La Justicia investiga las agresiones frente a la Legislatura de Río Negro

La denuncia fue formalizada por jefes policiales de Viedma durante la manifestación de Unter. La fiscal a cargo de la causa ya convocó a algunos testigos.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen quedó a cargo de la investigación de los hechos registrados el jueves frente la Legislatura de Río Negro, durante la manifestación que Unter realizó contra el tratamiento de la ley de esencialidad educativa que fue aprobada por mayoría en primer vuelta. La denuncia fue presentada por autoridades policiales y está «reuniendo y analizando informes y evidencia» según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La presentación fue realizada por el comisario inspector Gabriel Yanca, jefe de la Unidad Regional Primera, a cargo del Operativo, y el comisario Baldemar Quezada, jefe de la Comisaria Primera de la capital provincial, como encargado de la Jurisdicción; aunque ayer había trascendido que había estado a cargo de la propia jefa de la fuerza, Mary Carmen Carrizo.

Según pudo establecer Diario RÍO NEGRO en la denuncian se indica que «durante el Operativo de Seguridad» fuera de la sede parlamentaria «los integrantes del gremio Unter querían ingresar por la fuerza», «con el objetivo de impedir la continuidad legislativa pasando de insultos a los empujones y a arrojar los elementos contundentes».

Agregaron que «se trató de hacer cesar la actitud hostil, mediante el diálogo, pero no fue posible, dado que solo recibieron insultos y provocaciones buscando la reacción del personal policial» por lo que se «dio intervención al COER».

En la denuncia aportaron nombres de personas lesionadas, «todas revisadas por médico policial» e indicaron que dos efectivos fueron derivados «al sanatorio para un control más exhaustivo».

Los uniformados aportaron videos, dieron nombres de víctimas y potenciales testigos con evidencia, quienes serían convocados en las próximas horas.

Por otra parte, las redes sociales y los órganos de prensa de distintas instituciones se convirtieron desde ayer en el campo elegido para cruzar acusaciones sobre las responsabilidades en los sucesos.

El bloque de legisladores de Vamos con Todos que integran José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao repudió «la represión sufrida por los trabajadores que se manifestaron fuera del edificio legislativo y a cuyos representantes desde el oficialismo provincial se les impidió el ingreso a las bandejas del público».

Mientras que el bloque de Juntos Somos Río Negro «repudió el accionar de la dirigencia de Unter» que «con la complicidad del presidente del bloque de Vamos Con Todos, José Luis Berros, y otros miembros de esa bancada, generaron un clima de violencia en la sesión legislativa» que «terminó con desmanes y agresiones de parte de un grupo de gremialistas».

Agregaron que «impulsado por un discurso oportunista de parte de Berros y compañía, se generó un clima de violencia que rápidamente prendió entre los manifestantes, quienes intentaron ingresar por la fuerza a la Legislatura, atacando con piedras y palos, incluso hiriendo a varios policías».


Incidentes en la Legislatura: solidaridad con Unter


Desde el gremio Unter cuestionaron los dichos del gobernador Alberto Weretilneck, quien posteó que no fue «una manifestación» sino «un acto delictivo que no vamos a tolerar» porque «la violencia nunca es el camino».

Desde el sindicato respondieron que no son violentos y que «violento es legislar en contra de los trabajadores», «violento es el discurso de Facundo López vendiendo espejitos de colores a la sociedad sin pisar una escuela».

Además, Unter recibió muestras de solidaridad de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro (Adurn), de la CTA de los Trabajadores de Río Negro, del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (Suteba), seccional Tigre; y de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue, entre otros.


Los sucesos registrados ayer tienen como último antecedente la marcha convocada por ATE el 24 de mayo de 2017, mientras en el recinto legislativo se aprobaba el Plan Castello.



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