Juicio directo: hay consenso para endurecer el Código Procesal de Neuquén

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Neuquén avanzó hacia la reforma de un artículo del Código Procesal Penal que busca conseguir más condenas y más rápido, al otorgar mayor poder a la fiscalía en determinados delitos y eliminar obstáculos para el juicio directo.

Con matices, las y los diputados manifestaron su apoyo a los proyectos de reforma del artículo 222, uno presentado por el legislador Carlos Coggiola (democracia cristiana, aliado a Rolando Figueroa) y el otro firmado por el fiscal general José Gerez y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti (MPN).

Coggiola dijo que «la ciudadanía necesita una respuesta distinta de la justicia, fundamentalmente en los delitos contra la propiedad que tal vez no son los más graves pero sí los más comunes». Echó mano de la frase favorita de quienes impulsan esta clase de reformas: «hay que terminar con la puerta giratoria».

También cayó en otro lugar común que se suele citar en estas ocasiones: «la perspectiva de los derechos humanos tiene que estar presente, pero en ningún lado dice que los derechos humanos son solamente de los delincuentes, sino de la sociedad, y fundamentalmente de las víctimas».

María Laura Du Plessis (MPN) recordó que «desde la gestión anterior veníamos evaluando esta reforma», pero se priorizó endurecer otro aspecto del Código Procesal Penal vinculado con los requisitos para imponer prisión preventiva. Negó que se vulneren garantías constitucionales del imputado ya que «es pertinente la posibilidad de oposición de la defensa, pero fundadamente».

«Criminalización de los más postergados»

A su turno Soledad Martínez (FdT) se mostró a favor de discutir la reforma, discutirlo, pero aclaró: «no abono la totalidad de los argumentos porque se enrolan en todas las teorías de la criminalización de los sectores más postergados».

Afirmó que «la seguridad es un tema del Poder Ejecutivo, y esto no tiene nada que ver con la seguridad».

Soledad Salaburu (FdT) observó que «cada vez que se genera escándalo público por algún hecho puntual, aparece la reforma del artículo 222». Añadió que «hay que debatirla, pero sin fragmentarla ni sacarla de contexto».

Desde el PTS-FIT, Andrés Blanco pidió tener en cuenta que «esta es una medida con implicancias políticas, que va a tener repercusión en la sociedad».

Volvió a tomar la palabra Du Plessis para señalar que «esta reforma no se trajo como respuesta a un hecho social concreto», aunque segundos después afirmó que el gobernador Omar Gutiérrez activó su pedido para que se trate la reforma del artículo «porque la sociedad lo está reclamando».

Pedidos de opinión e información

A la hora de resolver acciones concretas, se decidió pedirles opinión al Tribunal Superior de Justicia, a la fiscalía y a la defensa pública. Aunque muchos imputados recurren a defensores particulares, no se consideró al Colegio de Abogados como fuente de información.

Las y los legisladores evaluaron incorporar para la consulta a los jueces de Garantías, pero no supieron cómo instrumentarlo: quedó en evidencia que desconocen que están agrupados en Colegios (del interior y de capital) y que cada uno tiene su presidenta.

El juicio directo contemplado en el artículo 222 requiere del acuerdo de la fiscalía y la defensa para saltearse la etapa intermedia, con lo cual se acortan los plazos.

Qué dicen los proyectos

El proyecto de Coggiola, que fue presentado en febrero del 2020 y firman más diputados, establece que en los casos de flagrancia el fiscal podrá solicitar el juicio directo sin acuerdo de la defensa, «la que podrá formular oposición fundada» y el juez de Garantías tendrá la decisión final.

A su vez Gerez-Saloniti proponen un cambio más radical: el juicio directo se podrá utilizar para todos los delitos, y barre del escenario a la opinión de la defensa.