Juicio directo: organizaciones piden ser escuchadas en la Legislatura de Neuquén

Víctimas por la Paz y la Asociación Penamiento Penal capítulo Comahue pidieron al presidente de la Legislatura, Marcos Koopmann, que los convoque para dar su opinión respecto del juicio directo, un artículo del Código Procesal que podría modificarse para darle más poder a la fiscalía.

En tanto dos de los impulsores de la reforma, el fiscal general José Gerez y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, se reunieron en la ciudad junto al Lago Lácar para reafirmar su apoyo al proyecto que presentaron hace casi un año. Otro más moderado está en la Legislatura desde el 2020, firmado por el diputado democristiano Carlos Coggiola entre otros.

Víctimas por la Paz «está integrada por personas que sufrimos las consecuencias de hechos delictivos y que tuvimos la posibilidad de convertir el dolor y la frustración en acciones positivas, rechazando la idea que el mejor modo de afrontar los conflictos se encuentre en el endurecimiento de la ley penal. Estamos convencidos que la paz social se construye promoviendo la convivencia y la integración, y que el odio o el rencor solo profundizan la violencia».

«Agravará el sistema carcelario»

«Nuestro objetivo es instalar en la opinión pública y en el conocimiento de las autoridades que el concepto de víctima no es patrimonio exclusivo de quienes reclaman venganza. Que también hay otras personas dispuestas a contribuir en la tarea de disminuir los niveles con que habitualmente se responde a la violencia».

La coordinadora, Diana Marquez, presentó una nota en la Legislatura mediante la cual pidió que la convoquen para dar su opinión sobre el juicio directo. «Creemos que los proyectos de reforma propuestos podrían agravar la situación del sistema carcelario y contradecir los valores de convivencia e integración que defendemos».

Por su parte Pensamiento Penal, con la firma de Celia Delgado, Fernando Diez y Pablo Matkovic, también solicitó participar del debate.

«Nos une el interés y la vocación por la justicia y la libertad, la construcción de comunidades integradas y solidarias. También el respeto de la dignidad humana y la promoción de los derechos humanos, y la aspiración de una administración de justicia que se adecue al programa constitucional y el estado de derecho», explican.

Colisiona contra la Constitución

Por tales razones «tenemos el propósito de dar nuestra opinión sobre un asunto de intereses público relativo a las propuestas de modificación del Código Procesal Penal en relación con el llamado juicio directo. Creemos que los proyectos de reforma propuestos impactarán negativamente en el número de personas privadas de la libertad en la provincia en un contexto de colapso del sistema carcelario».

«Además, colisiona con valores sociales importantes y con previsiones constitucionales», concluyen.

Gerez y Saloniti también quieren ir

En tanto el fiscal general José Gerez planteó que “junto al intendente Saloniti acordamos que, en caso de que sea necesario, vamos a estar a disposición de los diputados y diputadas para ir a la Legislatura y plantear los argumentos por los cuales impulsamos esta iniciativa, que fue trabajada, consensuada y elaborada a través del Consejo Municipal de Prevención del Delito de San Martín de los Andes”.

La comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto tratar el tema en su reunión de este martes a las 9. La semana pasada acordó pedir informes al Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, para conocer sus opiniones.

No convocó al Colegio de Abogados, pese a que muchas personas imputadas tienen defensas particulares. Tampoco a las organizaciones que ahora piden ser escuchadas.

A favor y en contra

La fiscalía argumenta que no pide juicio directo porque la defensa pública se opone sistemáticamente, y la defensa responde que si el imputado no quiere un juicio directo, es su derecho.

Los dos proyectos, con diferencias, proponen que el juicio directo pueda llevarse adelante sin la conformidad de la defensa y deposita la decisión final en manos del juez.

El argumento del Ministerio Público Fiscal es que con esa herramienta, habrá condenas más rápidas y esto tendrá un efecto disuasorio sobre el delito. Hasta donde se sabe, ni la pena más extrema ha logrado bajar los índices delictivos en ninguna parte del mundo.

El otro fundamento, que se mandará más gente a la cárcel para sacarlos de circulación aunque sea por pocos años, también tiene su lado flaco: nunca hubo tanta gente presa como hoy en la provincia, y el delito se mantiene.

Por otra parte, pasar por la prisión puede dar un doble efecto: otorga mayor jerarquía dentro de determinados grupos para quienes deciden seguir en el delito, y le cierra definitivamente el camino al mercado laboral a los que buscan reinsertarse. Ni el Estado les da empleo a las personas que estudiaron en la cárcel (con programas del mismo Estado) por sus antecedentes.