Investigan la apropiación de un varón clase 81, en Neuquén
No fue parte del robo sistemático de hijos de las desaparecidas. Con similar modalidad, un matrimonio anotó como propio a un recién nacido arrebatado a la madre, víctima de abusos. Le dijeron que su hijo nació muerto
La cámara Federal de Roca ordenó continuar la investigación de la supresión de identidad de un varón inscripto como hijo de un matrimonio sin el consentimiento de su madre biológica. La adopción irregular ocurrió durante la dictadura, pero no formó parte del plan sistemático de apropiación de bebés en los centros clandestinos.
Sin embargo, el falseamiento de identidad es el mismo por un militar que se valió de su condición para hacer la maniobra, dijo la cámara de Roca y corresponderá que se investigue de esa manera en el juzgado federal de Neuquén.
A pedido de la fiscalía federal y de la Defensoría Pública de las Víctimas, la causa deberá ser abordada por el juez Gustavo Villanueva como una apropiación y supresión de identidad de un varón que fue separado de su madre biológica para ser entregado a un matrimonio que, para quedarse con el niño, llevó a cabo maniobras ilegales en las que intervino una enfermera de una clínica capitalina.
Hubo además un proceso de inscripción con documentación falsa del origen del bebé.
En agosto pasado, coordinadoras nacionales de la campaña “mamas buscan” del programa nacional de Identidad de Origen, estuvieron en Neuquén para capacitar a los y las operarias de áreas de la subsecretaría de Derechos Humanos que atendían unas 5 consultas al mes vinculadas a la identidad y nacimiento. O madres que describían que sus bebés les fueron arrebatados tras el parto con el argumento de que habían nacido muertos o sacados literalmente de los brazos cuando tenían entre 14 y 16 años con diferentes argucias.
En ese momento se destacó que como el objetivo es conectar a esa hija o hijo con su madre biológica para iniciar el camino de recupero de identidad, el proceso de imputaciones y la vía legal era un abordaje que dependía de cada proceso. La capacitación incluyó a agentes del registro civil y personal de Salud, porque en el país, unas 520 madres buscan a sus hijos o hijas que fueron robadas en un momento de vulnerabilidad tras dar a luz y se requiere hurgar en documentación de la época que sólo se encuentra en las actas de hospitales y en documentación registral. La estimación de la apropiación alcanzaría a unas 18.000 personas en Argentina.
La abogada Julieta Terrile, del programa de identidad de la Conadi, explicó que encontró a su familia y madre biológica luego de una intensa búsqueda. Su padre de crianza era abogado, su mamá trabajadora social y su madre biológica, una mujer del norte del país a la que conoció hace unos 10 años.
En la causa que la Cámara de Roca ordenó investigar en la sede federal, el varón con identidad cambiada nació como consecuencia de la violación de una adolescente de 15 años al cuidado de un militar en el barrio neuquino destinado a los suboficiales del Ejército.
La pareja de apropiadores usó sus vínculos en una clínica privada de la ciudad y en el Ejército para lograr una partida de nacimiento y anotar al niño como hijo propio en 1.982 en el Registro Civil. A la madre biológica, se le dijo que el bebé había nacido muerto.
Tras varias discusiones legales sobre si la causa de la apropiación debía ser investigada por separado de la registración ilegal o si debía ser derivada a la justicia provincial, el tribunal de alzada determinó que se investiguen las responsabilidades del matrimonio en conjunto con la tarea de supresión de la identidad, aunque varias de las personas intervinientes en el proceso, hubieran fallecido.
“La maniobra estuvo destinada a ocultar y alterar la verdadera identidad” de ese bebé (hoy de unos 42 años) y aunque se descartó que la apropiación fuera como parte del plan sistemático de persecución política, fue una alteración de la identidad la persona (delito) y el militar se aprovechó de su condición de funcionario en tiempos aún de dictadura, para conseguir registrarlo a su nombre y el de su esposa.
Así lo dictaminó el juez Richar Gallego, los primeros días de febrero de este año, al ordenar la continuidad de la investigación en el juzgado Federal 2 de Neuquén.
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El programa de Identidad de origen en Neuquén sigue en funcionamiento en la subsecretaría de Justicia, Derechos Humanos y Familia. Fue creado por la ley 3.249, que emuló el programa nacional con el mismo nombre. El área nacional no tiene designación de responsables, según se informó.
Fue una metodología que la dictadura profundizó
La apropiación de bebés de mujeres en condiciones de vulnerabilidad no fue exclusivo de los militares durante el golpe, sino un mecanismo ilegal en vigencia que se profundizó con las perseguidas políticas en los centros clandestinos. Siempre estuvo vincula do a sectores de poder, como operadores judiciales, trabajadoras sociales y personal en maternidades que decidían el destino de un recién nacido de una madre con poca edad, poca instrucción y de pocos recursos en los momentos de vulnerabilidad de un parto. Así lo describió Maria Gracia, coordinadoras del programa Identidad y Origen en 2.023.
En Neuquén salió a la luz en 2016 la sustitución de identidad en Junín, de una persona anotado como hijo propio y entregado por un juez de paz acusado de arrebatar el bebé de una mujer de campo.
En 1991, conocido como el caso Ñanco, un fiscal quedó sospechado de apropiación del bebé de un hombre indigente y su mujer con problemas de alcohol, que denunciaron haber sido engañados para dar en adopción a uno de sus hijos. La denuncia fue retirada en medio de la polémica pública.
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