Nuevas imputaciones en la causa Techo Digno son evaluadas por la fiscalía de Bariloche
Hay plazo hasta septiembre para la investigación preliminar. Hasta el momento formularon cargos a la exintendenta Martini y dos empresarios de la construcción por desvío de fondos.
La exintendenta de Bariloche y actual legisladora María Eugenia Martini es una de las imputadas en la causa judicial por Techo Digno. Archivo
El fiscal Guillermo Lista, que dirige la investigación en la causa Techo Digno, informó que están evaluando ampliar las imputaciones a otras personas vinculadas con el manejo de los fondos millonarios que financiaron la construcción de viviendas del programa de Nación Techo Digno en Bariloche,
“Estamos investigando y es posible que se amplíen las imputaciones”, señaló. Dijo que la lupa está puesta en determinar si hubo otros funcionarios que avalaron los desembolsos de los pagos por supuestos avances de obras irregulares.
Son aquellas personas que firmaron las certificaciones presentadas por las empresas constructoras sin hacer las verificaciones correspondientes.
Lista no adelantó nombres de personas sospechadas. Dijo que están en plena etapa de investigación.
Recordó que tienen plazo hasta septiembre para completar la investigación preliminar.
Destacó que ya cuenta con los informes de pericias contables, “y se sigue trabajando con los contadores”.
Hasta el momento en la causa están imputados la exintendenta de Bariloche y legisladora provincial del Frente de Todos, María Eugenia Martini, y los empresarios Juan Castelli, de Oriente Construcciones, y Alberto Uzandizaga, de la constructora Alusa.
Lista recordó que se les atribuye una defraudación contra la administración pública. Explicó que la teoría fiscal es que hubo irregularidades con la presentación de las certificaciones de avance de las obras de los planes de viviendas. En la fiscalía creen que el municipio, a cargo de Martini, pagó avances de obra que no tenían correspondencia con los trabajos realmente ejecutados.
El fiscal señaló que el municipio “consintió” esas certificaciones y pagó, sin constatar si era correcto el avance de obra informado por las empresas constructoras.
Explicó que la acusación alcanzó a Martini porque ella “es la que celebró los convenios” con Nación para la construcción de los planes de viviendas. Además, enfatizó que el municipio debía controlar y era la autoridad que certificaba.
La acusación de la fiscalía sostiene que Nación envió partidas por 119 y 248 millones de pesos, entre abril de 2014 y diciembre de 2015 (cuando el dólar estaba a 7,93 y 12,90 pesos respectivamente), para la construcción de dos planes de 376 y 495 viviendas en Bariloche. Sin embargo, las casas no se terminaron en el plazo estipulado.
Ayer, Lista recordó que son contratos celebrados en 2014 que establecían construir las viviendas en 12 o 18 meses.
“Son cifras que, si las tenemos que actualizar a valores de este año, son montos impresionantes”, observó el fiscal.
Hay otras investigaciones en marcha por presuntas irregularidades en la construcción de viviendas del programa Techo Digno en otras ciudades y localidades de Río Negro, con otros imputados. Son causas que tramitan otros fiscales.
El programa Techo Digno se desarrolló durante la gestión pasada de la expresidenta Cristina Fernández en numerosas ciudades del país. Los fondos fueron enviados en forma directa a los gobiernos municipales que tenían que fiscalizar las obras.
Durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, los auditores e interventores del área de Vivienda de Nación detectaron supuestas maniobras, hicieron auditorías que advirtieron graves irregularidades.
La Sindicatura General de la Nación denunció los hechos antes el entonces juez federal Claudio Bonadío, que concentró todas las denuncias.
Por eso, desde la fiscalía de Lista enviaron el voluminoso expediente a Comodoro Py, al juzgado de Bonadío. Pero un fallo de la Corte Suprema resolvió que el juez federal no tenía competencia para investigar los causas provinciales y el expediente retornó en agosto de 2018 a Bariloche.
Comentarios