La historia de la feroz disputa por una vivienda en Bariloche que terminó con cinco imputados
Una familia intentó recuperar su casa por la fuerza y terminó imputada por usurpación. El fiscal advirtió que actuaron con extrema violencia contra dos mujeres, un niño y un bebé que se encontraban en la vivienda. El defensor alegó que los imputados no tienen donde vivir y que se venció hace tres meses el contrato de alquiler y la inquilina no se retira del domicilio.
Una familia intentó recuperar por la fuerza su vivienda en Bariloche porque la inquilina no se la devolvió tras la finalización hace unos tres meses de un contrato precario, pero fueron denunciados por la extrema violencia con la que actuaron para despojar del inmueble a la mujer.
Por eso, cuatro mujeres y un varón terminaron imputados por usurpación por despojo, por haber causado lesiones graves y leves a dos mujeres, que se encontraban en la casa, junto a un niño y un bebé de la inquilina. También, la fiscalía les atribuyó daños y amenazas calificadas y al hombre lo acusó además por violencia de género.
El defensor particular Diego Navarro se había opuesto parcialmente a los cargos formulados por la fiscalía, pero el juez de garantías Ricardo Calcagno desestimó sus planteos.
En consecuencia, Calcagno admitió las imputaciones que el fiscal César Lanfranchi formuló contra Carlos Cantero, Evelyn Atencio, Mayra Soledad Atencio, Estela Cantero y María Santana. La audiencia se hizo este jueves. Calcagno habilitó para que se investigue el caso por cuatro meses.
Lanfranchi había pedido que se les imponga a las cuatro mujeres y al hombre la prisión preventiva por el plazo de la investigación preparatoria. Alegó que se trato de un caso grave y enfatizó que si estaban libres podían entorpecer el avance de la investigación. También, argumentó que en el caso de los supuestos dueños de la casa y de su hija existía el riesgo de fuga, porque no tenían arraigo en la ciudad.
El defensor particular se opuso. Aseveró que justamente la casa alquilada es su domicilio en Bariloche. Propuso una medida menos gravosa, como una prohibición de contacto y de acercamiento de los cinco imputados a la inquilina y las dos mujeres golpeadas durante el desalojo de hecho ejecutado por los acusados.
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Desestimaron la prisión preventiva
Calcagno desestimó la prisión preventiva y les impuso la prohibición de acercamiento a la vivienda en disputa. Les ordenó una distancia de 500 metros de restricción. Y les impuso 100 metros de prohibición de acercamiento a las mujeres denunciantes.
Lanfranchi relató que el hecho denunciado ocurrió la mañana del 28 de mayo, en un domicilio ubicado en la calle Sargento Ramon Acosta 355 de Bariloche. Dijo que un grupo de diez personas, previo al reparto de roles y en acuerdo de voluntades despojó de manera violenta de la casa a la mujer que la alquilaba.
Contó que la mujer denunciante era la tenedora legítima de la casa que alquilaba desde el 5 de noviembre del 2022. Dijo que una de las imputadas vigiló la zona y cuando la inquilina salió para ir a trabajar se presentaron en el domicilio a desalojar a las personas que allí se encontraban.
Sostuvo que dos de las acusadas quisieron romper el portón, pero como no pudieron el hombre lo arrancó tras atarlo a un Volkswagen Country. En el interior de la casa estaba una amiga de la inquilina, con su hijo, de 12 años, y la niñera a cargo de un bebé de tres meses de la locataria.
Lanfranchi dijo que el grupo de diez personas (cinco aún no fueron identificados) ingresó al terreno y forzó las puertas de acceso, que defendían las dos mujeres.
Las agresiones
Cuando rompieron la puerta e irrumpieron en el interior de la vivienda, el fiscal dijo que golpearon a las dos mujeres, mientras las amenazaban que se retiren “o las iban a hacer mierda”. Afirmó que el varón las amenazaba con una maza. Señaló que una de las mujeres agarró el bebé y lo zamarreó. Una de las víctimas recuperó al bebé y escapó. La otra mujer fue atacada por el varón, que la golpeó con la maza, según la fiscalía.
La mujer se desvaneció por el impacto y denunció que hasta se orinó por la violencia sufrida. Cuando reaccionó, regresó a la vivienda para buscar a su hijo que se había ocultado.
Lanfranchi aseveró que los imputados sacaron las pertenencias de la inquilina. Dijo que el delito cesó alrededor de las 17, cuando personal policial se presentó y allanó la vivienda por orden judicial y detuvo a las cuatro mujeres y a Cantero. Otros agresores no fueron identificados.
El fiscal sostuvo la formulación de cargos con las declaraciones de las víctimas, con el acta de la denuncia penal, un acta de inspección del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, que constató que en la vivienda estaba la inquilina.
Indicó que el varón imputado suscribió un contrato precario de alquiler con la víctima “dándoselas de dueños de una cada que no ha sido aún adjudicada”.
La versión de la defensa
El defensor explicó que el conflicto venía desde hace tiempo. Dijo que la denunciante es en realidad, «una persona que estaba usurpando la vivienda”.
Observó que los imputados tiene un acta de preadjudicación de su vivienda por parte del IPPV, donde se aclara que “después de cinco años de habitar la vivienda, el señor Cantero podía alquilar. Tenían una autorización para realizar un contrato de locación”.
“No entendemos cuál es la usurpación de una persona que quiere recuperar su vivienda haciendo valer sus derechos”, destacó el defensor. Aseveró que durante el ingreso de sus asistidos a su casa no había nadie y negó las agresiones denunciadas por la fiscalía.
Dijo que la dueña de la casa hizo exposiciones policiales, y denuncias en fiscalía que fueron desestimadas. «Cuando la señora Atencio quería ir a dialogar con la inquilina, salían personas del sexo femenino con armas blancas que le advertían que no se acerque más y que la casa la iban a tomar por la fuerza”. Dijo que hasta hizo denuncias por amenazas de muerte.
Admitió que el contrato de alquiler es precario, pero que “la vivienda se tendría que haber entregado en tiempo y forma”. El defensor indicó que se intentaron mediaciones, pero la inquilina no concurrió.
La familia imputada explicó que hace tres meses que andaba dando vueltas hospedados por familiares porque la inquilina no les entregaban su casa.
“La señora se tendría que haber retirado al finalizar el contrato. Hubo comunicaciones. La señora Atencio tenía intenciones de darle plazo”, pero las amenazas cortaron el diálogo.
Calcagno les explicó a los imputados que el delito de usurpación defiende la posesión de las cosas y la posesión de la vivienda que en este caso la poseía la inquilina.
“Si se venció el alquiler lo correcto es pedir un desalojo vía civil y no actuar de mano propia, y menos amenazando, golpeando. No se puede entrar por la fuerza a un domicilio”, advirtió. Tras la audiencia, las cuatro mujeres y el varón recuperaron la libertad.
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