Joe Lewis, dueño de Lago Escondido, fue citado por los tribunales de Nueva York por presunto tráfico de información

El magnate británico Joe Lewis, dueño del Lago Escondido en la Patagonia argentina, deberá presentarse nuevamente ante los tribunales de Nueva York en enero de 2024 en el marco de la investigación por presunto tráfico de información privilegiada a allegados para obtener millonarios beneficios con el manejo de acciones de empresas.

Lewis está acusado por un «descarado» plan de tráfico de información privilegiada y quedó en libertad tras pagar una fianza de 300 millones de dólares, pero debió entregar su pasaporte y no puede salir de Estados Unidos.

Según publicó el periódico británico Daily Mail, Lewis –de 86 años de edad- debía comparecer el martes, pero la audiencia fue pospuesta hasta principios del año entrante.

La situación de Lewis es especialmente seguida en Gran Bretaña, pues hasta el año pasado fue el accionista mayoritario del club de  fútbol de la Premier League Tottenham Hotspur pero vendió sus acciones a un fideicomiso que lleva su propio nombre.

Las acciones fueron transferidas al “Lewis Family Discretionary Trust”, del cual Lewis no es beneficiario, por lo que el club inglés afirmó que los problemas legales que atraviesa el empresario en Estados Unidos no los afectan.

El fideicomiso es administrado por Katie Louise Booth, una británica que vive en las Bahamas, y Bryan Antoine Glinton, un abogado que también vive en esa isla, en la que Lewis tiene su residencia permanente. Según el Daily Mail, ambos “figuran como personas de control significativo en los Spurs” desde octubre de 2022.

Lewis se declaró inocente de 19 cargos de uso de información privilegiada y conspiración entre 2013 y 2021, cuando Lewis era aún accionista de los Spurs.

Junto con el magnate comparecieron ante un tribunal federal de Manhattan junto con los  pilotos de su avión privado y coacusados: Patrick O’Connor y Bryan Waugh, quienes también se declararon inocentes.

La pena en expectativa para todos los imputados va de los cinco a los 25 años de cárcel, además de multas multimillonarias.