Megaespionaje en la justicia federal: la jueza de Lago Escondido es una de las víctimas
Accedieron a una base de datos cuando la jueza de Zapala asumió como subrogante en el juzgado federal de Bariloche. "Es muy grave desde lo institucional y lo personal", dijo la magistrada, que tuvo que investigar a Marcelo D'Alessandro por presuntas dádivas en la causa conocida como Los Huemules.
Silvina Domínguez, la jueza que investigó el viaje a Lago Escondido y la ocupación en Mascardi. (Gentileza Infobae)
La jueza federal de Zapala Silvina Domínguez, jubilada hace menos de un mes, y el defensor federal de Neuquén Pablo Matkovic, figuran en una lista de 84 magistrados y funcionarios de la justicia nacional que sufrieron espionaje ilegal por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La magistrada tuvo que investigar el viaje de Los Huemules a Lago Escondido e intervino en el conflicto por Villa Mascardi.
Domínguez y Matkovic confirmaron a Río Negro que les notificaron oficialmente desde la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que se accedió a la base de datos del Registro Nacional de las Personas «presumiblemente sin justificativo válido» para obtener información personal.
El acceso se produjo «desde una terminal del Ministerio de Justicia y Seguridad» del Gobierno de la CABA, en el año 2021. Su titular era por entonces Marcelo D’Alessandro.
Espionaje ilegal y la causa Lago Escondido
Un año después, Silvina Domínguez tuvo que investigar a D’Alessandro por presuntas dádivas en la causa conocida como Los Huemules, un viaje de jueces, empresarios y funcionarios del gobierno porteño a la estancia Lago Escondido, del magnate inglés Joseph Lewis.
La magistrada, cuya renuncia para jubilarse fue aceptada el 23 de marzo pasado, dijo a este medio que el espionaje ilegal se produjo en julio del 2021. «En esa fecha me estaba haciendo cargo del juzgado federal de Bariloche como subrogante, y la principal causa que tenía para resolver era el conflicto de Villa Mascardi», que involucraba a comunidades mapuches.
Respecto de Matkovic, señaló que accedieron a sus datos personales «cuando estaba concursando para un cargo en la Cámara Federal de Roca» ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde «me tenían clasificado como un abogado pro derechos humanos y pro mapuche».
Lo asoció además con su participación en una lista para las elecciones en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Espionaje ilegal: gravedad institucional
Domínguez y Matkovic destacaron la «gravedad institucional» del hecho y anticiparon que analizan presentarse como querellantes en la investigación.
La exjueza remarcó que «tengo una trayectoria de 42 años en el Poder Judicial, soy honesta, nunca me identifiqué con ninguna línea política, hace 32 años que vivo en Neuquén, ¿por qué el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde no nací y solamente cursé estudios universitarios, tiene que meterse en una base de datos a investigarme?».
«No sé qué datos privados tomaron, no sé si tienen mi declaración jurada donde hay información sensible sobre mi persona, mi familia. No sé para qué quieren usar esa información», indicó.
En tren de especulación, lo relacionó con su llegada al juzgado federal de Bariloche como subrogante. «Por la época, fue contemporáneo con mi designación como subrogante en ese juzgado», observó. «Estoy segura de que lo hicieron porque me estaba desempeñando como jueza».
Espionaje ilegal: qué pueden hacer con los datos obtenidos
Matkovic en tanto hizo saber que un grupo de jueces nacionales en lo Criminal y Correccional de la CABA formuló una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones que preside Julio Marcelo Lucini, en la cual expresan su preocupación por el espionaje ilegal.
Señalan que el acceso a la base de datos puede provocarles daños personales, como por ejemplo «el seguimiento por cámaras del sistema de monitoreo urbano o físico por la obtención de datos domiciliarios, de nuestras personas y por consiguiente de nuestros grupos familiares, hasta la gestión de apertura de cuentas en el sistema bancario digital o de duplicados de tarjetas SIM de telefonía celular».
Espionaje ilegal: la firma digital
Advierten que «esas maniobras tienen un claro alcance institucional, en tanto comprometen la seguridad de la firma digital, ya que la obtención de datos biométricos podría permitir la reconfiguración de los recaudos de seguridad con los que fuera dotada».
«Consecuentemente, consideramos que resulta imperativa la adopción de recaudos de seguridad desde el Estado Nacional para evitar este tipo de intrusiones y reversar aquellas que pudieran haber ocurrido en lo que refiere a la firma digital, y en forma preventiva anular la posibilidad de consulta de datos personales y biométricos por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires».
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