La fiscalía federal acusó al ex juez y ex fiscal de la dictadura de ser partícipes de los secuestros y desapariciones
La fiscalía federal sostuvo que Duarte y Ortiz fueron instalados por la dictadura en el juzgado federal para que se pudieran llevar a cabo los secuestros, torturas y desapariciones forzadas
La fiscalía comenzó el alegato contra Pedro Duarte y Víctor Ortiz (foto Cecilia Maletti)
La fiscalía comenzó el alegato en contra del ex juez Pedro Duarte y el ex Fiscal Víctor Ortiz con una fuerte descripción de las excusas inverosímiles expresadas en las extensas indagatorias de los acusados durante el último mes. Les enrostró su conocimiento detallado de los secuestros, torturas y casos registrados en los expedientes sobre desaparecidas y desaparecidos en Neuquén, que llevan sus firmas.
«Nada hicieron, estaban ahí para eso», insistió la fiscalía.
El fiscal Miguel Palazzani puntualizó que hubo «cero resultado» de investigación penal en los 166 expedientes en el juzgado federal de Neuquén por crímenes que luego fueron calificados de lesa humanidad, de los cuales 34 correspondían a 23 víctimas de este juicio. Recordó que 15 de los casos, son de personas desaparecidas.
«De un universo mayor, son 23 por los que se llegó a este juicio por habeas corpus, por amenazas, por secuestros, por torturas, por desapariciones en las que no había resolución, era inútil ir al juzgado», resumió Palazzani. Enumeró las primeras actuaciones pidiendo intervención y las insistencias posteriores de los familiares en el mismo caso.
Deslizó que solo después de 1982 «cuando había que lavarse la cara para mantener el puesto», hicieron gestiones.
Puntualizó sobre la insistencia de los familiares por aportar pruebas y detalles que, tanto Duarte como Ortiz soslayaron. El fiscal insistió en que «fueron puestos ahí» por los militares para que cumplieran ese rol.
Como en un simulacro, pedían informes al ministerio del Interior con la nómina de los agentes de la Federal, en vez de ir a la delegación en Neuquén donde les habían identificado hasta el nombre a los secuestradores»
Miguel Palazzani, fiscal federal en su acusación contra Victor Ortiz
En el contexto de la planificación de la persecución política en la región, la fiscalía ejemplificó que con el golpe, el médico militar que supervisaba las torturas en La Escuelita, ocupaba el cargo de subsecretario de Salud; el coronel de inteligencia del Comando, Osvaldo Laurella Crippa, fue designado jefe de la policía y que Duarte, mayor auditor del Ejército, fue designado en el juzgado federal «porque su misión era brindar impunidad de los delitos cometidos y los que iban a cometer», sostuvo.
Dijo que fue el único militar designado juez por el gobierno de facto.
El tribunal no informó si Duarte y Ortiz estarán en la sala durante los alegatos. La fiscalía solicitó la presencia de los imputados en alguna de las jornadas de acusación, ya que desde que inició el juicio en octubre, sólo estuvieron de modo virtual.
Las próximas audiencias se programaron el 3 y 17 de septiembre, a las 10.30.
El fiscal describió el rol de Ortiz y de Duarte en los años previos al golpe, se refirió a las descalificaciones de Ortiz y de Duarte hacia los testigos, rebatió frases de los ex magistrados con información tergiversada y hasta sacó a luz parte del entramado anterior al juicio cuando describió que la fiscalía debió apelar a Comodoro Py por retardo de justicia, debido a que «parecía que la causa la comenzaba a manejar Duarte, cuando se extendió en más de 33 jornadas de indagatorias».
Indicó por esa maniobra, entre otras, el juicio tardó más de 10 años en llegar al debate oral.
Las Madres de Plaza de Mayo Josefa Lépore de Mujica (Beba Mujica) y Adelina Pons de Pifarré integran el primer expediente que la fiscalía comenzó a desentrañar para acusar a los imputados, con las denuncias de los secuestros en Neuquén entre el 9 y 15 de junio de 1976 por las cuales pidió que se le impute a Duarte de prevaricato, omisión de persecución penal y ser partícipe secundario, entre otros, de los secuestros de Darío Altomaro y Susana Mujica, en un expediente que comparten con la captura de Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Alicia Figueira de Murphi.
Duarte es el único militar designado por la dictadura para un juzgado: estaba ahi con la misión de brindar impunidad de los delitos cometidos y los que se estaban por cometer»
Acusación de Miguel Palazzani contra el ex juez Pedro Duarte
Los primeros dias de junio «hubo 6 secuestros en 2 días» en el centro de Neuquén, en una semana donde hubo 12 desapariciones que recalaron en la sede judicial en 5 expedientes, describió. Del total 3 expedientes son parte de la acusación de ese juicio, dijo.
«Ortiz firmó y recibió el expediente como secretario y luego (cuando fue designado fiscal) los sobreseyó», recordó Palazzani. Criticó que Duarte en reiteradas audiencias dijo que Inés y Oscar Ragni no habían aportado pruebas sobre el paradero de «Oscarcito» –como lo llamó al desaparecido Ragni en su indagatoria-, aunque el ex juez lo dejó afuera de su despacho y se negó a tener una entrevista con él cuando fue con un cura y otra jueza.
«Vuelvo para probar lo obvio y desmenuzar los expedientes: no recibían a los familiares, no pedían informes aunque les señalaban los secuestradores, no hicieron allanamientos de los lugares señalados ni llamaban a los testigos de los secuestros, simulaban pedir informes al ministerio del Interior en Buenos Aires, en vez de ir a la delegación federal donde conocían» a los que les identificaban como secuestradores, insistió.
El alegato fiscal continuará el martes y se extenderá en varias audiencias. La querella del Ceprodh y la oficina de Derechos Humanos de la Nación alegarán después y finalizará la acusación la APDH. La sala estuvo concurrida, con el regreso de imágenes de los desaparecidos de la región y pañuelos con inscripciones en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo.
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