Imágenes de abuso sexual infantil: ¿qué le secuestraron a la persona acusada en Bariloche?
El fiscal Martín Govetto detalló la cantidad de material secuestrado en dos viviendas del barrio Melipal frente a la persona investigada y su padre.
Ante la mirada atenta de Jorge Lulich, el hombre investigado por su presunta participación en una presunta red de intercambios de imágenes de abuso sexual infantil, el fiscal Martín Govetto procedió a detallar el material distribuido en 74 sobres y secuestrado en la casa del barrio Melipal a mediados de noviembre.
Dispositivos, decenas de Pendrive, cámaras fotográficas, una placa electrónica, disco externo, teléfono inalámbrico, un módem y CD “grabados en cantidad” , un router, tarjetas de memoria. La lista era interminable.
“Son muchos los elementos; por eso hay que hacer una selección para ver cuál irá a Oitel y cuál a Informática Forense. Tenemos que determinar y confirmar que por medio de esos programas, se realizó el envío de estas imágenes. También hay que determinar si el router tiene vinculación con ese domicilio y estas prácticas y, saber quién las hizo”, manifestó el fiscal ante el juez de Garantías, Sergio Pichetto.
Lulich, de 48 años, está investigado porque, al parecer, sus cuentas de internet formarían parte de la presunta red de intercambios. La investigación surgió por iniciativa de la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.
Govetto recordó que todos los elementos que procederán a analizar fueron secuestrados de dos viviendas ubicadas en el mismo predio en el barrio al oeste de Bariloche. En una casa vive la persona investigada y en la otra, su padre que también presenció la audiencia.
Pichetto recordó que aún no se ha realizado la formulación de cargos y que la audiencia anterior se llevó adelante para informarle a Lulich sobre las medidas cautelares. “Hoy se solicita otra audiencia porque ante el secuestro de aparatología y elementos que contienen información, hay que abrirlos y evaluarlos”, esgrimió el magistrado y agregó: “Esta audiencia es para que la persona sepa qué se va a hacer y de qué manera para no alterar sus garantías constitucionales, aunque normalmente esto se pide por escrito”.
A su turno, la abogada defensora Natalia Araya solicitó que la próxima audiencia se fije “con antelación suficiente para poner un perito a disposición”.
A pedido de la Fiscalía, Pichetto le indicó a Lulich que, mientras dure el plazo de la investigación de seis meses (vence el 19 de mayor del año próximo), deberá mantenerlos informados respecto a su domicilio.
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