pincheira; María Fernanda Alonso y Cristian Gonzalo Umaña por hechos que calificaron violentos perpetrados por el jefe comunal hacia los denunciantes en una reunión de trabajo que se realizó el 12 de marzo pasado.
El tribunal configuró las conductas denunciadas como “violencia laboral” y como medida intimó a Cortés a que en un plazo de 30 días, a partir de que quede firme la sentencia, “acredite en estas actuaciones, su formación y capacitación, a su cargo, en prevención y erradicación de la violencia laboral y de género; todo ello mediante certificación formal, expedida por institución educativa competente u organismo oficial”.
La sentencia está fechada el 13 de agosto y hoy se difundió extraoficialmente (luego del acuerdo entre el gremio y el Ejecutivo por el reclamo salarial que mantenía en tensión el vínculo). El fallo puede ser apelado por el intendente que confirmó que procederá en ese sentido y además apuntó al juez Lagomarsino.
La Cámara del Trabajo como “medida de no repetición” también ordenó a la Municipalidad de Bariloche y al intendente Cortés “que instrumenten los mecanismos necesarios para que toda reunión y/o comunicación interpersonal” entre los denunciantes y el jefe comunal se realice un “registro audiovisual” y que se tenga “la presencia de un conciliador laboral con matrícula provincial, cuyo costo se encontrará a cargo del denunciado”.
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Walter Cortés respondió: “Vamos a apelar”
“Vamos a apelar, nos parece totalmente injusto”, afirmó el intendente quien remarcó que en la reunión aludida había otras personas como el exjefe de Gabinete y exjuez, Héctor Leguizamón Pondal, y la asesora letrada Yanina Sánchez. “La verdad que no constituye lo que ellos dicen”.
Indicó además que el juez Lagomarsino “debería haberse apartado” de la causa porque el 26 de mayo pasado inspectores municipales lo infraccionaron por manejar un vehículo sin licencia de conducir y darse a la fuga y esa situación fue difundida por el Ejecutivo. “Parece que está enojado por eso, debería haberse apartado”, insistió.
Agregó que Lagomarsino fue parte de un tribunal que falló en un litigio que Cortés impulsó como titular del sindicato de Comercio por encuadramiento de trabajadores de una heladería. “Los encuadró en un gremio que ni siquiera tenía presencia en Bariloche, por eso fue fuertemente cuestionado”, recordó.
Consta en el expediente que Cortés contestó el traslado de la demanda negando “el sentido de los hechos” denunciados. Manifestó que “no medió de su parte pretensión de ofender, ni hacer sentir mal a ninguna de las personas participantes del encuentro” y afirmó que se retiró para “evitar que se tomara a mal alguna de sus expresiones, a las que consideró que de ninguna manera fueron irrespetuosas”.
En la respuesta al tribunal, que consta en la sentencia, el intendente indicó que “en el caso de que alguna frase resultara ofensiva para los o las participantes de la reunión, solicitaba las disculpas correspondientes, resaltando su voluntad de diálogo permanente y que de ninguna manera hubo en su accionar intención, ni actitud agraviante”.
La violencia laboral y de género que acreditó la jueza
En el relato de los hechos, los denunciantes indicaron que se sucedieron episodios violentos en una reunión del sindicato con el intendente en el edificio muncicipal del Centro Cívico, ante la presencia de otros funcionarios municipales.
La jueza Autelitano enumeró los hechos en que Cortés “profirió gritos”, “golpes de mesa”, “interrumpió las exposiciones”, se refirió a una de las denunciantes con “señalamiento de dedos” y en otro caso “formuló advertencias respecto del conocimiento personal y directo”, y “profirió amenazas en torno a que ‘los iba a hacer mierda’ y ‘que iba a hacer lo que se le cante el culo’”.
Para la magistrada esas expresiones evidencian “la conducta agresiva y el tenor de las mismas”.
En sus fundamentos, Autelitano indicó que los hechos “configuraron violencia laboral e Institucional; lesiva de los derechos humanos, el trabajo digno y la dignidad de las personas; todo ello agravado por la asimetría de poder y menoscabo a los derechos protegidos a una vida sin violencia laboral y sin discriminaciones”.
Mencionó que Cortés en la contestación de la demanda “no negó expresa y taxativamente cada una de las expresiones, las actitudes y los hechos que fueran denunciados y adjudicados”.
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