Juicio a un juez y un fiscal en Neuquén: aseguran que ejercieron una «actuación concreta» con la dictadura
Nuevos testimonios indicaron que Pedro Duarte y Víctor Ortiz, responsables del juzgado federal de Neuquén en 1976, mantuvieron una "disposición específica" para demorar las denuncias por secuestros, desapariciones y homicidio.
La fiscalía federal de Neuquén acusó a Duarte y Ruiz de ejercer una "actuación concreta". Foto: Matías Subat.
En una nueva jornada del juicio VIII La Escuelita, nuevos testimonios conocidos este viernes dieron cuenta que Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, responsables del juzgado federal de Neuquén durante la última dictadura cívico militar, ejercieron «una actuación concreta» para demorar los habeas corpus y las denuncias de las familias de los desaparecidos.
Primero declaró Inés Ragni, madre de Oscar Ragni, quien desapareció el 23 de diciembre de 1976 de su casa del barrio Progreso, a la que había llegado desde La Plata para reunirse con su familia. En su testimonio, reivindicó la tarea de las Madres de Plaza de Mayo, organización de la que es parte, y relató las trabas que encontró en la Justicia al momento de buscar a su hijo secuestrado.
En concreto, Duarte y Ruiz, quienes se desempeñaban como juez y fiscal respectivamente, fueron acusados por haber actuado como «facilitadores de los delitos de lesa humanidad», cuando los familiares y allegados de los retenidos presentaban sus denuncias en búsqueda de sus paraderos.
En ese sentido declaró la hija de Beatriz Cozzi de Cerazo, quien fue jueza subrogante en el juzgado federal de la capital provincial, según relató Natalia Hormazabal, abogada querellante de la familia Ragni, a Diario RÍO NEGRO.
Ante el tribunal, la mujer relató el proceso de destitución de su madre, ocurrido en simultaneo al nombramiento de Duarte a cargo del juzgado, en julio de 1976.
En su declaración, precisó la letrada a este medio, pudo contar «las cuestiones que conoció fácticamente por su mamá», entre ellas su desplazamiento del cargo y la relación que mantenían Duarte y Ortiz con el comando del Ejército.
La jueza Cozzi de Cerazo, antes de ser destituida, había iniciado una investigación contra la Policía Federal, en cuya sede se llevaban detenidos, hasta que finalmente se puso en funcionamiento La Escuelita, ubicada en el fondo del predio del Batallón militar, en Lanín y Chaco.
La hija de la magistrada fallecida, habló además de una «disposición específica» de estos dos funcionarios para actuar como «los brazos de la justicia» del plan sistemático de las Fuerzas Armadas.
Otro testimonio clave contra Duarte y Ruiz
También declaró este viernes Marcos Seminario, hermano de Javier Seminario Ramos, desaparecido desde que una comisión del destacamento de Investigaciones de la Sexta Brigada, lo retiró de la cárcel de Rawson el 4 noviembre de 1976.
Hormazabal explicó que en su testimonio, Seminario habló de «la actuación muy concreta» de estos funcionarios y dio cuenta de una «inacción» directa de ambos cuando se presentaban las denuncias por habeas corpus.
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