Hubo acuerdo para no dilatar más el inicio del juicio por la causa Facundo Castillo en Cipolletti
Florencia Caruso no será la jueza técnica en el debate y las partes acordaron que sea Guillermo Merlo. Se definió la fecha de juicio y se extendió la prisión preventiva del imputado Ramiro Gutiérrez.
El 19 de diciembre Facundo Castillo fue atropellado a la salida de una fiesta en Cipolletti. Foto: Archivo.
Los dimes y diretes en el proceso jurídico por el homicidio de Facundo Castillo en Cipolletti tomaron otro nuevo rumbo en las últimas horas. En una audiencia que se desarrolló el viernes se definió nueva fecha de debate, se confirmó el cambió de juez técnico para el juicio por jurados y se extendió la prisión preventiva de Ramiro Gutiérrez, imputado por homicidio simple y cinco tentativas de homicidio.
El proceso que arrastra horas y horas de discusión entre las partes parece haber encontrado un punto en común: la conformidad del reemplazo de la jueza natural del proceso Florencia Caruso por el juez Guillermo Merlo, presidente del foro de la Cuarta Circunscripción. El tema abre una puerta difícil de cerrar.
Esta decisión que se tomó en la audiencia del viernes para definir la medida cautelar contra Gutiérrez no tuvo agravios de ninguna de las partes y confirmó que será Merlo quien dirija el debate. Se consensuó, además, que el 5 de mayo será la selección de jurado popular, mientras que el lunes 8 de mayo comenzará el juicio.
La resolución aporta celeridad al proceso, porque la recusación que hizo la defensa contra Caruso podía terminar en la Corte Suprema con toda la demora burocrática que eso implica. Sin embargo, se tomó una decisión sin precedentes en la Circunscripción.
El laberinto jurídico en la causa Facundo Castillo
El laberinto jurídico es más o menos así: los abogados de Gutiérrez, Martín Segovia y Carlos Vila, recusaron a Caruso: entienden que no puede ser la jueza del debate quien estuvo a cargo del control de acusación y para eso se ampararon en un artículo del código de procedimiento. Casualmente, fue Merlo quien resolvió esta cuestión técnica por ser el presidente del Foro y confirmó a la jueza. Sin embargo, esa decisión no quedó firme porque la defensa anunció una Impugnación.
Como el viernes de la semana pasada vencía la preventiva de Gutiérrez se fijó una segunda audiencia. Por decreto Caruso sostuvo que «la medida cautelar es accesoria y no tiene que ver con el juicio por lo tanto cualquiera de los jueces podemos llevarla adelante, más allá de esto y priorizando que se lleve adelante la
audiencia, que puede ser con otro juez, sin necesidad de otro trámite que este; voy a solicitar a la oficina judicial, con las facultades que otorga la ley orgánica, que designe un juez o jueza para la audiencia de mañana; ello a fin de no dilatar la decisión que debe ser atendida con urgencia y premura».
La Oficina Judicial por sorteo designó a Merlo quien el viernes dirigió esa audiencia. Allí, la defensa aseguró que no continuaría con el agravio puesto que la recusación era «objetiva» y que no había nada personal con Caruso. Es decir que consintió, junto con la fiscalía y la querella, la continuidad de Merlo como juez técnico.
Seguramente en pos de la celeridad del proceso que es el principal reclamo de la familia de Facundo Castillo que desde la muerte del joven, el 19 de diciembre de 2021, piden justicia.
Con este nuevo camino, el juicio comenzará el lunes 8 de mayo y se extenderá por una semana en doble jornada. Merlo extendió el plazo de la prisión preventiva hasta el 21 de junio, fecha que Gutiérrez cumplirá un año y medio preso detenido, máximo tiempo que contempla el código procesal para una persona sin condena firme.
La doble lectura
La resolución de Merlo tuvo doble lectura entre los abogados consultados. Por un lado, resolvió la realización del juicio puesto que se especulaba con el vencimiento de la prisión preventiva de Gutiérrez. El código fija un plazo máximo de 18 meses que se cumple a mediados de año. Sin juicio y con ese lapso vencido tendría que salir en libertad. En cambio con juicio y con sentencia esos 18 meses dejan de contarse.
Pero además aportó celeridad a un proceso que consumió extensas jornadas y recursos del Poder Judicial. Sin ir más lejos el control de acusación es uno de los más largos en la Circunscripción desde la reforma del código procesal en 2017. Hasta el propio Merlo hizo referencia a la demora que tuvo esa instancia.
La otra lectura, institucionalmente la más peligrosa, es que la decisión de Merlo abre la posibilidad de elegir jueces a conveniencia y atenta contra la figura de la «jueza natural» del proceso que era Caruso. Un tema que podría traer planteos de nulidad.
El código procesal evita la chance de elegir jueces. Pero esta vez las partes se pusieron de acuerdo para «correr» a Caruso. La decisión dejó a Merlo en una situación ambigua: como juez administrativo confirmó a Caruso pero como juez técnico la desplazó. Un tema sin precedentes.
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