Guglielminetti pidió domiciliaria tras la visita de diputados de LLA a condenados por crímenes de la dictadura
La APDH Neuquén pidió la remoción de diputados que visitaron a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Raúl Guglielminetti estuvo en la sala del TOF a partir del 2012. Luego el tribunal permitió la presencia virtual de los acusados (archivo RN)
La APDH Neuquén solicitó a Cámara de Diputados de la Nación la remoción de los legisladores nacionales que fueron al penal de Ezeiza a entrevistarse con condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, Raúl Guglielminetti. El civil de Inteligencia, que cuenta con tres condenas en los juicios de La Escuelita, en Neuquén, pidió terminar su pena en la casa. «Cárcel comun», fue la posición de la fiscalía de Neuquén.
La APDH recordó por qué el civil de inteligencia (quien se hizo llamar mayor Guastavino) tiene varias condenas, tres en la región y la última a perpetua, por los hechos aberrantes que cometió durante la dictadura cívico militar.
En un comunicado de prensa, repudiaron la visita vindicatoria de legisladores nacionales y bregaron porque no se soslaye «semejante acto de traición a los valores democráticos» del bloque de La Libertad Avanza.
La APDH recordó que Guglielminetti integró la Triple A antes del 76, «asoló pasillos y aulas de la UNCo», luego fue contratado por Inteligencia militar en el D 182 de Neuquén hasta que en mayo del 76 se fue al Batallón 601. «Huyó del país cuando se difundió su rostro y antecedentes, cuando fue descubierto como custodio del expresidente Raúl Alfonsín», destacaron.
El viernes, el fiscal federal Miguel Palazzani, fue consultado por los jueces de ejecución en Neuquén por un nuevo pedido de prisión domiciliaria. El fiscal respondió que Guglielminetti «cuenta con un buen espacio de salud» en el penal en el que cumple la condena, donde hay 10 camas para la internación y se brinda atención «en diversas especialidades médicas».
El fiscal rechazó el pedido de prisión domiciliaria y luego del pronunciamiento de la fiscalía, el TOF de Neuquén deberá definir. El fiscal explicó que la ley aconseja que, por razones humanitarias, las personas privadas de la libertad de más de 70 años logren la domiciliaria para continuar la condena si el lugar de alojamiento no puede atender los requerimientos de vida.
Agregó que Guglielminetti tiene buena salud y solo registra los achaques de la edad, ya que tenía menos de 35 años cuando formaba parte de los grupos de tarea en la zona en los que se secuestró a las universitarias que siguen desaparecidas en el Alto Valle.
Fue el que dejó sordo a Orlando Nano Balbo, en una de las sesiones de tortura de la delegación federal de Neuquén. Balbo fue un maestro neuquino secuestrado el 24 de marzo de 1976 que sobrevivió a las cárceles de la dictadura.
«No hay que perder de vista que Guglielminetti ha sido condenado por su participación de delitos de extrema gravedad cometidos en el contexto del Terrorismo de Estado», dijo el fiscal Palazzani en su rechazo a la petición del PCI. Reforzó que el Estado argentino está obligado a llevar a cabo estos juzgamientos y «la prisión o condena debe ser efectivamente cumplida en cárcel común».
El periodista y abogado de causas de lesa humanidad, Pablo Llonto solicitó informes al TOF 5, que tiene a su cargo el control de ejecución de la pena de los condenados en Buenos Aires, por la visita que hicieron los diputados y diputadas de LLA al penal de Ezeiza. Fue por declaraciones periodísticas de legisladoras libertarias que aseguraron haber llegado engañadas al penal, en contra de lo que fija el reglamento de visitas en los penales federales.
Allí habrían recibido de mano de Guglielminetti el proyecto de decreto para establecer la proscripción de las causas en las que fueron condenados los genocidas por «plazo razonable» desde que cometieron los delitos.
Versiones periodísticas atribuyeron la asesoría legal a la hija del general Enrique Braulio Olea (ya fallecido), María Laura Olea, quien cuando actuó de defensora en Neuquén, debió dejar su cargo en la Cámara Federal de Comodoro Py. Tras el fallecimiento de su padre (condenado también por su participación en el Plan Cóndor) Olea continúa en la defensa de los acusados de lesa humanidad hasta la actualidad, en el mega juicio del V Cuerpo que está en etapa de alegatos en Bahía Blanca.
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