La jueza que investiga el atentado a Cristina Kirchner dictó el secreto de sumario
La magistrada María Eugenia Capuchetti tomó la decisión después de tomar declaraciones testimoniales y la información sobre los problemas técnicos para acceder al teléfono del acusado.
La jueza tomó declaración a los peritos informáticos.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti impuso hoy el secreto de sumario en la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
De esta manera, los detalles del avance de la investigación se mantendrán reservados a las partes involucradas. Fuentes judiciales afirmaron que la jueza sospecha que el acusado, Fernando André Sabag Montiel, no actuó solo.
Hoy declaró en la causa Mario Bongarelli, quien dijo ser «conocido» de Sabag Montiel, y aseguró bajo juramento de verdad creerlo «capaz de cometer el hecho».
El testigo entregó de manera voluntaria su teléfono celular para que sea peritado, en presencia del fiscal Carlos Rivolo y del defensor oficial de detenido, Juan Hermida. Antes de declarar en la Justicia, Bongarelli había dado una nota en televisión donde se presentó como «amigo» de Sabag Montiel.
La magistrada recibió además durante toda la jornada en los tribunales federales de Retiro declaración a los peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular del detenido Sabag Montiel hizo un «reseteo» y volvió a «estado de fábrica».
La magistrada tomó declaración desde la mañana a los peritos informáticos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes explicaron lo que hicieron con el celular del acusado, su tarjeta SIM y el chip. En el caso de estos dos últimos se extrajo el contenido que «se encuentra bajo análisis».
En relación al reseteo del celular al estado de fábrica, los peritos detallaron los motivos por los cuales pudo ocurrir esto y no descartaron que pudiera haberse activado de manera remota o bien por algún error al intentar acceder al dispositivo. En su caso, no se logró la extracción de información.
El teléfono celular que portaba Sabag Montiel, el agresor detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un reseteo en los momentos en que la Justicia intentaba extraer información, por lo que esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse.
El hecho generó criticas en el oficialismo y la oposición, que reclamaron «respuestas» a la Justicia en medio de versiones encontradas entre el juzgado a cargo de la causa y las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Para explicar ese evento técnico declararon desde las 9 los dos técnicos de la PSA a los que les apareció la leyenda que daba cuenta de un posible formateo del teléfono y luego lo hicieron los policías federales que manipularon el aparato.
El reseteo fue detectado cuando el equipo llegó a manos de la PSA el viernes por la noche, en el marco de la causa por el atentado sufrido por la Vicepresidenta el jueves último.
Esa fuerza de seguridad recibió el dispositivo de manos de la custodia personal de la jueza María Eugenia Capuchetti: estaba encendido, dentro de un sobre abierto y no está confirmado que hubiera sido acompañado por algún tipo de documentación.
La PSA recibió el celular en su sede de Ezeiza, durante la noche del viernes, horas después de que el aparato hubiera sido manipulado por técnicos de la Policía Federal Argentina (PFA), que fue la primera fuerza en intentar extraer información en presencia de secretarios del juzgado, la fiscalía y la defensa oficial, según aseguraron en desde el juzgado.
A pesar del inconveniente, desde el juzgado aseguran contar con toda la prueba documental que da cuenta de la cadena de custodia del dispositivo electrónico; algo que otras fuentes del caso ponen en duda.
El teléfono había sido secuestrado cuando detuvieron a Sabag Montiel en la noche del jueves, tras el ataque a Fernández de Kirchner cuando llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta: el agresor lo llevaba en el bolsillo de su campera.
El juzgado, por estas horas, evalúaba solicitar a Estados Unidos colaboración tecnológica para avanzar con el peritaje del celular. Las medidas de prueba apuntan, entre otras cosas, a saber si la acción fue planificada o, cuanto menos, comentada previamente por el agresor con su entorno.
En tanto, el abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que ya «está lista» la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de «negligencia y encubrimiento agravado».
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