Juicio por Rafael Nahuel, seis años después: así fue el primer día en el tribunal de Roca
Ayer, en el primer día del maratónico juicio que se realiza en Roca, sobresalió el pedido de justicia de una familia postergada. Una por una, todas las teorías sobre el asesinato del joven mapuche en Villa Mascardi, Río Negro. "Fue una cacería", dijeron desde la querella.
La familia Nahuel Salvo pide justicia a seis años del asesinato de Rafael, en Villa Mascardi. Fotos: Juan Thomes
Ayer, en el inicio del juicio oral y público en Roca, se ratificó que el joven mapuche Rafael Domingo Nahuel Salvo fue blanco y víctima fatal de uno de los 130 disparos efectuados a mansalva por cinco prefectos del grupo Albatros con sus armas reglamentarias; enviados a patrullar tras el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en noviembre de 2017.
Rafael era de Bariloche y pertenecía a una comunidad, estaba en proceso de identificación, contaron sus allegados. Hoy tendría 27 años. A seis años de su asesinato, en una montaña en el kilómetro 2.006 de la Ruta 40; fue herido de muerte cuesta arriba, en un contexto de operativos de desalojo por parte de fuerzas federales. Otras dos personas resultaron heridos de bala de plomo, pero sobrevivieron.
Por el crimen de Nahuel están imputados cinco prefectos: Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos, miembros del grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina y en las próximas semanas serán juzgados ante el tribunal federal presidido por el juez Alejandro Silva junto a Simón Bracco y Pablo Diaz Lacava.
“No hubo un enfrentamiento, hubo una cacería”, postularon desde la querella, en representación de una familia que hace años está esperando justicia. Con una conferencia de prensa afuera de tribunales, hicieron oír otra versión de los hechos distinta a la oficial, este mediodía.
El albatros de Prefectura Naval Sergio Guillermo Cavia fue el autor del disparo que causó la muerte de Nahuel. Está imputado por “homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa”. Los cuatro albatros restantes son Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García, y están imputados como partícipes necesarios del mismo delito.
Desde el día de los hechos hasta ahora, la familia Nahuel Salvo nunca dejó de pedir justicia y condena para los responsables. Con nerviosismo y dolor, Graciela y Alejandro, padres de Rafael; acompañados de su hijo menor Ezequiel; viajaron 500 kilómetros para presenciar el inicio del debate oral y público. No se esperaban ver a través de las camaras del Zoom a los acusados del asesinato de su hijo.
Hasta el padre de Rafael Nahuel se paró en el juicio y le habló al juez por no poder ver las caras de los imputados luego de un pedido de sus abogados. La fiscalía pidió la detención y que estén presentes, pero se denegó el pedido. «Que den la cara los Albatros asesinos«, fue el pedido de Graciela, madre de Rafael, quien también llegó temprano a los tribunales de Roca.
Para ellos esta instancia, es la única vía para esclarecer qué pasó ese día en la montaña y encontrar algo de justicia y paz. La familia de Nahuel recorrerá miles de kilómetros desde su casa en Bariloche para estar presente en el juicio de inicio a fin, en las audiencias dos veces por semana en Roca.
Fueron cinco años de idas y vueltas entre informes periciales contradictorios y la presentación de recursos por parte de los imputados. El expediente había sido elevado a juicio en diciembre del 2021 y hubo cuatro prórrogas pedidas por las partes. En enero de 2019 fueron procesados los cinco albatros. Y este martes 14 de agosto de 2023 comenzó un hito en la laberíntica causa: el juicio en el Tribunal Oral Federal de General Roca, lejos de Bariloche, por donde pasarán más de 100 testigos.
Hicieron falta varios años y pericias, para confirmar que la bala letal calibre 9 milímetros que mató a Nahuel había sido disparada por un prefecto Guillermo Sergio Cavia; proveniente de su arma reglamentaria con la participación necesaria de sus otros cuatro colegas, también imputados en la causa.
Los imputados son todos suboficiales de la Prefectura Naval Argentina y oriundos de distintas provincias del norte argentino, Misiones, Formosa, Corrientes. Tienen entre 25 y 34 años y ninguno tenía antecedentes penales.
La del martes fue una jornada con movilización social de organizaciones a la que convocó la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche y en la que los abogados querellantes volvieron a insistir para que el juicio se realice en Bariloche, pero el pedido nuevamente fue denegado por el tribunal.
Desde el Centro De Estudios Legales y Sociales (CELS) habían elevado un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación -que en aquel entonces en manos de Patricia Bullrich- para que explicara e hiciera públicos los motivos por los cuales había involucrado a este grupo de elite para intervenir en un conflicto social.
Hoy los efectivos están en medio de un sumario administrativo en su fuerza, aunque no fueron separados de sus cargos hasta tanto se avance en el proceso judicial.
Los hechos y la teoría del enfrentamiento: la acusación fiscal
Los hechos ocurrieron entre las 16 y las 17 horas y -en un transcurso de 5 minutos- el 25 de noviembre de 2017 cuando el prefecto Cavia dio muerte con un disparo de arma de fuego a Rafael Nahuel que impactó en la cadera izquierda hasta la axila derecha, provocando una hemorragia interna y shock hipovolémico por daños en intestino, hígado y pulmon. Posteriormente murió.
Se probó que fueron “130 disparos” y que “Cavia dio el disparo homicida”. Fausto Jones Huala y Lautaro González, fueron quienes bajaron a Nahuel herido de muerte desde la montaña hasta la ruta nacional 40 para que sea asistido en una camilla hecha con palos.
Se encontraron residuos de plomo en las manos de los efectivos imputados, pero también de Nahuel, según la acusación, por lo que el fiscal llega a la conclusión de que usaron armas de fuego y de que los prefectos fueron atacados, aunque no se encontraron rastros de ellas.
La inspección ocular en el escenario del crimen fue 12 días después del hecho y no se pudo comprobar si fue modificado el terreno porque el lugar no estaba preservado en condiciones, según la fiscalía. Allí se encontraron vainas servidas de munición múltiple.
En esas circunstancias, los albatros estaban ahí porque tenían la orden de patrullar un sector de ese vasto territorio tras el desalojo de los miembros de la comunidad el 23 de noviembre de 2017, del juez federal Gustavo Villanueva. Esta comunidad está en litigio por los predios de Parques Nacionales y en aquel entonces estaban en un proceso de recuperación territorial y el 10 de noviembre habían tomado las tierras.
En el juicio, el fiscal general interino Rafael Vehils Ruíz es quien sostiene la acusación contra los imputados. Según su teoría, los prefectos dispararon sus armas tras ser atacados con “piedras, lanzas y armas de fuego” por parte de un grupo de unos 15 integrantes de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, y se terminaron “excediendo” al “defenderse” con sus armas.
“Pintos, Obregan y Garcia desoyeron a su superior (Lescano)”, quien les había pedido que no subieran mientras Sosa y Cavia estaban al resguardo. Al contrariar la orden, generaron un riesgo conjuntamente. “La desobediencia pudo haber desatado todo”, postularon, y luego dispararon todos con lo cual contribuyeron al homicidio, según la acusación.
La versión de la querella: dispararon a matar
Los padres de Nahuel se constituyeron como querellantes y los acompaña un importante abanico de abogados de diversas instituciones que descartaron la teoría fiscal de un supuesto “enfrentamiento” armado. Para los querellantes, los albatros dispararon con la intención de matar.
Los abogados de la familia de Rafael son: Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, Sebastian Feudal por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y Mariano Przybylski, como director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.
“Los persiguieron con intención de matarlos o con conocimiento de que los disparos podrían matar”, dijo Przybylski. “Fueron 130 disparos con intención letal”, postularon. Además, plantearon que los prefectos excedieron la orden judicial que era patrullar a 400 metros desde la ruta.
«Sentir que hay justicia, que las cosas no quedan impunes, que la muerte de un ciudadano a los responsables les cuesta una pena como dice la ley, que en este caso sería una pena de prisión perpetua»
Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos
La calificación legal propuesta es homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia por uso de arma de fuego y por abusar de su función y cargo en fuerzas seguridad en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravado, a Cavia en caracter de autor y al resto como participes necesarios.
“No mataron a más gente por casualidad”, concluyeron su planteo.
La defensa y los imputados declaran este miércoles
Según la elevación a juicio, los efectivos dispararon de forma intimidatoria para “resguardar sus vidas” y en ese sentido actuaron “en cumplimiento del deber». «Repeler el ataque”, circunstancia que estará en debate en las audiencias.
“Cumplí mi deber y me defendí de un ataque ilegítimo”, había declarado el prefecto, quien dijo que estaban ante un ataque y amenazas de muerte de un grupo de “encapuchados”. “Tiré con bolitas de pintura a personas que me tiraban con armas de fuego”, fue la declaración de Sosa, en su momento.
Los defensores particulares de los cinco prefectos son Marcelo Rochetti, Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti, quienes ayer anticiparon que sus defendidos declararán en la audiencia de este miércoles desde su conexión remota, aunque no contestarán preguntas de las partes.
Este 16 de agosto, continuarán las audiencias con la recepción de las declaraciones indagatorias con la palabra de los imputados. Los padres de Nahuel, quienes iban a declarar como testigos, fueron desistidos por sus abogados.
Un caso que conmocionó
Por Rafael Nahuel, desde 2017 en adelante se hicieron marchas en Bariloche para exigir justicia y también hubo algunas movilizaciones en apoyo a la Prefectura. Hoy, la imagen de “Rafita”, como le dice su familia, es el rostro de casos de gatillo fácil y símbolo de la lucha contra la violencia institucional en todo el territorio nacional.
Además, el asesinato de Rafael Nahuel fue un caso que conmocionó a poco del hallazgo de Santiago Maldonado en Chubut. El 25 de noviembre de 2017, día que asesinaron a Nahuel, había sido el velatorio del joven encontrado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras un operativo de Gendarmería en Chubut.
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