La Justicia dispuso que trasladen a las empleadas que denunciaron a un funcionario de Ortiz Luna

El gobierno de Neuquén deberá trasladar a otra dependencia del Estado a las dos trabajadoras de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos que denunciaron a su jefe, Carlos Alberto Della Cha, por violencia laboral y sexual. Pese a que el funcionario fue apartado del cargo, las empleadas continúan esperando que las reubiquen.

Della Cha ejercía el puesto de director, y era una persona de máxima confianza de la secretaria Luciana Ortiz Luna.

Dos trabajadoras presentaron una denuncia, tanto administrativa como judicial, contra él en la que describieron episodios de violencia de género, tanto dentro de las oficinas, como fuera de estas, que afectaron sus condiciones laborales. Expusieron hechos de acoso, hostigamiento e incluso abuso sexual.

Las empleadas solicitaron licencia psicológica y desde entonces no están cumpliendo funciones. Él fue removido de su puesto político por decreto (sigue integrando la planta de personal del Estado), y se comprometió el inicio de un sumario administrativo.

En un descargo por redes sociales manifestó que jamás había tenido una acusación de este tipo y que «ser varón y Funcionario Público muchas veces te pone en una situación de desventaja ante este tipo de ataques mal intencionados y faltos de verdad«.

Capacitación en Ley Micaela y exposición de los daños

El juez laboral José Manuel Ruiz, que interviene en la causa por violencia de género (ley 2786), amplió hoy las medidas cautelares para proteger a las denunciantes, y le prohibió a Della Cha acercarse a menos de 200 metros del lugar de residencia, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia por el plazo de 60 días.

En la resolución le ordenó a la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos que brinde a todos los agentes del organismo una capacitación en «Ley Micaela», y sobre las previsiones del Convenio 190 de la OIT, a fin de que «cuenten con herramientas para el abordaje y control de situaciones de violencia y acoso en el ámbito del trabajo, instruyendo sobre las consideraciones de género, y sus causas, y los factores de riesgo de las mismas».

Ruiz requirió que en 10 días el gobierno remita un informe detallando la fecha de la realización de la capacitación y el temario.

Instruyó al equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia del Poder Judicial para que produzca un documento en el que exponga los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por las mujeres denunciantes, la situación de peligro, el riesgo al que están expuestas y su pronóstico.

Finalmente el Estado deberá trasladarlas, dijo el magistrado, «a la mayor brevedad posible» a otra área, bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial.