Grave declaración del exjefe de policía en el caso Fuentealba: el fallo repercutirá en el «orden institucional»

Carlos Zalazar ingresó a la escuela de cadetes en 1977 y se retiró de la policía en 2007, cuando el gobernador Jorge Sobisch removió a la cúpula, luego de que el cabo José Darío Poblete le disparara al docente Carlos Fuentealba, el 4 de abril. Hoy tiene un lavadero de ropa en Buta Ranquil. Es el primer exjefe de la fuerza condenado por abuso de autoridad. Durante el juicio no se sentó con el resto de los imputados, sino al lado de sus defensores. Ayer, antes que el tribunal pasará a definir la pena que le impondrá, se paró y fue el único que habló.

«Con todo respeto que me merece el tribunal, yo me considero inocente», afirmó, mientras pasaba el micrófono de una mano a la otra.

Aseguró que el largo proceso al que fueron sometidos «ha empañado nuestro honor y nuestras vivencias, y ha perjudicado notoriamente el funcionamiento de la policía de la provincia de Neuquén debido a los cargos que nosotros ostentamos, más allá de que sentimos que estábamos cumpliendo con nuestro deber al hacerlo».

Zalazar se reunió el 3 de abril con Sobisch que lo instruyó sobre el procedimiento que iban a realizar al día siguiente en Arroyito. Al no haber orden operacional, ni escrita, el tribunal sostuvo que él era el máximo responsable de hacer cumplir esas directivas. Más aún cuando fue hasta el lugar para supervisar lo que estaba pasando. La represión concluyó cuando Poblete, del grupo especial Zapala, tiró a la luneta del auto en el que iba Fuentealba, a corta distancia, y lo mató.

Los jueces fueron claros al establecer límites el accionar policial.  «El uso legal de medios disuasivos se torna claramente arbitrario cuando se desvía de una finalidad legítima, restringiendo derechos de los manifestantes más allá de lo necesario, y poniendo en riesgo la integridad física y psíquica de las personas, de una manera impropia de la racionalidad de los actos de gobierno en un Estado constitucional de derecho«, explicaron en el fallo.

El exjefe mencionó en sus últimas palabras que sufre una «persecución» a la que «está siendo sometido no Zalazar Carlos David, no Soto Moisés, no Garrido, la policía de la provincia». Incluso se refirió a la «situación que está ocurriendo hoy en Jujuy», por la represión del gobierno de Gerardo Morales, de la que dijo «no estoy muy informado pero sé que es una situación de problemas sociales». Planteó que escuchó expresiones como que los policías de aquella provincia «son asesinos» igual que los de Neuquén.

Afirmó: «a mi me dolió tanto como a cualquiera y como me duele la muerte de cualquier persona, la muerte del señor Fuentealba. Nos dolió incomensurablemente».

Su declaración terminó con una grave expresión, que podría interpretarse como una velada advertencia. Indicó: «esto va a repercutir en lo sucesivo y en el futuro, en el orden institucional de la provincia». También dijo que se estaba cometiendo «una injusticia total contra mi persona, contra la persona de mis compañeros y contra la policía de Neuquén».

Esta es la segunda vez que se dirige a los jueces. Anteriormente había dicho que los maestros tenían «actitudes belicosas» y que «no eran carmelitas descalzas», justificando el modo en el que actuaba la policía. Señaló que los controles que se hicieron en la ruta de Neuquén a Arroyito aquel día era «para evitar que por ahí pasaran armas«, lo que en el juicio quedó probado que no hubo.