La Justicia ordena a Educación que termine las reparaciones en una escuela de Bariloche
Una jueza de Familia hizo lugar a un recurso de amparo impulsado por familias a través de las defensoras de menores. En el establecimiento la constructora se retiró y dejó las tareas paralizadas.
Pidieron retirar a los chicos de las escuelas de Bariloche. Foto: Chino Leiva
La jueza de Familia Marcela Trillini ordenó al ministerio de Educación de la provincia a realizar obras pendientes y culminar reparaciones en la Escuela Primaria 295 de Bariloche, al atender un recurso de amparo impulsado por padres con impulso de las tres defensoras de menores de la ciudad.
Los arreglos que se deben realizar son en los techos del establecimiento educativo debido a las filtraciones que se registran desde hace tiempo. El caso ya había llegado a la Justicia años atrás y en septiembre pasado se declaró abstracta la acción legal porque estaban en curso las tareas. Sin embargo, la empresa constructora que tenía a cargo las obras rescindió el contrato en diciembre y todo quedó paralizado.
Los padres de las niñas y niños que concurren a esa escuela, ubicada en la calle 2 de Agosto, entre Sáenz Peña y Genghini, y que tiene un radio de cobertura amplio en populosos barrios de la zona sur de Bariloche, volvieron a pedir la intervención judicial debido a las malas condiciones en las que sus hijos asisten a clases. Plantearon a las defensoras una «situación de desamparo, abandono y peligro” en la escuela.
La jueza hizo lugar al nuevo amparo impulsado en mayo y ordenó a Educación a terminar las obras pendientes en un plazo de 30 días corridos, “bajo apercibimiento de incurrir en los ilícitos de violación de los deberes de funcionario público y desobediencia judicial y de evaluar la aplicación de las sanciones para las que me encuentro facultada por ley”.
En la sentencia que Trillini firmó ayer, la magistrada consideró que “se encuentra involucrado el derecho humano fundamental a la educación” que rige en la Constitución Provincial como “esencial de todo habitante y obligación irrenunciable del estado».
Señaló que el ministerio “vulnera este derecho” por “la demora en la refacción de los problemas edilicios del establecimiento”. Por esto, la jueza dijo que “se configura un daño concreto y grave que solo puede eventualmente ser reparado acudiendo a esta vía urgente y expeditiva” como el recurso de amparo impulsado por las defensoras de menores de Bariloche.
En el expediente judicial, Educación informó que la empresa Constructora Norpatagonia SRL rescindió el contrato el 22 de diciembre pasado y ante esa situación se inició un nuevo trámite administrativo para concretar las refacciones prometiendo que a fines de junio terminarían el proyecto para el llamado a licitación. Pero no se fijó plazos estimados y ese punto fue objetado en el dictamen de las defensoras de menores que pidieron a la jueza la sentencia.
La jueza remarcó las expresiones de las defensoras de menores que señalaron que “los tiempos administrativos y el nulo impulso que surge de la constancia del trámite pertinente, atentan contra la superación de la vulneración de derechos que se viene dando desde hace tiempo y que requiere de una solución inmediata y alejada de las vicisitudes de la burocracia”.
También puso énfasis en remarcar que estas falencias edilicias se exacerban en ciudades como Bariloche donde las bajas temperaturas y precipitaciones frecuentes requieren que la escuela tenga “sistemas de calefacción eficientes y resguardar los espacios evitando filtraciones, máxime cuando se trata de un establecimiento educativo al que concurren niños, niñas y adolescentes”.
Trillini señaló que Educación es responsable de “la demora en la resolución de un problema de larga data que afecta en forma directa a toda la comunidad educativa” y cuestionó que no se observa “premura” para realizar las reparaciones.
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