Imputaron a uno de los referentes del Consejo Policial por la toma de la Regional II en Roca
Se trata de Rubén Muñoz que ocupó las instalaciones el mes pasado. La medida fue en protesta por los traslados de los policías que se habían manifestado por mejoras salariales.
La medida fue en reclamo por los traslados de los efectivos. Foto Andrés Maripe
Uno de los referentes del Consejo de Bienestar Policial que ocupó la Unidad Regional Segunda en Roca fue imputado hoy por los delitos de coacción, turbación, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos.
El acusado es Rubén Muñoz, el policía cesanteado que tomó las instalaciones el pasado 20 de abril en reclamo por los traslados de policías que habían participado de las protestas por mejoras salariales.
Desde el Ministerio Público informaron que en aquella oportunidad la fiscal de turno intervino en el lugar, logrando acercar posiciones y llegar a una resolución pacífica del conflicto suscitado. No obstante ello hoy se imputaron formalmente los delitos mencionados.
Según la acusación los hechos se habrían desarrollado entre las 15 y la 1 de ese jueves de abril, en la Regional II de calle Tucumán cuando habrían ingresado de manera intempestiva el imputado, junto a una mujer no identificada aún, y le habría dicho al empleado policial de guardia: “tenes que irte porque voy a tomar la Regional…” que te vayas porque sino va a ser peor para vos…. porque hay gente afuera que viene llegando a la Regional…”, cuestión que le habría causado temor y se fue del lugar”, describió la fiscalía.
“Luego las dos personas habrían comenzado a tapar las puertas con papel de diario, y con las llaves del lugar en su poder, habrían cerrado el portón que da sobre calle Córdoba, turbando la tenencia de la Institución policial, impidiendo de esta manera el ingreso de cualquier persona a la Institución Pública Policial”, explicaron.
Con ese accionar, sostiene la fiscalía, “ambos perturbaron el orden de quienes estaban ejerciendo sus funciones en dicha unidad”.
El Ministerio Público Fiscal detalló que “en el exterior se encontraban treinta personas encapuchadas, que habrían impedido el acceso a la dependencia. Uno de los portones estaba obstaculizado con un vehículo y el otro portón con dos conteiner”.
El hombre, que estuvo asistido por la defensa penal pública, eligió prestar declaración en la audiencia y realizar algunas aclaraciones que él consideraba pertinentes en esta instancia. Por su parte, la defensa técnica se opuso a la formulación de cargos como también a ciertas medidas cautelares propuestas por la fiscalía.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal.
Así mismo, en relación a las medidas cautelares, el magistrado tuvo en cuenta uno de los peligros procesales argumentados por la fiscalía, es el de entorpecimiento a la investigación.
De esta manera, por el plazo de 4 meses, el imputado deberá mantener el domicilio brindado en audiencia, no deberá acercarse a ninguna unidad policial, por cualquier inconveniente se comunicará con la fiscalía, además no debe realizar ningún acto, manifestación, publicación por cualquier medio o incitación, en redes sociales o por cualquier otro medio escrito, virtual, radial a cometer delitos de los que aquí se trataron, y rige la prohibición de acercamiento a dos empleados policiales en particular.
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