Falta de gas en Bariloche: la Justicia incorpora al Estado nacional como codemandado

La acción de amparo que presentó una Ong de defensa del consumidor contra Camuzzi Gas del Sur para que responda por la suspensión de conexiones a nuevos usuarios, que ya lleva 14 meses, fue extendida sobre varios organismos del Estado nacional, que ingresarán en carácter de codemandado, según lo decidió la Justicia Federal.

El recurso judicial apunta a lograr una solución inmediata para más de 5.000 demandantes del servicios solo de esta ciudad que tienen sus obras finalizadas y no pueden acceder al servicio de gas natural por la veda de nuevas factibilidades que impuso Camuzzi, debido a la saturación de la infraestructura disponible.

Según reconocen todas las partes, la única forma de resolverlo es con la instalación de dos plantas compresoras en Chubut, que están proyectadas y compradas, pero la obra nunca se ejecutó.

La empresa Camuzzi dijo en una primera contestación a la demanda que no estaba agotada la vía administrativa y pidió que se cite también al Enargas, el ministerio de Interior, el de Obras Públicas y la empresa Enarsa por su responsabilidad directa en la materia.

El juez Gustavo Villanueva decidió esta semana desechar el primer planteo, pero hizo lugar al segundo y dispuso la citación de los organismos y empresas públicas con incumbencia directa en el servicio domiciliario de gas “a fin de que tomen en la causa la intervención que pudiera corresponderles en defensa de sus derechos”.

El titular de la Ong Codec Pablo Chamatrópulos, dijo que se trata de un avance importante para encontrar respuestas expeditivas al reclamo. Insistió en que la organización que encabeza quiere promover en primer término una “audiencia de conciliación” entre las partes para lograr los compromisos de obra que hacen falta, antes que lograr una sentencia definitiva para el amparo.

“Amplía la demanda al gobierno nacional y los incluye en el litigio -sostuvo Chamatrópulos-. Es un compromiso que señala el juez y podría no haberlo considerado. Es entender que el objeto del amparo le compete al gobierno nacional. Lo tomamos como un paso adelante para obtener una solución efectiva”.

Insistió en que la falta de gas en toda la región cordillerana, no solo en Bariloche, es un problema “de extrema preocupación”.

El juez federal resolvió incorporar al ministerio del Interior, el de Obras Públicas y Vivienda, el Ente Nacional Regulador del Gas, la empresa Enarsa y la secretaría de Energía para que tomen intervención en el trámite del amparo “bajo apercibimiento de quedar vinculadas a los efectos de la sentencia que se dicte”.

Citó jurisprudencia sobre la participación de “terceros demandados”, a fin de que un pronunciamiento judicial “resulte útil y ejecutable”, algo que solicitó expresamente Camuzzi al señalar que la inversión que falta no es de su responsabilidad.

“No puedo dejar de lado el impedimento manifestado por la demandada para cumplir con una eventual sentencia condenatoria y la existencia de una comunidad de intereses jurídicos entre Camuzzi Gas del Sur y los terceros a los cuales se pretende traer al proceso, toda vez que la condena que pueda pesar contra la demandada precisa de la realización de las obras detalladas por la proveedora del servicios de gas en su contestación de demanda”, escribió el juez.

La organización Codec insistió en lo acuciante de la necesidad de destrabar el acceso al gas para miles de frentistas y por eso destacó “la importancia de la acción colectiva”. Chamatrópulos recordó que el proceso de obra está iniciado y que la inversión necesaria “es relativamente baja”.