Inicia el juicio contra un exintendente de Cinco Saltos por fraude: la fiscalía pedirá prisión efectiva
Germán Epul está acusado de malversación de fondos junto a otro exfuncionario de su gestión entre 2015 y 2019. Un empresario que fue imputado en el comienzo del proceso será el clave en el debate.
Una licitación hecha “a medida” para utilizar recursos del Estado en pos de intereses personales es parte de la acusación que enfrentará el exitnendente de Cinco Saltos Germán Epul. Luego de más de dos años de investigación la causa por malversación de fondos en el municipio rionegrino llega a juicio. También está imputado el exsecretario de gobierno Diego Palacios. Epul también está imputado en la causa Techo Digno.
Están acusados de manipular una licitación para la compra de adoquines para beneficiar a una empresa que finalmente no entregó los materiales. El debate oral y público comienza este miércoles se prolongará por tres audiencias y declararán 23 testigos.
En el inicio de la investigación también se imputó al titular de la empresa que ganó la licitación, pero finalmente la fiscalía concluyó que también fue “víctima” del procedimiento y será un testigo clave en el debate. Meses atrás la fiscalía adelantó que pedirá penas de prisión efectiva.
Según la denuncia que lleva adelante el fiscal jefe Gustavo Herrera, Epul dirigió una licitación para la compra de adoquines para beneficiar a una empresa que finalmente no entregó los materiales. La obra no se hizo y ese dinero se utilizó para comprar una máquina para realizar los adoquines.
Epul, intendente por JSRN entre 2015 y 2019, fue acusado en 2022 junto al exsecretario de gobierno Diego Palacios y al director de la empresa, Nazareno Lozano. Pero meses después y tras las declaraciones del empresario, el fiscal le ofreció un acuerdo a cambio de declarar en el juicio: se trata de un testimonio clave en el proceso.
El pedido tramitó como criterio de oportunidad, que es una salida alternativa al conflicto prevista en el código procesal penal. Sin embargo, lo que sucedió podría encuadrarse en la figura del testigo arrepentido, previsto en una ley nacional para causas de corrupción. La diferencia es que el criterio de oportunidad desvincula al imputado y la ley nacional prevé una reducción de la pena.
Lozano aseguró que Palacios lo obligó a participar de una licitación para la compra de adoquines sabiendo que no cumplía con los requisitos mínimos; ni siquiera estaba inscripto como proveedor del municipio. Perseguían otro objetivo: comprar una adoquinera con fondos municipales a través de la empresa para participar de licitaciones en otros municipios.
El debate oral y público fue organizado en tres audiencias fijadas los días 29, 30 y 31 de mayo a partir de las 08:30 en la sede judicial de España y Urquiza de Cipolletti.
Comentarios