Funcionarios del Ministerio Público de Río Negro bajo la lupa: juicios políticos, sumarios y denuncias penales
Un fiscal enfrentará un jury y un defensor podría correr la misma suerte. Además la Procuración denunció penalmente a una funcionaria que tenía dos trabajos. Hay varios sumarios abiertos.
El Procurador Jorge Crespo denunció a una funcionaria de Cipolletti (Archivo: Florencia Salto)
El legislador Juan Martin dictaminó que Luciano Alvarez Ania ocultó información sensible en un preocupacional antes de asumir como fiscal de Choele Choel. Es una de las acusaciones que se le achacan al funcionario del Ministerio Público que deberá defenderse en un juicio político.
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El legislador del PRO, y miembro del Consejo de la Magistratura, estuvo a cargo de la investigación y semanas atrás presentó el informe que recomendó avanzar con el proceso. Las actuaciones se derivaron al fiscal General Fabricio Brogna quien deberá elaborar la requisitoria a juicio político y luego acusar en el jury.
La votación de avanzar con el proceso disciplinario fue por mayoría porque Jorge Crespo se abstuvo: es que el Procurador se podrá la pilcha de Juez y será quien decida la suerte del joven funcionario.
Las dificultades para Alvarez Ania comenzaron un par de meses después de asumir su cargo, el 14 de octubre de 2022. El 10 de abril de 2023 tenía que hacer una dirigencia en Río Colorado y días antes presentó un certificado médico que se extendió hasta abril de este año.
El área de prensa del Ministerio Público detalló que 30 días después de presentar la licencia la coordinación de Recursos Humanos le dio intervención a la junta médica. El joven fiscal volvió a sus funciones el 8 de mayo de este año, pero desde la Procuración ya se había tomado la decisión de avanzar con el expediente.
Mientras se encontraba de licencia el fiscal se anotó a un concurso para el mismo cargo pero en Cipolletti, su lugar de origen. Llegó a la instancia final pero perdió con Gabriel Lamas quien el 28 de octubre pasado asumió el cargo.
La investigación quedó en manos del consejero de la oposición quien en su primer año en la Magistratura tuvo la ardua tarea de elaborar el sumario. Semanas atrás en Roca lo presentó y recomendó avanzar con el jury. Las acusaciones por desarreglos en la conducta incluye la omisión de información sensible en una declaración jurada.
Pero eso no fue todo. Durante el proceso, en el marco del control laboral que se le realiza a funcionarios del Ministerio Público, se le llamó la atención en reiteradas oportunidades por comportamientos disfuncionales: llegaba tarde y se retiraba a mitad de mañana, entre otras faltas que alertaron al área de Recursos Humanos.
La situación de Alvarez Ania no fue el único expediente administrativo que avanzó en la Magistratura: se abrió un nuevo sumario disciplinario contra el defensor de Río Colorado Gerardo Grill, por desarreglos de conducta como funcionario público. El letrado fue denunciado nuevamente por maltrato y acumula varias acusaciones de ese calibre.
Grill arrastra una dura sanción de noviembre de 2023 cuando en un jury abreviado fue sancionado con 50 días de suspensión sin goce de sueldo. Esta sanción se impuso después de que el funcionario admitiera cargos de mal desempeño y graves desarreglos de conducta.
Es una de las sanciones más grave que establece la justicia de Río Negro a sus funcionarios después de la destitución. Las principales acusaciones contra el defensor general fueron por maltrato y retrasos en expedientes sensibles, entre ellos del fuero de Familia. En este nuevo expediente el instructor sumariante será el otro consejero y legislador del PRO: Juan Murillo.
Las investigaciones internas en la Procuración no se limitan a estos dos casos de Valle Medio: hay más. La semana pasada el fiscal jefe de Viedma Hernán Trejo se reunió con funcionarias de Roca por una denuncia contra la fiscalía de la Segunda Circunscripción. Es por la investigación de la muerte de un joven en febrero pasado. Era el nieto del reconocido dirigente gremial Aurelio Vázquez. Fue él quien presentó una denuncia por demoras en la investigación y por eso se sancionó a un empleado de la fiscalía en Roca.
Pero ahora las miradas se posan sobre la flamante fiscal jefa Belén Calarco y la titular Norma Reyes. Estaban a cargo de la investigación que finalmente se disolvió porque no se hallaron signos de violencia en la muerte de Teo Samuel Vázquez , de 19 años. Lo que investiga el fiscal Trejo es si hubo alguna irregularidad y/o responsabilidad de las funcionarias públicas.
Uno de los últimos procesos que se avanzó en la Procuración es la denuncia penal contra una empleada de la Defensoría de Cipolletti: el propio Jorge Crespo inició las actuaciones penales por la posible comisión de un delito: es la mujer prestaría funciones en una empresa privado, algo prohibido para los funcionarios de ley.
En Bariloche también se detectó una posible irregularidad en el certificado de una empleada, también de la defensoría: le había dado una licencia por siete días y habría colocado un “1” adelante: es lo que se investiga.
La defensoría de Roca también fue foco de críticas semanas atrás por un festejo de cumpleaños que generó demoras en la atención y el acceso a la justicia: hay dos funcionarias investigadas.
Estricto control también en el Superior Tribunal de Justicia
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) fue uno de los primeros en patear el tablero con los controles y, rápidamente se sumó la Procuración que ya muestra algunos resultados.
La figura del auditor que depende del máximo tribunal se volvió relevante en los últimos años: tiene varios organismos intervenidos por atrasos en los plazos para resolver y sigue de cerca determinadas disfuncionalidades.
Como coletazo, el STJ impulsó el control sobre los certificados médicos, un tema que puso en agenda el gobernador Alberto Weretilneck. Ahora el gerente de Gestión Humana Ezequiel Vinci está a cargo de revisar un sinnúmero de certificados médicos para controlar la legalidad de esas licencias.
Desde el STJ se admitió que esperan esas conclusiones para avanzar sobre situaciones irregulares. El auditor Juan Manuel Montoto Guerrero también avanza en algunas disfuncionalidades. Hubo llamados de atención para un juez del fuero civil de Cipolletti por atrasos y algunos sumarios, aún en investigación.
En este contexto de controles estrictos, se advirtió un éxodo hacia el Poder Judicial de Neuquén: las fuentes consultadas admitieron que allá se trabaja y se exige menos y se paga más. Recientemente también se advirtió algunos pases a la Justicia Federal por la reforma procesal penal. El marco es el mismo: sueldos abultados y poca carga laboral.
Como contracara, esta semana el juez delegado del STJ Ricardo Apcarian se reunió con los jueces y juezas penales de Cipoletti y con la Oficina Judicial. Les mostró un reporte con los buenos resultados desde que se implementó la reforma procesal penal y los alentó a seguir trabajando para mejorar la prestación del servicio. No todas son pálidas.
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