La justicia le ordenó a la policía de Río Negro reincorporar a un cabo despedido mientras atravesaba una depresión
El martes pasado el STJ dejó firme la sentencia. La jefatura tiene hasta fin de mes para acatar la orden del Poder Judicial.
La policía de Río Negro recibió un revés de la justicia mientras el conflicto por los sumarios escala en la provincia. En las últimas semanas comenzaron a «llover» sanciones contra agentes que participaron de los reclamos salariales entre abril y mayo de 2023.
La jefa de policía Mary Carmen Carrizo se defendió de las demoras en las resoluciones y aseguró que la mayoría está resuelto. En gran número se trata de sanciones graves, incluso con 25 días de suspensión que posibilita el trámite de exoneración. Varios policías comenzaron el trámite de apelación y todo indica que se resolverá en la justicia.
Un fallo judicial reciente confirmó que el actual secretario de Seguridad Daniel Jara firmó la exoneración de un cabo de Mainqué mientras era jefe de la Policía de Río Negro. Fue a mediados de 2018, casi en el epílogo del segundo mandato del gobernador Alberto Weretilneck. Jara ordenó la desvinculación de del policía con el argumento que tenía 72 días de arresto -sanción interna- y era causal de despido.
El efectivo estaba con una licencia médica desde febrero del 2017 porque sufría un cuadro depresivo. Por eso inició una demanda en el fuero contencioso administrativo para exigir su reincorporación y el pago de salarios no efectuados.
Días atrás el STJ confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente al reclamo del agente y le ordenó a la jefatura policial incorporarse en el plazo de 30 días. La sentencia se concretó el martes pasado y quedó firme en el ámbito provincial. Al Estado solo le queda un recurso ante la Corte Suprema de Nación.
Del fallo se desprende que el cabo fue cesanteado de la fuerza el 25 de abril de 2018. «Con el fundamento en que en el periodo comprendido desde el 10 de noviembre de 2016 al 06 de junio de 2017, el actor, según registros policiales tuvo un total de 72 días de arresto policial».
La resolución fue firmada por Jara , Rosalba Beatriz Castillo -Directora General de Recursos Humanos- y Fernando Fabián Casas -Secretario General. En ese contexto el cabo presentó una demanda porque entendió que la cúpula policial se excedió en sus funciones.
El funcionario público argumentó en el que juicio que en el período en cuestión estaba en licencia médica -desde el 2 de febrero de 2017- debido a un proceso depresivo diagnosticado por el doctor. Norberto Altamirano. Argumentó que, dado que estaba en situación pasiva por razones de salud, no podría haber estado en servicio activo ni ser sancionado por las infracciones durante ese tiempo.
El expolicía de Mainqué también cuestionó que no se le brindó la oportunidad adecuada para defenderse, y que fue notificado en días inhábiles, lo que impidió una defensa efectiva. Además, considera que la notificación y la sanción no se ajustaron a las normativas correspondientes.
La fiscalía de Estado respondió que el agente recibió todas las oportunidades para presentar su defensa y que la resolución de cesantía fue acorde a la Ley Orgánica de la Policía de Río Negro.» Esta normativa otorga al Jefe de Policía la facultad para tomar decisiones disciplinarias sobre el personal subalterno, como el Cabo», señalaron.
El 6 de julio pasado la Cámara Laboral Primera de Roca resolvió que la acumulación de sanciones no se ajusta a los requisitos del artículo 27 del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, ya que se incluyó una sanción correspondiente a un período anterior al que debía ser considerado. Por tanto, «la cesantía no cumplió con los presupuestos fácticos necesarios para su imposición».
Fue el principal argumento de los jueces para hacer lugar a la demanda y ordenar la reincorporación del agente que el martes pasado fue confirmado por el STJ. En tanto rechazó el reclamo del pago de salarios entre mayo y noviembre de 2018 que solicitó el cabo.
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